JOH nombró 17 interventoras en ocho años: muchas expectativas y nulos resultados

TEGUCIGALPA, Honduras (Por: Asael Barahona) Desde que llegó al poder, la administración de Juan Orlando Hernández ha nombrado unas 65 personas en 17 juntas interventoras creadas con la finalidad de mejorar las entidades donde hubo actos de corrupción o falencias en su operatividad, sin embargo, hubo mucha expectativa con poco resultado. El 27 de enero de 2014, Hernández tomó posesión y nombrando en su primer periodo de gobierno nueve interventoras; de manera sagaz y sometiendo...
ABarahona21 junio, 2021

TEGUCIGALPA, Honduras

(Por: Asael Barahona) Desde que llegó al poder, la administración de Juan Orlando Hernández ha nombrado unas 65 personas en 17 juntas interventoras creadas con la finalidad de mejorar las entidades donde hubo actos de corrupción o falencias en su operatividad, sin embargo, hubo mucha expectativa con poco resultado.

El 27 de enero de 2014, Hernández tomó posesión y nombrando en su primer periodo de gobierno nueve interventoras; de manera sagaz y sometiendo las leyes del país, logró reelegirse en su cargo que finaliza el 27 de enero de 2022, y desde que inició su segundo mandado a la fecha ha promovido ocho juntas más.

Según estimaciones de El Pulso, bajo la actual administración, unas 42 personas entre funcionarios y miembros de la sociedad civil han sido parte de las comisiones, al igual que 13 miembros de las fuerzas de seguridad, seis médicos, dos políticos y dos líderes religiosos.

LAS INTERVENTORAS DE JOH. En este trabajo a profundidad, se hace una explicación cuántas interventoras operaron y siguen funcionando hasta la fecha y qué alcances han tenido en torno a su efectividad y si lograron enderezar los problemas que padecen las entidades que están bajo su control.

INTERVENTORA IHSS. A falta de 11 días para finalizar su mandato, el 16 de enero de 2014, el expresidente Porfirio Lobo nombró a la expresidenta del Poder Judicial Vilma Morales, German Leitzelar y el actuario Roberto Carlos Salinas como interventores y destituyó a Mario Zelaya de la dirección del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) quien fue condenado y guarda prisión en una unidad militar por el saqueo de más de siete mil millones de lempiras, de acuerdo a estimaciones preliminares.

Si bien Hernández no creó la interventora, desde que llegó al poder apuesta por la continuidad del triunvirato del IHSS pese a que el Consejo Económico y Social (CES) había anunciado que en 2020 desaparecería y daría paso a una Comisión Técnica conformada por el propio gobierno, empresarios y afiliados.

Sobre el tema, el secretario general de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), Joel Almendares, consideró que la interventora a la seguridad social es un fracaso y solo responde a las directrices de Hernández mientras el acceso a la salud sigue precarizado.

“Por todos lados quieren instalar interventoras y al final lo que hacen es ir a tapar cosas que le convengan al gobierno o a quienes han manejado la institución. La interventora no resultó en absolutamente nada y se vuelve una carga al país por estar pagando sendos sueldos”, refirió.

INTERVENTORA A LA URSAC. La segunda acción intervencionista promovida por Hernández fue en marzo de 2014 con el nombramiento de Rolando Bu, para reestructurar la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría de Gobernación, para garantizar el control adecuado de las diferentes oenegés existentes en el país.

INTERVENTORA IP. En mayo de 2014, Hernández ordenó la reestructuración del Instituto de la Propiedad (IP) por las constantes denuncias de actos de corrupción y debido a que la institución estaba siendo utilizada para el lavado de dinero.

Bajo el espejismo de un Consejo Consultivo, se nombró a Ebal Díaz quien en ese momento era asesor presidencial como titular acompañado por el influyente exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Ramón Espinoza y Henry Merriam, quienes recibían salarios que oscilaban entre 60 mil a 80 mil lempiras. Hasta la fecha, el presidente es quien designa los cargos del denominado Consejo Directivo.

INTERVENTORA A LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE. Dos meses después, se nombró la Comisión Interventora a la Dirección General de Transporte de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras (Soptravi) que duró dos años sin que se conociera los actos de corrupción por los cuales fue creada.

