TEGUCIGALPA, Honduras
(Por Brayan Flores) Honduras se convirtió en una Sociedad Anónima: Las concesiones entregadas a través de la fenecida Coalianza y los negocios turbios urdidos desde el Legislativo para beneficiar a grupos económicos lograron desarticular el Estado.
De pronto, sujetos anodinos se convirtieron de la noche a la mañana en potentados empresarios, con capacidad para influir en la política y los asuntos nacionales.
Altos dirigentes estatales recurren al chantaje para pedir una porción del pastel (coimas), diputados desconocidos afines al bipartidismo introducen iniciativas que terminan menoscabando el control de los escasos recursos naturales que tiene el país y campañas mediáticas que pretenden justificar la enajenación de los bienes que pertenecen a los hondureños.
Si bien las alianzas públicas y privadas -que en un país con reglas claras sería un factor de desarrollo- se han convertido en una jugosa fuente de corrupción y tráfico de influencias, donde políticos se transformaron en empresarios intocables, dueños de grandes compañías se han visto beneficiados con concesiones y cuyo nexo político les ha permitido tener un tren de vida que jamás lo habrían logrado sin esos contactos con la élite gobernante.
Una estimación hecha por el equipo periodístico de El Pulso revela que el Estado entregó en concesiones a privados alrededor de 35 mil 501 millones de lempiras o mil 469 millones de dólares, en unos 21 proyectos que van desde la construcción y mantenimiento de carreteras, hasta la edificación del Centro Cívico Gubernamental, pasando por el aeropuerto de Palmerola y la terminal de graneles de Puerto Cortés.
En estas obras que debieron ser financiadas en su totalidad por dinero público, fueron cedidas a personas y empresas que tienen afinidad con el partido de gobierno. En otras palabras, el mismo gobierno fomentó la privatización de infraestructura durante sus dos mandatos.
En términos comparativos, se entregó a privados alrededor del 12 por ciento del presupuesto general que para 2020 era de 282 mil millones de lempiras; algunas fueron canceladas lo que generó pérdidas para el Estado como el fallido corredor turístico que debía unir la Zona Metropolitana del Valle de Sula con el Atlántico. En la actualidad, Inversión Estratégica de Honduras (Investh) realiza la obra, pero sin avances significativos.
Especialistas dijeron a El Pulso que las condiciones que fueron entregados los proyectos de alianzas públicas y privadas fueron totalmente desfavorables, aunque coinciden que si bien no debe existir recelo hacia las concesiones, pero las actuales se pactaron por las malas negociaciones que entabló Coalianza, en el sentido que no se hicieron bajo rigurosos parámetros y en una evidente relación perder-perder, más el factor político partidario.
CONGRESO NACIONAL, VENTANILLA ÚNICA DEL GOBIERNO. De hecho, el Legislativo se transformó en una mera ventanilla única o agencia de trámites del Ejecutivo en cuanto a los contratos enviados para ser aprobados por la aplanadora nacionalista y su comparsa liberal.
Una investigación de este medio indica que de un 80 por ciento de los documentos analizados durante 2018-2019, alrededor del 31.9 por ciento fueron de infraestructura, mientras que el 26.8 correspondió a contratos de energía eléctrica y finanzas (relacionadas con endeudamiento externo) se situó en un 21.7 por ciento.
Una de las conclusiones a las que llegaron los periodistas de El Pulso, es que la mayoría de los contratos que envió el Ejecutivo a través de la secretaría del Congreso Nacional hay un fuerte componente en intereses comerciales sobre las obras que cedió el Estado o que edificó mediante empresas particulares que, a la postre, también tienen un fuerte nexo político con el actual gobierno.
Si bien no todos los tratos suscritos entre las autoridades y empresas privadas están relacionados con concesiones de obra pública, pero estas cifras manifiestan un claro interés por beneficiar a grupos económicos con dinero aportado por el público a través de los impuestos.
«En el caso de la categoría de infraestructura, ésta corresponde a contratos de prestación de servicios de
construcción y reparación del sistema vial e inmuebles por parte del Estado. La categoría de Energía corresponde a la aprobación de contratos de suministro y generación de energía. La categoría de Finanzas corresponde a la suscripción de contratos de préstamo con entidades financieras nacionales e internacionales», explica un informe elaborado por El Observatorio del Poder.
Los contratos que fueron introducidos en la cámara, al menos el 93 por ciento fueron introducidos por la secretaría en correspondencia girada por el secretario de la Presidencial Ebal Díaz.
