TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público recurrió a la sentencia absolutoria a favor del exdirector del IHSS Mario Zelaya otorgado por un tribunal anticorrupción por varios delitos cometidos en el contexto del megafraude al organismo.
Se informó que Zelaya, quien purga condena en una unidad militar de la periferia sur de la capital, solo fue condenado por violación de los deberes de los funcionarios públicos, mientras que fue absuelto por cuatro causas relacionadas con malversación de caudales públicos y tres por violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación por los ocho delitos de corrupción restantes la interpuso la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) el 9 de mayo de 2019, luego que se estableció que Mario Zelaya, en un periodo de febrero a mayo de 2013, envió cuatro oficios a tres instituciones bancarias para que de las líneas de crédito del Seguro Social se pagaran a la empresa Destinos de Éxito la cantidad de cuatro millones 291 mil lempiras, según un comunicado del Ministerio Público.
Las investigaciones determinaron que estos pagos que se realizaron por orden del entonces director del IHSS, fueron realizadas sin ninguna documentación de respaldo y que, además, se realizaron por Zelaya y sus allegados viajes a EE.UU. y Brasil con fines particulares y turísticos.
Esto fue acreditado por el ente acusador a través de 36 medios probatorios evacuados durante un juicio oral y público celebrado en 2020, en una causa en la que también se acusó al exjefe de compras del IHSS, José Alberto Zelaya Guevara que aún está prófugo de la justicia por cuatro delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Además, el Ministerio Publico refirió en el comunicado de prensa que los involucrados recibieron cheques de las empresas Sumimed, Sarper y Compromed, y con las sumas de dinero incrementaron capitales propios.
En el caso de la operadora Destinos de Éxito, ésta compró una gran cantidad de pasajes aéreos a nombre de Mario Roberto Zelaya Rojas, su familia, funcionarios del IHSS y personas ajenas a la institución.
La secuencia de los hechos indica que, las órdenes para que se emitieran irregularmente estos pagos salieron de los despachos de la dirección general del IHSS y del departamento de Compras, Materiales y Suministros.
En total, mediante la suscripción fraudulenta de contratos de prestación de bienes y servicios entre el IHSS y empresas fachadas, la UNAF egistró y documentó la sustracción de casi 300 millones de lempiras de las arcas estatales, mecanismos ilícitos por los que ya guardan prisión y han sido condenados decenas de personas.
El recurso de casación deberá de resolverlo la Sala Penal del Poder Judicial.
