¿De dónde viene la agenda de las reformas electorales?

TEGUCIGALPA, Honduras 

(Por: Nincy Perdomo) La semana anterior, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció, un mes después de que se celebraran las elecciones primarias, que las negociaciones en torno a la Ley Electoral estaban bastante avanzadas, y vaticinó la aprobación de la misma.

La reciente premura por la aprobación de este proyecto de ley es contrastante con la letargia –por tres años– de las comisiones legislativas asignadas para elaborar el dictamen de este decreto, y genera conjeturas respecto al cambio súbito en las actividades del congreso alrededor de este tema.

Es importante analizar el contexto en el que surge la necesidad de realizar reformas a la Ley Electoral. Desde las elecciones de 2013, los partidos que, entonces, recién se incorporaban al ruedo electoral –el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (Pac)– exigían una representación justa en el Tribunal Supremo Electoral, que entonces era el órgano único que administraba el proceso comicial.

No obstante, el período 2014-2018 transcurrió sin que se tomaran acciones concretas para reformar el proceso, con la excepción de la aprobación de la Ley de Política Limpia, la creación de la Unidad de Política Limpia –que no contó con una asignación presupuestaria suficiente para desarrollar sus funciones de manera óptima–, y el nombramiento de sus funcionarios, que se repartieron entre las tres bancadas mayoritarias del poder legislativo.

Sin embargo, la decisión de la junta directiva de no permitir acciones legislativas para la integración de los nuevos partidos políticos en el TSE fue un factor de importancia en la crisis postelectoral, que dejó más de veinte personas muertas en protestas.

Tras la crisis, actores políticos de relevancia en las elecciones de 2017 solicitaron la mediación de la Organización de las Naciones Unidas para comenzar un diálogo nacional con el fin de concretar las reformas recomendadas por las diferentes misiones de observación de la cooperación internacional.

Este diálogo contó con la participación del gobierno, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata y el excandidato presidencial Salvador Nasralla y se sostuvo por espacio de un año.

Si bien al final el diálogo no tuvo los resultados esperados y culminó en un punto muerto en las negociaciones sobre qué reformas serían priorizadas, al final el proceso tuvo dos efectos trascendentales: fue el detonador para que el Congreso Nacional asumiera un proceso paralelo de reformas, centrado en las tres bancadas mayoritarias del país, y, en segundo lugar, concretó la postura de la cooperación internacional sobre este tema: apoyar las reformas era necesario.

Sin embargo, en 2019 el proceso de reformas volvió a estancarse en las comisiones legislativas, y no fue sino hasta el segundo semestre del año que, debido a las presiones de la bancada de l Partido Libertad y Refundación se aprobó a toda velocidad una ley transitoria para la creación y nombramiento de los funcionarios que integrarían los nuevos órganos electorales –el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas, que aunque ya existía su órgano de dirección fue reformado para incluir la representación de un tercer partido.

Tras una selección acelerada de candidatos, fueron nombrados los y las funcionarias en septiembre de 2019, a escasos 18 meses de la celebración del proceso electoral primario, y siete meses antes de que la pandemia del covid-19 desencadenara una crisis sanitaria y socioeconómica en el país que afectó la ejecución de los cronogramas de las instituciones electorales.

El efecto de la falta de apoyo del Legislativo a las reformas desembocó en la realización de unos comicios primarias sin nueva Ley Electoral, sin leyes orgánicas para las instituciones electorales y con órganos que no estaban del todo preparados para realizarlas. Tal es el caso del Consejo Nacional Electoral, cuyo presupuesto para los comicios primarios fue aprobado hasta finales de enero pasado.

Encima de lo anterior, la falta de un estamento jurídico adaptado a las nuevas funciones del CNE provocó que sus actividades se articularan bajo la misma lógica que el antiguo TSE utilizaba, y se evidenciaron severas fallas logísticas y de coordinación en la nueva administración institucional.

En la parte externa, el CNE se vio bajo el ataque de varios actores políticos no necesariamente involucrados en el proceso primario, que, sumado a la tardanza en el procesamiento de los resultados, acrecentaron la desconfianza de la población en la institucionalidad.

Con el nombramiento en marzo de Ricardo Zúñiga como enviado especial del Departamento de Estado de EE.UU. para el Triángulo Norte, justo después del desarrollo de las elecciones primarias, el nuevo gobierno estadounidense comenzó la tarea de ejercer su política exterior en los tres países centroamericanos.

