SAN SALVADOR, El Salvador
Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno salvadoreño de estar involucrados en casos de corrupción y narcotráfico.
“Se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes», señala un extracto del documento desclasificado el 4 de mayo y enviado al Congreso y Senado estadounidense el 17 de mayo.
Una de las funcionarias señaladas es Carolina Recinos, jefa del Gabinete del gobierno salvadoreño y miembro del círculo de confianza del presidente Nayib Bukele. De la funcionaria dice el texto que estaría “involucrada en significativos actos de corrupción durante su tiempo en el cargo”.
Asimismo, el exministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, separado de su cargo en marzo pasado, fue señalado por supuestos actos de corrupción al “otorgar a su propia empresa constructora varios contratos no sometidos a competencia para construir comisarías de policía, que caen bajo su responsabilidad, e inflar los costos de los materiales”.
Ni Recinos ni Rivas se han pronunciado por los señalamientos en su contra. Sin embargo, quien sí reaccionó fue el presidente Nayib Bukele, que no tardó en desacreditar el informe aduciendo que no involucra a funcionarios del partido de derecha ARENA.
«Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, ni uno solo», dijo. Y añadió: “Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos».
Los últimos dos presidentes salvadoreños llevados por ARENA al Ejecutivo fueron acusados de corrupción en El Salvador. Uno murió durante el proceso judicial. El otro continúa preso por malversar 300 millones de dólares.
Guillermo Gallegos, diputado y miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa también aparece en el informe. Gallegos fue miembro de ARENA y ahora es líder del partido GANA, institución que llevó al presidente Bukele a ganar las elecciones presidenciales en 2019.
Ante los señalamientos, el director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, espera que haya una investigación en El Salvador sobre lo señalado por Estados Unidos, y que además el gobierno salvadoreño tome “medidas correctivas” contra los funcionarios.
“Quedamos a la expectativa de si el gobierno de Estados Unidos va a tomar algunas medidas contra alguno de estos funcionarios, partiendo del hecho de que están involucrados en narcotráfico”, dijo a la Voz de América.
Estados Unidos y El Salvador no parecen gozar de la mejor relación diplomática estos meses. La toma de militares armados al Congreso en febrero de 2020 hizo que algunos congresistas le pidieran al mandatario salvadoreño compostura en sus acciones.
Las tensiones aumentaron luego de que la Asamblea Legislativa, con el 75 % de los diputados oficialistas, destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general.
Un hecho que Estados Unidos no aprueba por considerarlo fuera del marco legal, y que en contraparte, el gobierno salvadoreño defiende por considerar que el sistema Judicial estaba “al servicio de intereses particulares y no de la población”.
El reporte involucra también a José Luis Merino, exguerrillero, exviceministro de Inversión Extranjera y rostro visible de Alba Petróleos El Salvador, una empresa que comparte acciones con la estatal venezolana.
Merino también es líder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda que gobernó diez años el país centroamericano y que surgió de la extinta guerrilla salvadoreña.
Otro de los exfuncionarios señalados por el Departamento de Estado es Sigfrido Reyes, quien fue miembro del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa entre 2011 y 2012.
“Que el Departamento de Estado repita las infundadas y ridículas acusaciones del exfiscal Raúl Melara no las convierte en verdad. Con frecuencia le mienten al mundo, para conseguir sus objetivos. Hace 18 años juraban que Irak tenía armas de destrucción masiva. Todavía las están buscando”, dijo Reyes.
La autenticidad del informe de nombre «Anexo del reporte de 90 días de oficiales corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala transmitidos al Congreso en abril de 2021” fue confirmada por la embajada de Estados Unidos en El Salvador.
«Sin aludir a un reporte particular o personas específicas, la Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento que el informe fue remitido al Congreso. Es una comunicación privada, no pública, entre el Departamento de Estado y el Congreso», indicó a la Voz de América, Anaida Haas, portavoz de la embajada.
No está claro aún si el reporte hace parte de la lista Engel, la cual debe ser publicada por el Congreso estadounidense para dar a conocer los nombres de los funcionarios de la región involucrados en corrupción.
La legisladora Norma Torres publicó este martes 18 de mayo el informe que incluye, además, a seis funcionarios de Honduras y cinco de Guatemala. Los señalamientos de Departamento de Estado no involucran a los círculos del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Más bien son congresistas y ex miembros del gabinete de gobierno.