El seis por ciento fue presentado por el primer secretario del Congreso Tomás Zambrano, el primer vicepresidente Antonio Rivera Callejas y el secretario alterno Gerardo Martínez. En tanto, una cifra menor al dos por ciento de estos proyectos fueron presentado por las diputadas nacionalistas Sara Ismela Medina Galo y Waleska Marlene Zelaya Portillo.
Otro de los periodos analizados (2018-2019) señala que la mayor parte de los contratos aprobados por el Congreso Nacional «tienen un alcance local» y cuyas características, así como la falta de controles efectivos en la rendición de cuentas, hay altas posibilidades que ocurran actos de corrupción.
En la evaluación, se logró establecer que una parte de los proyectos relacionados con obras públicas y ciertas concesiones fueron dictaminadas por comisiones especiales; una gran mayoría fueron delegadas de manera expresa por el titular del Legislativo Mauricio Oliva.
«Esto es relevante porque en muchos casos, las comisiones ordinarias no tienen representación de todos los partidos representados en el Legislativo, lo que abre espacios para favorecer intereses particulares en el dictamen de estos proyectos», detalla otro de los hallazgos de El Pulso, a partir de información producida por el Observatorio del Poder.
OLIVA PREFIERE LAS COMISIONES ESPECIALES. Al analizar cómo se distribuyeron los dictámenes en las comisiones, El Pulso logró hallar que la mayoría fueron entregadas a las especiales; en segundo lugar se encuentra la Comisión Ordinaria de de Energía, presidida por el diputado nacionalista Óscar Nájera y luego la Comisión de Transporte, Vivienda y Urbanismo, presidida por el parlamentario oficialista
Miguel Edgardo Martínez Pineda, hermano del Secretario Alterno Gerardo Tulio Martínez Pineda.
En concreto, de cada 100 contratos, 30 fueron derivados a las comisiones especiales, 24 a energía, 14 a transporte y vivienda, cinco a finanzas, seis a modernización, mientras que el resto fueron a parar a agricultura, presupuesto; de ese grupo, se pudo saber que alrededor de 16 no tienen una clara referencia sobre su aprobación.
Al trasluz de estos hallazgos, se demuestra que el Congreso Nacional se volvió en una mera agencia de trámites del Ejecutivo, pues al contar 61 diputados a su favor -a excepción del díscolo Jorge Lobo-, sumado una facción liberal afín a Hernández y los legisladores de los partidos bonsáis han hecho multimillonarios a sujetos anodinos o cuestionadas empresas multinacionales que no les interesa entregar en óptimas condiciones las obras concedidas a largo plazo.
BID ADVIRTIÓ PROBLEMAS POR MAL DISEÑO DE APP. En su momento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió que Honduras no contaba con sistemas sólidos y eficientes para «poder definir, identificar y medir los riesgos sistémicos y de proyectos, así como para asignar riesgos… Y la experiencia en la identificación y mitigación de riesgos en Honduras es muy superficial. Se requieren grandes mejoras en el desarrollo de normas técnicas, especialmente especificaciones de insumos.
El organismo financiero internacional precisó en un documento denominado Las implicaciones fiscales de las asociaciones público-privadas que «las mejores prácticas enfatizan la importancia de transferir los riesgos de
los proyectos a los socios, que pueden gestionarlos más eficientemente. Una apropiada asignación de riesgos es generalmente considerada como el aspecto clave para el éxito de las APP».
«La experiencia en la identificación y mitigación de riesgos en Honduras es muy superficial. Se requieren grandes mejoras en el desarrollo de normas técnicas, especialmente especificaciones de insumos. Para abordar estas preocupaciones, el gobierno, a través de la Sefin (Secretaría de Finanzas), debe trabajar para desarrollar contratos tipo y herramientas de VPD, incluidas las directrices para el desarrollo de una matriz de riesgo de APP y la realización de análisis de riesgo cuantitativo», expone otro de los apartados.
Aunque ya no existe Coalianza (solo quedó la Superitendencia de las Alianzas Públicas y Privadas – SAPP), el organismo financiero sugirió en aquel momento que Honduras debe guiarse por asignaciones de riesgos más sólidas y eficientes, «junto con el establecimiento de criterios de evaluación para la SEFIN y Coalianza, como los órganos encargados de la supervisión y evaluación de este tipo de asociaciones».
El BID también alertó que al aumentar la discrecionalidad en la Ley de las Alianzas Públicas y Privadas «también podría crear mayores oportunidades para la corrupción, por lo que ésta debe ejercerse en forma prudente y apoyada por mecanismos de protección de la integridad y la transparencia».
