En el marco del Día Internacional de la Tierra, celebrado este 22 de abril, y cuando a nivel global toman auge las preocupaciones sobre el impacto del cambio climático y la degradación del medioambiente, doce países latinoamericanos y del Caribe ponen en vigencia un acuerdo regional para proteger a los defensores del medioambiente, transparentar la información pública sobre el tema y ofrecer justicia para pueblos nativos.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, denominado, Acuerdo de Escazú, se convierte en el primer tratado ambiental que dispone de herramientas prácticas y específicas para la protección de personas defensoras del medioambiente, en especial en América Latina, considerada una de las regiones más peligrosas para los ambientalistas.
Tras la carpintería de este proyecto figura la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA).
¿Cómo surgió el acuerdo y qué países están involucrados?
Este plan de alcance regional fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 con el objetivo de garantizar el acceso y la participación plena y a la información sobre medioambiente, en especial de aquella que produce impactos negativos en las comunidades por obras extractivas de recursos naturales, entre otras, y sobre todo para proteger a los ambientalistas.
Este es el único acuerdo vinculante aunado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible; documento abierto a los 34 países de América Latina adscritos a la Organización de Estados Americanos, 25 de estos firmantes de la CIDH.
El período de firmas del Acuerdo de Escazú para implementarlo inició el 27 de septiembre de 2018 y concluyó el septiembre de 2020 en la sede de la ONU en Nueva York, la iniciativa alcanzó los requisitos para entrar en vigor según los estatus internos del documento disponible en inglés y español.
A la fecha son 24 los países signatarios de este Acuerdo y 12 de estos adheridos para ponerlo en práctica: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, y Uruguay aparecen en la lista oficial con dos categorías, fecha de firma y adhesión.
¿Cuáles son los objetivos y alcance del acuerdo?
Según el documento del acuerdo firmado por los países, el principal objetivo es de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en materia de medioambiente y derecho a la justicia para las comunidades impactadas.
«Ante la proliferación de conflictos ambientales y la persistente intimidación, acoso y detención de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú ofrece esperanza a innumerables personas y comunidades de la región que sufren de la contaminación y los impactos negativos de las industrias extractivas», explica el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana.
Para el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medioambiente, David Boyd, el Acuerdo de Escazú «proporciona a los ciudadanos y a las comunidades las herramientas necesarias para exigir que los Estados rindan cuenta de la protección y el cumplimiento de este derecho fundamental».
Los expertos regionales tienen la esperanza de que a la brevedad posible el resto de países del hemisferio occidental adopten el acuerdo como una salvaguarda para los pueblos indígenas y los defensores de derechos de medioambiente, colectivos que enfrentan niveles sin precedentes de violencia por su trabajo y convivencia con la tierra; también esperan que sirva de modelo para otras regiones con miras a mejorar la coordinación y acceso a justicia en la materia.
¿Cuáles son lo principales retos?
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este acuerdo llega en un momento delicado cuando el trabajo de defensa del medioambiente y las peticiones de justicia por la degradación ambiental han tocado picos de preocupación.
La misma CIDH ha ventilado en los últimos años numeras denuncias de acoso, persecución y hasta crímenes cometidos contra defensores del medioambiente en audiencias durante sus Períodos de Sesiones, de las que han surgido medidas cautelares que obligan a los estados a brindar protección especial a las víctimas.
“La defensa de los derechos humanos y del medioambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por los Estados. A pesar de la importancia de su labor, la CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos han observado los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región: actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias”, acotó el organismo en Washington para celebrar la entrada en vigencia del acuerdo.
Según sus propios registros, la CIDH apunta que en América Latina gran número de agresiones contra defensores del medioambiente se producen en el contexto de proyectos de minería, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales; los que son aprobados e implementados por algunos Estados sin el respeto debido al derecho a la consulta y consentimiento previo de las comunidades que al final sufren el impacto contra sus vidas.
La situación toma matices más graves cuando se trata de comunidades históricamente marginadas como pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, o zonas rurales acosadas también por la pobreza extrema en los países de la región.
La CIDH alerta también que durante la pandemia causada por COVID-19 ha disminuido el derecho de participación para personas defensoras de derechos humanos y de activistas por el medioambiente, así como el acceso efectivo a la información pública.
“Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas, y una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil puedan participar plenamente en la toma de decisiones”, puntualiza la CIDH.
¿Qué esperar?
Para los expertos que han trabajado en la elaboración de este instrumento de trascendencia regional en materia de medioambiente, este genera mucha esperanza al visualizarlo como un instrumento novedoso, y con capacidades de adaptarse con mucha facilidad a los entornos de cada país, todo para asegurar la debida participación de las partes involucradas en la problemática de medio ambiente.
También ven oportuno el instrumento para agilizar la cooperación y la movilización de recursos y esfuerzos para lograr mejores prácticas de gestión de los recursos naturales y protección del medioambiente a través de la transparencia.
“La rendición de cuentas y la participación de la comunidad, asegurar los derechos de las personas a la información, participación y el acceso a la justicia, el Acuerdo refleja un sólido enfoque de la gobernanza ambiental basado en los derechos”, explicó la ONU en un comunicado para anunciar también la entrada en vigencia del acuerdo.
Fuente:VOA
