(Por: Gilberto Ríos Munguía) Las continuas protestas de los sectores populares organizados y de la ciudadanía en general en las ciudades más importantes de Colombia, tienen su antecedente inmediato en las movilizaciones que comenzaron en noviembre del año 2019 y que se vieron interrumpidas por la llegada de la pandemia del coronavirus a ese país en el primer trimestre del 2020, pero que aún con el virus activo y con una salud pública bastante desatendida, el pueblo colombiano retomó la lucha el 28 de abril del presente año, como respuesta a la intención de aplicar una reforma tributaria de carácter regresivo que afectaba principalmente a las clases más desposeídas y también a capas medias.
Según informes del Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo en todo el mundo. Como productor de materias primas principalmente, los conflictos sociales se mantuvieron por muchos años en el ámbito de lo rural, esto expresado a través de acciones reivindicativas de organizaciones campesinas, población originaria, pequeños y medianos productores y también por supuesto, por los movimientos guerrilleros que nacieron a finales de la década de 1950 como respuesta al cierre de los espacios democráticos en ese país.
A pesar de sus riquezas y la fuerza de su economía, mantiene un índice oficial de pobreza cercano al 40%, mientras que la extrema pobreza ronda el 13%, según funcionarios de Naciones Unidas destacados en esa nación de Sudamérica. A su vez, otras notas de prensa consultadas, en la última década las datos de concentración de la riqueza indican que el 1% de la población dispone del 40% de la riqueza total. Estas estadísticas son elocuentes en cuando a las distancias sociales e injusticias que el modelo neoliberal generan en el hermano país.
Honduras tiene una relación con Colombia que ha crecido considerablemente en la última década, debido a los acercamientos políticos y económicos entre gobiernos que son señalados por sus vínculos con el narcotráfico, crimen organizado y los poderes financieros. Según el sociólogo y analista político Tomás Andino, en los últimos tres años la inversión de capital colombiano supera la inversión norteamericana en el país, llegando a más de 158 millones de dólares para el período 2018 – 2020.
No obstante, la principal relación inicia con la financiación de la guerra contrainsurgente en Centro América que data de la década de los ochenta, con la que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y los gobiernos republicanos de Ronald Reagan, establecieron en la región la estructura de tráfico de cocaína, participando de manera activa y deliberada también en la creación de los carteles de Cali y Medellín, respaldada con operaciones encubiertas y el apoyo del Comando Sur. Casos como el Irán – Contras y el involucramiento directo del General Oliver North, dan testimonio de estos hechos. Curiosamente, la película del director Doug Liman, “Solo en América” (2017), cuyo actor protagónico es Tom Cruise, habla de esta historia abiertamente, sin causar demasiado revuelo en la opinión pública.
Esta relación entre carteles del narcotráfico, políticos, gobernantes y la tutela de los gobiernos de Estados Unidos, tuvo un episodio recordado por el movimiento popular hondureño con mucho dolor, ya que el 30 de enero de 2010, tres días después de haber asumido el poder como resultado de elecciones espurias, el presidente de facto Porfirio Lobo Sosa recibió al tristemente célebre presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, para firmar convenios de apoyo en seguridad, contrainsurgencia, inteligencia policial y militar. Al poco tiempo se produjeron asesinatos selectivos de líderes campesinos en el marco también de un despliegue militar en la zona que favoreció directamente a los terratenientes.
Al poco tiempo hablábamos de la colombianización del proceso hondureño, en el que los paralelismos en cuanto al método, mensaje y estrategia se correspondían con las políticas implementadas en el marco del famoso Plan Colombia que implementó políticas de extermino, tortura, desaparición forzada, persecución de líderes sociales y asesinatos políticos, etc. todos instrumentos del paramilitarismo o del Ejército, que de muchas maneras resultaba ser lo mismo.
Las movilizaciones y el Paro Nacional en Colombia continúan, gracias a la tenacidad del pueblo que se ha volcado a las calles y ahí permanece, a pesar de que se contabilizan más de 40 asesinatos políticos por violencia policial y más de 300 desaparecidos, algunos de ellos /as encontrados asesinados con signos de tortura, con la finalidad de desarrollar un estado de terror que ahogue la movilización en la desesperanza y el miedo, a lo que las organizaciones convocantes y la juventud principalmente, ha contestado con organización, labores de concientización, denuncia internacional y la adhesión de demandas populares otrora postergadas.
