(Por Gilberto Ríos Munguía) El fin de semana recién pasado se dieron cita en Siguatepeque, Comayagua, representantes de organizaciones sociales, dirigentes populares, delegados /as de patronatos y comunidades afectadas por las llamadas Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes) para dar continuidad al proceso de organización nacional de un Movimiento Cívico que luchará por la Defensa de la Soberanía, contrario a esta agresiva iniciativa del capital transnacional que pretende apoderarse del territorio hondureño, desconociendo la existencia del Estado.
La negativa de estos sectores no debe ser interpretada como el rechazo a la inversión extranjera o nacional, o como la “resistencia al desarrollo” o la posibilidad de nuevos empleos, como sugieren los voceros del régimen que defienden este modelo que modifica de manera radical la estructura fundamental del Estado de Honduras y que destruye su soberanía, sino como el producto de un análisis colectivo con base en estudios de especialistas que demuestran que el proyecto está plagado de mentiras y promesas de prosperidad que no tienen fundamentos.
Otras instituciones importantes se han manifestado contrarias a este proyecto, dejando establecidos principalmente los criterios jurídicos que revelan la ilegalidad de las Zedes y su falsedad en cuanto a ser un instrumento para el desarrollo de Honduras. Destacan los comunicados del Colegio de Abogados /as de Honduras y recientemente el de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que hace referencia a otros momentos de la historia nacional en la que se entregó soberanía o se debilitó al Estado frente a los poderes del capital transnacional, sin que esto significara el desarrollo integral o sostenible de la economía del país.
Por su parte las organizaciones populares enfrentan doce años de la aplicación de un modelo neoliberal más represivo, que ha asesinado, perseguido, encarcelado y exiliado a opositores políticos y dirigentes sociales, a la vez que ha comprado a otros, procurando siempre la desmovilización de la protesta, la desmoralización de las bases y la división de los sectores. Hablar con la razón no basta, hace falta hacer valer la opinión de las mayorías opositoras con fuerza, poniendo en práctica todos los mecanismos que demuestren su inconformidad con el actual orden de cosas.
Hoy también esa división se manifiesta en las dieciséis candidaturas presidenciales presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, quince de ellas en supuesta oposición pero con pocas posiciones diferenciadas en su propuesta política y su constitución doctrinaria. A excepción de Libertad y Refundación que aboga directamente por un gobierno de transición hacia la construcción de un Estado de Derecho, en el que se pueda desarrollar un modelo contrapuesto al neoliberalismo, de corte socialista y cuya principal herramienta sea la democracia participativa y protagónica del pueblo.
Otras expresiones partidarias, como el corrupto Partido Nacional, no reniegan del modelo económico y otras alzan la bandera de la anti corrupción como horizonte suficiente para salir del subdesarrollo, soslayando el problema estructural de la economía en su organización nacional y en su relación de dominación con la mayor parte del capital extranjero y su naturaleza extractivista y depredadora. Sumado a esto casi una decena de estas nuevas expresiones partidarias, que funcionan como satélites de los mismos intereses oligárquicos, enarbolan las ideas del cambio, pero con el compromiso oscuro de conservar esas relaciones perversas que mantienen al país en su situación actual.
La reconstrucción del tejido social se logra con mucho trabajo formativo, de reorganización y movilizándose para echar andar la conciencia de las masas populares. Las Zedes están logrando esa misma conciencia que en su momento despertó el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, o el masivo apoyo que se demostró en las manifestaciones contra la corrupción y la impunidad que impulsaron los indignados /as con las Antorchas, o la respuesta contundente del gremio médico y magisterial contra los Decretos de Presidencia y Consejo de Ministros (PCM) que intentaban liberalizar el mercado de la salud y la educación por mandato del FMI, por mencionar algunas acciones importantes de los años recientes. La esperanza renacerá nuevamente en las calles.
