La sentencia a cadena perpetua contra el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández -y otros a manos de EE.UU.- deja en evidencia que la institucionalidad hondureña colapsó hace muchos años, tanto así que terminamos confiando en la justicia de otros países a falta de credibilidad de nuestras instituciones cuyo papel debería ser la defensa de los intereses de la sociedad.
Si fuésemos serios, deberíamos tener honda vergüenza por permitir que otra nación haga el trabajo que nuestra clase dirigente ha impedido que se realice y nos vemos obligados a poner las barbas en remojo por las lecciones que nos dan desde el exterior de cómo se imparten las leyes sin importar su posición política y económica.
La condena contra el hermano del actual presidente nos debe poner a pensar en qué fallamos como sociedad, por qué terminamos confiando la institucionalidad a una bola de políticos amorales, apátridas y sinvergüenzas y qué deberíamos hacer para volver a creer en las instituciones como el Poder Judicial y Ministerio Público, ambas piedras fundamentales en hacer valer el imperio de la ley y una efectiva persecución del delito.
¿Por qué nuestra gente terminó confiando en la justicia de EE.UU. (aún con muchos y garrafales errores que van desde dictar pena de muerte a inocentes hasta permitir los caprichos de un expresidente necio) y no en la nuestra?
Podríamos gastar explicaciones magistrales que van desde la pérdida de identidad hasta asuntos netamente ideológicos, pero resulta que el denominador común de la población es que quieren justicia, sin importar quien la aplique.
A fin de cuentas, vale más un castigo ejemplar en una cárcel extranjera y no una cómoda condena en una prisión local, donde es tan fácil controlar voluntades con un poco de dinero.
Residir en el Triángulo Norte de Centroamérica se terminó convirtiendo hasta una maldición: Vivimos en Estados débiles con gobiernos corruptos, caldo de cultivo para que prime la corrupción e impunidad.
Un ejemplo de ello es que Honduras se colocó en 2020 en la posición seis de Centroamérica, 27 en América Latina y 116 en el mundo en Índice de Estado de derecho, el cual se consideró como uno de los más bajos, en buen español, en el país prevalece la ley del más fuerte. Apenas supera a la autoritaria Nicaragua cuyo poder lo detentan Daniel Ortega y Rosario Murillo, lo que demuestra la emergencia por reinventar la institucionalidad.
No obstante, ese proceso es largo, tedioso, doloroso y los llamados a hacerlos somos los mismos hondureños. Pero, ¿cómo hacerlo? Es necesario y un imperativo categórico refundar la educación, empoderar al ciudadano de sus derechos, pero también sus deberes, ser más proactivos respecto a la toma de decisiones de quienes dirigen el país, quitarnos de una vez por todas esa maldita costumbre de elegir a nuestros representantes a través de colores.
Pero también es urgente reimplantar en el subconsciente el sentimiento de identidad nacional, sentirnos orgullosamente hondureños, de seguir evitando conductas vendepatria o aferrarnos a otras potencias en el afán de defender intereses netamente personales.
Que el juicio y posterior condena contra Tony nos sirva como reflexión para comprender que no podemos seguir sometidos a los designios de otros en pro de sus intereses; es momento de desplazar a la actual clase política corrupta, apátrida y sanguinaria, es hora de que el mismo pueblo salve al pueblo y tome su propio destino, sin injerencias de ningún tipo, que las relaciones exteriores de Honduras se dirijan por el bien común y no aceptando imposiciones de cómo debemos vivir o comportarnos ante el mundo.