Era integrada por el entonces director general de carreteras, Yovanny Dubón Tróchez; el subcomisionado de policía, Eber Danilo Mejía; el teniente coronel Elías Antonio Melgar; y el general en condición de retiro y excomandante general del Ejército, Miguel Ángel García Padggett.

Con la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) se logró destapar ciertos casos de corrupción, lavado de dinero y adjudicaciones de contratos con estructuras vinculadas al narcotráfico y crimen organizado en la institución sin que hasta la fecha exista personas condenadas.

INTERVENTORA AL CATARINO RIVAS. En ese mismo mes, Hernández nombró la junta interventora al hospital Mario Catarino Rivas integrada por los médicos Lenín Palencia, Merlin Fernández y el coronel de las FF.AA. Saúl Carillo Velásquez.

Los motivos fueron las constantes denuncias por cobros para ingresar al centro asistencial, cobro por el uso de camillas, maltrato a pacientes y hasta robo de órganos.

INTERVENTORA Y LIQUIDACIÓN DEL IHNFA. En junio de ese año, se nombró la Junta Interventora del extinto Instituto Hondureño de la Niñez y la Infancia (Ihnfa) a cargo del actual canciller, Lisandro Rosales, en conjunto con Ebal Díaz y Karla Cueva quienes tenían el objetivo de liquidar la entidad y crear la Dirección Nacional de la Niñez, Infancia, Adolescencia y Familia (Dinaf).

El Ihnfa fue desaparecido por orden del gobernante debido a que el 92 por ciento de los recursos asignados a la niñez y juventud eran destinados para el pago de salarios de los empleados.

Hasta la fecha, no hay resultados concretos de la intervención y migración del Ihnfa a Dinaf.

INTERVENTORA A SENASA. En noviembre de 2015, tomó posesión la Junta Interventora nombrada por Hernández del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa) que tenía la finalidad evaluar, en un término de 60 días, todo el proceso operativo, administrativo y técnico en beneficio del rubro agropecuario del país.

La comisión fue integrada por Ricardo Paz, Carlos Ferrera Pagoada y Julio Aparicio, quien la presidió.

El Pulso indagó que durante 2016 hubo algunos incrementos de salario selectivos hasta de un 100 por ciento, específicamente en los departamentos de Recursos Humanos, Asesoría Legal y Administración, pasando de 30 mil a 60 mil lempiras.

Asimismo, los miembros de la Interventora recibían viáticos de diez mil lempiras, pese a que solo laboraban tres días a la semana.

COMISIÓN DEPURADORA DE LA POLICÍA. El 12 de abril de 2016, Hernández nombró la comisión depuradora de la Policía Nacional integrada por el pastor evangélico, Alberto Solórzano; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales y el actual director del del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera.

Entre 2016 a 2020, la interventora evaluó a 19 mil 500 miembros de la fuerza pública; cerca de seis mil 500 fueron depurados y un 33 por ciento de estos fueron remitidos al Ministerio Público para su judicialización.

En una revisión se pudo constatar que han habido pocos avances en torno a los procesos judiciales incoados contra exfuncionarios que podrían estar involucrados en ilícitos.

Analistas consideraron que el proceso de intervención de la Policía se constituyó en una suerte de purga, ya que echaron de sus cargos a voces que pudieron ser críticas a los intereses a los gobierno.

INTERVENTORA A BANADESA. En noviembre de 2016, se nombró la interventora al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) dirigida por Erasmo Portillo, Evasio Asensio, Elis Figueroa e Ivette Velásquez.

Su objetivo principal fue apostar por liquidar el organismo estatal debido a la situación financiera en que se encontraba, pues se alegó que la habían convertido en una piñata para políticos y grandes productores.

JUNTA INTERVENTORA UNA. En enero de 2017, Hernández juramentó a Marcial Solís, David Marín y Norma Martín como el triunvirato que intervino la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) en Olancho que estuvo al frente por alrededor de tres años.

En 2017 un informe de los interventores evidenció que la administración del también exsecretario de Educación Marlon Escoto tenía un agujero financiero de al menos 90 millones de lempiras; en la actualidad, el candidato presidencial fue absuelto de las acusaciones en su contra.

En mayo de 2019, los estudiantes del campus se tomaron las instalaciones por denuncias de corrupción en el otorgamiento de las becas por parte de las autoridades.

COMISIÓN PARA LA TRANSOFRMACIÓN DE LA SALUD. En agosto de 2018, Hernández creó la Comisión Especial para la Transformación del Sector Salud con la finalidad de “efectuar un cambio total y definitivo al sector salud”.

