TEGUCIGALPA, Honduras
La intervención del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) es una cortina de humo lanzada por las autoridades para neutralizar la lucha de los educadores que buscan reformar la ley del organismo, denunció el dirigente gremial Daniel Esponda.
Declaró que los problemas del ente son resultado de la normativa vigente desde 2012, ya que atenta contra los intereses de los docentes que cotizan y que no les permite tener considerables beneficios.
Consideró que es necesario atacar con contundencia los problemas financieros del Inprema a fin de volverla sostenible y cuyas aportaciones lleguen a todos los maestros.
Al respecto, dijo que tienen cinco propuestas para ser enviadas al Congreso el próximo 20 de mayo, entre ellas, la reducción a la edad de jubilación, el cambio en la fórmula en el cálculo de las pensiones y el pago en vida de los 60 salarios para los pensionados y jubilados.
Asimismo, destacó que entre las reformas a introducir al Legislativo es el cambio en la estructura administrativa del Inprema y la diversificación de actividades que generen beneficios monetarios.
Esponda señaló que si «el problema está en la ley, pues vamos por las reformas; desde que se crearon estos decretos se visualizaba que se iba a generar ingobernabilidad y estamos viendo los resultados».
«Hemos hecho intentos con el gobierno de reformar la ley y ellos mismos lo han impedido. Por eso vamos a través del Congreso para llevar a la práctica las modificaciones a la misma ya que en la actualidad se está afectando a unos 100 mil afiliados. Es decir que se está perjudicando a muchas familias», afirmó.
En cuanto al tema de regresar a las clases presenciales, el dirigente magisterial dejó claro que no hay condiciones, ya que solo en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas unas 15 tienen agua potable.
«Hemos planteado tres condicionantes para el retorno seguro a clases como la vacunación de la comunidad educativa, repotenciar la infraestructura de centros educativos y garantizar las medidas de bioseguridad», desglosó.
Por lo anterior, adicionó que ninguno de estos puntos deben de ser pagados para los padres de familia, «ni de nosotros los docentes, de lo contrario serían ejercicios irresponsables de pilotaje, como lo que ocurrió en la costa norte donde una docente que contagió a su familia y también a los estudiantes».
Recordó que Honduras es el único país de Centroamérica que tiene una ley exclusiva con un fondo para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las telefónicas aportan el 1 por ciento de sus ganancias a ese fondo.
«Y la pregunta es: ¿Dónde está ese dinero que existe desde 2014? Con esos recursos se proveería de internet a todos los niños del sistema educativo», dijo.
Mandó a preguntar al presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) David Matamoros Batson, dónde los recursos que son para beneficio de conectividad al internet ya que en 2019 hubo un reporte de ingresos superiores a los 600 millones de lempiras.