«Para que la ley sea efectiva, tendría que estar alineada con diversas leyes sectoriales, lo que no ocurre en la actualidad. No está claro cómo las diferentes legislaciones (los códigos presupuestarios y del uso del suelo, la ley de contrataciones públicas y la ley de competencia, entre otras) están alineadas con la ley de APP para crear un clima de inversión propicio para la participación del sector privado», detallaron los especialistas en su informe.
FINANZAS, CORRESPONSABLE DE CORRUPTELA EN LAS APP. La Secretaría de Finanzas, por su parte, también tiene una alta cuota de responsabilidad sobre los pocos resultados obtenidos por las APP, por su falta de capacidad para generar ingresos a favor del tesoro público, la impericia de sus técnicos para prever posibles fallos en el diseño de las alianzas y sus posibles soluciones, así como los pocos resultados en la relación precio-calidad y costo-beneficio.
Hace varios años se planteó que Finanzas debía tener las capacidades «el análisis de posibles pasivos contingentes implícitos en los proyectos, todavía no se ha creado la capacidad para examinar y autorizar propuestas de APP basadas en análisis costo-beneficio o en consideraciones de relación precio-calidad, ni para desarrollar metodologías para el análisis de posibles riesgos fiscales asociados, ni para proporcionar apoyo a las autoridades contratantes en la coordinación y desarrollo de los procesos en sus diferentes etapas.
Con relación al tema, el expresidente del Banco Central de Honduras y exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino, cuestionó la forma cómo las dos administraciones nacionalistas han provocado una fuga de recursos a favor de multinacionales y empresas locales que se han enriquecido con el dinero público.
«La falta de contratación de firmas de reconocido prestigio internacional (para auditorías), el hecho de utilizar recursos del Estado, el hecho de que los riesgos (en las concesiones) vayan bastante cargados en contra del Estado y no compartir riesgos, el aumento de costos, concesiones de 20 a 30 años, son toda una serie de errores», sostuvo.
El también integrante del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) cuestionó el cierre de Coalianza y en su lugar quedó la SAPP como la responsable de la concesión de las obras a manos privadas. «La prensa nacional no hace ningún tipo de análisis que es preguntarse por qué cerraron Coalianza, es la que negoció estos contratos», aseveró.
De un día para otro -dijo a este medio el economista- se cierra Coalianza y crean otra figura, «hacen una oficina de análisis público y privado en Finanzas pero a nadie le explican por qué fue esto; lo interesante es que siempre los responsables de firmar contratos estaban en Coalianza, lo cual quiere decir que en el futuro, cualquier acción legal que demuestre que estos contratos fueron hechos con abuso de autoridad, no cumpliendo con los deberes de los funcionarios».
El analista dejó claro que no está en contra de las concesiones a privados porque no son desfavorables si son negociados en condiciones favorables para los intereses del Estado, «lo que pasa es la forma cómo se negocian, cómo los gobiernos que hemos tenido en los últimos 11 han dado concesiones bajo los criterios que no cumplen con los requerimientos internacionales».
PALMEROLA, EJEMPLO DE CAPITALISMO DE COMPADRE. Un ejemplo de cómo el dinero público sirvió para enriquecer a unos cuantos se puede hallar en la construcción del controvertido aeropuerto de Palmerola, que estará situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, por lo que se convertirá en uno de los más retirados de una capital.
Una estimación hecha por el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) detalló que la concesión del aeropuerto de Palmerola inició con 163 millones de dólares (tres mil 927 millones 925 mil 100 lempiras), sumado la reconversión de la deuda con España y en la actualidad supera los 212 millones de dólares (cinco mil 108 millones 712 mil 400 lempiras), aunque el monto puede subir si se toma en cuenta la región donde se encuentra emplazada.
El principal beneficiario fue Lenir Alexander Pérez Solís, propietario de la concesionaria Palmerola International Airport (PIA), aliado con la operadora del aeródromo alemán de Múnich y está disfrutando de los beneficios que le dará la concesión por unos 35 años, más beneficios colaterales que terminarán perjudicando los intereses de los hondureños.
Al fin y al cabo, los diputados del Legislativo autorizaron 125 millones de dólares a favor de Pérez, mientras que el inversionista aportó 87 millones; los concesionarios terminarán agenciándose siete de cada 10 dólares que ingresen por la explotación comercial de un aeropuerto que será poco utilizado por las aerolíneas, dada su distancia con la capital.
Al respecto, un empresario fuertemente conectado con la élite política del país dijo en cierta ocasión que este tipo de negociaciones se enmarcan en una suerte de doctrina llamada capitalismo de compadre. En los países anglosajones se conoce el término como Crony Capitalism, la cual consiste -según Wikipedia- en una «supuestamente capitalista en que el éxito en los negocios depende de una estrecha relación entre los empresarios y los funcionarios gubernamentales».
