TEGUCIGALPA, Honduras
Un grupo de congresistas de EE.UU., encabezados por Jan Schakowsky, buscan la aplicación de la Ley de DDHH y Anticorrupción de Honduras presentada por el senador demócrata Jeff Merkley. Con la aprobación de la iniciativa, se busca establecer un marco legal integral que combata la ola de corrupción, impunidad y las constantes violaciones a los DDHH en Honduras.
Se informó que la norma fue implementada bajo los cimientos de la ley de Derechos Humanos Berta Cáceres, asesinada en 2016 en la occidental ciudad de La Esperanza.
Los proponentes buscan imponer sanciones contra el presidente Juan Orlando Hernández, sobre sus supuestos nexos con el narcotráfico, así como la condena a cadena perpetua contra su hermano, el excongresista Tony Hernández, por lo que será planteado a la Cámara Baja.
Un elemento importante que motivó la creación de esta iniciativa de ley «es brindarle justicia al pueblo hondureño y sentar un precedente para que tanto Honduras, como otras naciones frenen la importación de las drogas».
Schakowsky aseveró que “EE.UU. debe dejar de financiar la corrupción desenfrenada y las violaciones de los derechos humanos que impiden que el pueblo hondureño construya un país seguro y próspero. Ya es hora de que EE.UU. deje en claro que el gobierno hondureño debe restaurar el Estado de Derecho y respetar y defender los derechos humanos”.
La parlamentaria mencionó que EE.UU. por años ha brindado su apoyo a Honduras en materia de seguridad, pero que bajo las actuales condiciones se deben imponer sanciones y responsabilizar a quienes se encuentran en el poder de la nación.
Por su parte, Merkley expuso que “se están cometiendo abusos perturbadores de los derechos humanos y corrupción flagrante en los niveles más altos del gobierno hondureño, cobrando vidas, silenciando a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos, y obligando a las familias a huir de la persecución y la violencia. No podemos quedarnos en silencio ante esta crisis”.
Esta iniciativa se presentó ante la cámara en febrero anterior. Asimismo, el parlamentario Hank Johnson indicó que “es imperativo que los militares y policías hondureños no reciban financiamiento de EE.UU. para seguir aterrorizando a su propio pueblo”.
Los 21 proponentes insistieron en penalizar al presidente Hernández y varios de sus funcionarios.