El grupo de trabajo fue encabezado por el entonces secretario de Salud, Octavio Sánchez, y en calidad de observadora la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Pilar Huerta.

También fue integrada por la exrectora Julieta Castellanos; el pastor evangélico, Oswaldo Canales; la actual secretaria Alba Consuelo Flores y las funcionarias Amanda Madrid, Blanca Munguía y Pamela Molina.

Sin pena ni gloria la comisión no tuvo trascendencia alguna y solo quedó en una falsa promesa la transformación al sistema sanitario, cabe señalar que se prometió un nuevo hospital público en Tegucigalpa que no se ha construido.

COMISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO. Un mes después, Hernández nombró la Comisión “de alto nivel” para Transformación del Sistema Educativo; la intervención fue integrada por la ex vicerrectora de la UNAH y exsecretaria de Educación Rutilia Calderón, la representante de las universidades privadas, Jance Carolina Fúnez; la exsubsecretaria de Educación Sandra Maribel Sánchez, el pastor Alberto Solórzano y el representante de la ASJ Carlos Hernández.

Asimismo, fue integrado por Ramón Salgado, académico y exrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), el técnico en materia educativa Gabriel Molina y los representantes de varios organismos internacionales Jorge Galeano y Cristian Loui.

Las comisiones para la transformación de la salud y educación resultaron un fracaso, su gestión fue promover la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación bajo los decretos ejecutivos PCM-026-2018 y PCM-027-2018.

Los gremios magisteriales despertaron con masivas protestas y nació la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación que doblegó al gobierno de Hernández y derogó los decretos lesivos que buscaba privatizar aún más la educación y salud del país.

INTERVENTORA AL HOSPITAL ESCUELA. En noviembre de 2018, Hernández nombró a la doctora cirujana, Carmen Suyapa Molina y el general en retiro, Edilberto Enrique Ortiz, como miembros de la Junta Interventora del Hospital Escuela luego que la intervención de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a manos de la exrectora, Julieta Castellanos fracasara.

La interventora continúa en la actualidad sin mostrar resultados algunos de una verdadera transformación al máximo centro asistencial del país que continúa en precariedad mientras los interventores reciben salarios que rondan los 90 mil lempiras.

JUNTA INTERVENTORA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO. En diciembre de 2019, el gobierno de Hernández, a través del entonces secretario de la presidencia, Ebal Díaz, ungió la intervención en el Instituto Nacional Penitenciario (INP) acompañado por autoridades de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Se nombró al coronel de infantería, José Gonzales Maradiaga como director; como subdirectores a los coroneles Marco Barahona Fuentes, Nery Arita Arita; como subdirectora a la comisionada de la policía, Willy Núñez Morales; secretario general, al coronel Pablo Herrera; como gerente administrativo al coronel José Miguel Mejía Medina y como inspector general al comisionado de la policía, Wilson Alvarenga Núñez.

Sin embargo, solo en 2021 al menos cinco hechos violentos se registraron al interior de las cárceles hondureñas dejaron cinco reclusos asesinados, extremo que demuestra el fracaso de la interventora en el control del sistema penitenciario.

INTERVENTORA A INVESTH. En julio de 2020, Hernández juramentó a la Comisión Interventora de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), quien asumiría el control de la institución por 180 días, no obstante, continúa en funciones al mando del militar José Ernesto Leva Bulnes en compañía de José Gustavo Boquín y José Alberto Benítez quien se desempeñaba como subsecretario de agricultura.

La intervención se dio a causa de la compra de siete hospitales móviles a un costo mayor a los mil 200 millones de lempiras por parte del entonces director del ente, Marco Bográn; los recintos fueron adquiridos para atender pacientes portadores de covid-19 sin que a la fecha actual estén en funcionamiento y, peor aún, que sean aptos para brindar asistencia a los infectados.

Cada uno de los interventores reciben un salario que ronda los 207 mil lempiras mensuales y con sus deducciones de ley reciben 167 mil 892 lempiras con 39 centavos.

JUNTA INTERVENTORA ENEE. En enero de 2020, Hernández determinó intervenir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), designando a la jefa del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, siendo acompañada por los economistas Gabriel Perdomo y Yanuario Hernández.

