TEGUCIGALPA, Honduras
La Superintendencia de las Alianzas Públicas y Privadas (SAPP) reafirmó la multimillonaria sanción económica al consorcio Empresa Energía Honduras (EEH) que asciende a los 46 millones 885 mil 592 dólares, por el incumplimiento del contrato de concesión que fue autorizado en 2016.
Asimismo, El Pulso confirmó que el gobierno de Juan Orlando Hernández procederá a intervenir la compañía de capital colombiano porque hasta el año quinto de la concesión no ha podido reducir las pérdidas técnicas (deficientes sistemas de distribución) y las no técnicas derivadas del hurto y robo de electricidad, viejas prácticas heredadas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Según pudo constatar este medio, la forma como pagará EEH la sanción administrativa será en 12 cuotas mensuales que ascienden a los tres millones 907 mil 132 dólares con seis centavos (93 millones 773 mil 137 lempiras con 40 centavos al cambio actual), por lo que tendrá que pagar un total de mil 125 millones 277 mil 650 lempiras con 79 centavos al Estado hondureño.
De hecho, el aporte deberá hacerse en dólares estadounidenses o su valor en lempiras al cambio que fije el Banco Central de Honduras, por lo que el proceso sancionatorio deberá ser notificado al representante legal del fiduciario, es decir al responsable de la operación del contrato que deberá vencer en 2023. No obstante, ante las controversias surgidas entre el gobierno y el consorcio que dirige Ricardo Roa Barragán, el convenio podría derogarse en un corto o mediano plazo.
EEH INCUMPLIÓ ACUERDOS. El superintendente de Concesiones, Leo Castellón, informó en un extenso oficio, con registro SAPP-289-2021 del 7 de mayo de 2021, al vicepresidente de fideicomisos de una entidad financiera, Rafael Medina, que «la superintendencia remite la certificación del acuerdo 01-RCAP-2021 mediante el cual se impone la penalización a la sociedad mercantil Empresa Energía Honduras por no cumplir metas de recuperación de pérdidas en la gestión de los años dos y tres».
Una fuente que contactó El Pulso informó que el banco fideicomitente (administrador del fideicomiso) tuvo conocimiento que el consorcio no cumplió con la promesa de reducción de pérdidas desde el primer año del contrato y no presentaron reportes a la SAPP a fin de entablar los correctivos a fin que el contrato se cumpliera a cabalidad.
El proveedor privado sí tenía conocimiento total de las consecuencias que generaría no cumplir las cláusulas; que aceptó de manera incondicional todos y cada uno de los acuerdos que fueron suscritos, por lo que está sujeto al pago de penas convencionales por el incumplimiento en las metas mínimas en la reducción de pérdidas.
«Si el derivado en el informe de reducción de pérdidas del año de servicio que ha transcurrido, el inversionista operador no cumple con los porcentajes de reducción de mínimos anuales, así como el acumulado anual de reducción de pérdidas será penalizado con un monto anual equivalente al 25 por ciento… Será divido en doce pagos y será descontado mensualmente por el fideicomiso al honorario fijo del inversionista operador», se señala en uno de los considerandos plasmados por la SAPP.
Otro de los puntos que derivó en la pesada penalización contra EEH es que «…al término del segundo año de operaciones, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2018, alcanzó un porcentaje total del 28 por ciento. Si este valor total se compara con similar valor al 30 de noviembre de 2017, esto es un 27.89 por ciento, resulta un incremento de pérdidas del 0.11 por ciento».
Acerca de las validaciones concluyentes, se explica que «EEH no cumplió con los indicadores de pérdidas estipulados en el contrato de prestaciones de servicios para el segundo año de operaciones. Las pérdidas de energía eléctrica en el segundo año de operaciones de EEH son dos mil 423 millones 564 mil 313.63 kilovatios/hora, equivalentes al 28 por ciento teniendo un incremento con respecto al primer año de 76 millones 030 mil 060.75 kilovatios que corresponden al 0.11 por ciento».