Esta política exterior se centra en dos aspectos fundamentales: abordar la migración irregular de centroamericanos a EE.UU. y combatir la corrupción y el narcotráfico, con el objetivo de crear un entorno que permita oportunidades de desarrollo social para inhibir la necesidad de las poblaciones de migrar. Dentro de esta agenda, existe un interés de que se aprueben las reformas electorales como un mecanismo para recuperar la confianza de la población hondureña en la institucionalidad.

Como parte de esos acercamientos, la semana anterior visitó el país el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, para sostener una serie de reuniones con actores de interés en este contexto.

El diplomático sostuvo, además, una mesa redonda con miembros de la prensa, de la que participó El Pulso, y donde informó sobre las actividades que desarrolló en el país.

“He dicho muy claramente a las autoridades (…) que las reformas electorales son sumamente importantes», expresó.

“Es importante para el pueblo de Honduras, pero también para EE.UU. La gente de Honduras tiene el derecho a un proceso que funcione bien, que sea libre, y que tenga resultados (que den confianza) al pueblo hondureño. El interés de EE.UU. es que (se hagan) las reformas electorales y que hayan condiciones para las elecciones en noviembre”.

Una de las reuniones que Ventrell sostuvo en el país fue con Oliva días antes de que el parlamentario presidente anunciara que la aprobación de la nueva ley electoral era inminente.

Sobre esta reunión, el alto funcionario norteamericano se pronunció: “Primero queremos las reformas. Quiero ser claro en que hay pocos días para hacerlo. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Congreso Nacional, fue una buena conversación. Son decisiones soberanas del gobierno hondureño, pero nosotros sí insistimos en que es importante que se hagan las reformas.

Comentó, además, sobre la postura de la comunidad internacional sobre el tema de las reformas electorales, en el sentido que “esto es algo que la comunidad internacional está pidiendo hace rato y ya es momento de hacerlo. La comunidad internacional quiere que haya observación, que mejore el sistema (electoral), y han tenido mucho tiempo para hacerlo.”

A pesar del anuncio de Oliva sobre la próxima aprobación de la Ley Electoral, en evidente consonancia con lo expresado por Ventrell, los acuerdos entre los partidos mayoritarios aún no alcanzan su concreción. Poco después de estas declaraciones, el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, expresó que de no haber acuerdos equitativos al respecto de la nueva legislación electoral, el Partido Liberal se vería en la posición de retirarse de las elecciones generales.

Esta semana, el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, convocó a las comisiones legislativas encargadas de estos temas, pero los representantes de Libre, los diputados y voceros de bancada Carlos Zelaya Rosales y Jorge Cálix, no atendieron la convocatoria, entre rumores de que la coordinación general de su partido ha expresado renuencia en continuar con las negociaciones.

No se puede, sin embargo, sustraer esta búsqueda de acuerdos del contexto más apremiante: la campaña electoral general. Los resultados de las elecciones primarias han dejado a dos de los partidos mayoritarios –Partido Liberal y Libre– buscando alianzas electorales, sin mucho éxito, mientras que en el Partido Nacional, Mauricio Oliva, luego del fracaso de su precandidatura presidencial, se encuentra atisbando un futuro de opciones limitadas después de sus últimos meses ocupando la silla presidencial del poder legislativo. Esta situación afectará lo que ocurra en torno a las reformas en las próximas semanas.

Lo que trasluce el estado actual es que no existen acuerdos sólidos entre las bancadas mayoritarias del Legislativo sobre la aprobación de la Ley Electoral. Más allá de ello, es importante recalcar que la forma en que se ha desarrollado el proceso de dictamen deja entrever que este decreto, de ser socializado y aprobado en los próximos días, no reflejaría una voluntad real de replantear el sistema electoral y solventar los impasses de las elecciones primarias, sino que simplemente produciría un documento en el que los tres partidos más grandes del país colocarán unas reglas del juego diseñadas exclusivamente con el fin de servir a los intereses de sus cúpulas.

Aunque la necesidad de una nueva Ley Electoral es muy real, la premura por su aprobación en el momento actual no obedece a una preocupación por modernizar los mecanismos democráticos de elección de gobierno, sino, más bien, al cumplimiento de una agenda exterior para tratar de legitimar el estado actual de nuestra política.

Acerca de El Pulso

Propósito: Somos un equipo de investigación periodística, que nace por la necesidad de generar un espacio que impulse la opinión sobre los temas torales de la política, economía y la cultura hondureña. Estamos comprometidos con el derecho que la gente tiene de estar verdaderamente informada.

Derechos Reservados 2019-2021