Actualmente continúa en funciones la interventora de la estatal, pero bajo la administración de Perdomo debido a que, cinco meses después, Guzmán se retiró por motivos de salud.

Al día de hoy, la intervención no ha tenido ningún resultado efectivo, por el contrario, la estatal mantiene una deuda superior a los siete mil millones de lempiras con los generadores térmicos y según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a julio de 2020, tomando en cuenta el activo, pasivo y el patrimonio, la ENEE tendría actualmente un valor de menos 39 centavos de lempiras.

INTERVENTORA DEL CATARINO RIVAS. En marzo de ese mismo año, se creó la Comisión Interventora al hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, presidida por el ingeniero Armando Ramírez junto al doctor Iván Torres con el objetivo de descentralizar la atención médica. La intervención permanece en la actualidad.

INTERVENTORA A LA INTERVENTORA DE IMPREMA. En septiembre de 2018, Hernández comisionó a Raúl Alberto Zavala, Alejandra María López y Franklyn Dannery Rodríguez de manera interina para tomar las riendas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterial (Inprema); sin resultado alguno y debido a “no haber cumplido con las metas esperadas”, Hernández mediante decreto ejecutivo PCM 44-2021 determinó intervenir la intervención del ente de previsión ahora con el falso espejismo de una “Comisión Especial de Transición y Normalización” que no es más que una junta interventora.

La comisión especial está encabezada por Elis Omar Figueroa Maradiaga, Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López quienes fueron nombrados con la intención de mejorar la situación financiera del instituto.

DERROCHE DE INTERVENTORAS

En el periodo de gobierno del expresidente José Manuel Zelaya, derrocado a mediados del 2009, se creó una junta interventora a la estatal eléctrica.

Bajo las riendas del expresidente Porfirio Lobo Sosa se establecieron 13 comisiones entre las cuales está: la intervención a Inprema, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Ihnfa, la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Hondutel, Ministerio Público y el IHSS.

Si bien Hernández, tras casi ocho años en el poder, ha nombrado 17 interventoras, su antecesor Lobo es el gobernante que más apostó por intervenir las instituciones estales en un periodo de cuatro años.

SIN RESULTADO ALGUNO Y BENEFICIO DE AMIGOS. Para el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Ismael Zepeda, los resultados de las comisiones han sido escasos o nulos y, en su mayoría, han servido para ocultar casos de corrupción.

“Las juntas interventoras son una clara evidencia que la institucionalidad no funciona y se supone que la intervención es para mejorar y uno puede concluir que muy difícil una de estas juntas interventoras ha hecho transformaciones sustanciales, es más, algunas terminan ocultando información y ampliar la agonía de las instituciones”, reprochó.

Además, es del criterio que se nombran personas bajo compadrazgo y no por capacidad y “prácticamente lo que hay es un ocultamiento de la realidad que están enfrentando las instituciones”.

De igual forma opina el vicepresidente del Poder Legislativo, Denis Castro Bobadilla, quien cuestiona que los resultados de las intervenciones solo es mayor burocracia que resuelve los problemas financieros de los ungidos en los cargos y no de las instituciones a las que son asignados.

“En términos generales lo que han hecho es crear más burocracia porque vemos los mismos problemas en las instituciones y es que no han dado respuesta a los proyectos y dinero que se les ha otorgado; no solucionan los problemas institucionales, solo solucionan sus problemas personales”, amonestó.

Bobadilla recrimina que en los puestos a interventores se “colocan amigos” y no gente capacitada para el cargo a desempeñar lo que se vuelve un “remiendo”.

¡NO MÁS INTERVENTORAS! Tanto Zepeda como Bobadilla coinciden que la solución radica en comisionar personas con los conocimientos que requiere el puesto en cada dependencia pública, de esa manera se fortalece la institucionalidad.

“Apostarle colocando gerentes, administradores, directores que respondan a mejorar la instancia y hacer cambios en la parte de abajo porque no se ven depuraciones, cambio en los empleados. Una institución pública muy difícil va a cambiar si no se reforma la parte técnica. Al final lo que se debe buscar es mantener las instituciones sin la necesidad de una intervención”, concluyó Zepeda.

Mientras que el parlamentario opositor increpa que el Estado no debe seguir perdiendo por malas administraciones por lo que recomendó que cada funcionario que maneja fondos públicos debería tener una fianza para “pagar con sus irresponsabilidades”.

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