INFORME DEMOLEDOR. También se acordó con el ente supervisor de Energía Honduras, la empresa canadiense Manitoba Hydro International (MHI) que se procediera a determinar si el operador privado había incurrido en pérdidas o si logró ir cumpliendo con lo estipulado en el contrato de operación. No obstante, el informe sostiene que el operador «alcanzó un total de pérdidas remanentes al tercer año de servicios del 31.647 por ciento. Si este valor total de pérdidas remanentes de distribución, se compara con con similar valor al 30 de noviembre de 2018, esto es 28.002 por ciento resulta un incremento de pérdidas totales del 3.646 por ciento».
Otro documento, elaborado por la junta interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) contradice los datos de MHI al explicar que al tercer año de operaciones, las pérdidas que no pudo atender EEH subieron hasta los dos mil 882 millones 809 mil 061.61 kilovatios, «lo que corresponde a un 31.79 por ciento, teniendo un incremento respecto al segundo año de 459 millones 244 mil 748.28 kilovatios, que corresponde a un incremento del 3.79 por ciento».
En otras palabras, en inversionista operador «no cumplió con los objetivos mínimos de reducción de pérdidas totales de distribución en el año de servicios dos, por lo que, de acuerdo al contrato, se deberían aplicar las penalizaciones económicas establecidas en la cláusula quincuagésima sexta del contrato»; tampoco pudo cumplir las metas fijadas para el año tres, que había una meta fijada del tres por ciento, «por lo que también deberían de aplicarse las penalizaciones económicas».
En concreto, solo por no cumplir a satisfacción de la Superintendencia de Concesiones, se logró documentar que durante años dos y tres hubo un incremento de pérdidas de 76 y 67.5 millones de kilovatios hora, «las cuales multiplicados por la tarifa vigente promedio aplicada en el año dos al sector residencial ascienden a 12 millones 444 mil 151 dólares, en consecuencia… (tal monto no recuperado) constituye una penalización para el año dos corresponde imponer al inversionista operador».
Sobre el año tres, también se impuso una sanción de 34 millones 441 mil dólares porque EEH no logró recuperar alrededor de 166 millones 508 mil 658 kilovatios.
EEH BUSCA DESMARCARSE DE CONVENIO. El consorcio, por su parte, ha buscado desde enero anterior la manera de dar por concluido el contrato de concesión para la recuperación de pérdidas firmado hace unos cinco años, al tiempo que busca sustraer del Estado unos 700 millones de dólares en «obligaciones» que el gobierno debía cumplir.
Sobre el tema, el presidente de EEH, German Londoño Villegas, mandó hace varios meses una misiva al mandatario, en el cual plasmó que su empresa «no pudo desarrollar inicialmente las funciones de lectura de clientes, pues la base de datos nunca fue entregada a la ENEE por el contratista conocido por todos, y por ende la ENEE no pudo entregarla a EEH, obligando a ésta última a contratar primero con la sociedad Semeh, y posteriormente con la sociedad Enterprise Consulting, no permitiéndose desarrollar las funciones asignadas, generando extra costos por un valor aproximado de 25 millones de dólares».
Asimismo, señaló en la misiva que fue divulgada en medios que «que los accionistas de EEH se han visto obligados a interponer sendas acciones de defensa ante el Conadeh y Ministerio Público ante las múltiples amenazas contra la seguridad física de los Directores y Funcionarios superiores de EEH; asimismo debido al desequilibrio financiero que se ha generado por las contrapartes contractuales y el Gobierno Nacional en la ejecución del Contrato, se ha activado el mecanismo de solución de controversias previsto en el Contrato iniciando dándose inicio al proceso de arbitraje ante el Centro de Conciliación de la CCIT, asimismo; se ha interpuesto solicitud de diligencia preparatoria ante el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán».
Villegas Londoño mandó a decir que «estas actuaciones indebidas han sido puestas en conocimientos de la dirección superior del BID, BM, FMI, embajada de EEUU y BCIE, en Tegucigalpa». También envió fuertes quejas al presidente colombiano Iván Duque, el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros organismos, a fin de hacer prevalecer el derecho que, según él, beneficia a la empresa.
