(Nota de redacción) Este trabajo preparado por el equipo periodístico de El Pulso proviene de una serie de verificaciones respecto al manejo del dinero autorizado por el Congreso de Honduras en el combate a la pandemia del nuevo coronavirus. Si bien hay cifras que confirman que se aprobaron hasta unos 100 mil millones de lempiras, pero la mayoría no han sido desembolsados en su totalidad. Sin embargo, hay pocos controles en cuanto al destino de los recursos para contener el patógeno que hasta el 9 de enero registraba alrededor de 126 mil positivos y unos tres mil 244 decesos. Honduras es cuestionada por ser una de las naciones que no ha impuesto restricciones en la movilidad humana para frenar la emergencia, sumado al colapso de la red hospitalaria lo que dejará graves problemas en el corto, mediano y largo plazo.
El gobierno de Juan Orlando Hernández dilapidó unos mil 598 millones de lempiras para atender la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, de acuerdo a una investigación de El Pulso.
En total, según datos analizados de los portales de transparencia, la actual administración no ha dado cuentas sobre el derroche de mil 598 millones 519 mil 937 lempiras con 46 centavos, es decir un 27 por ciento de los seis mil 021 millones 559 mil 155 que fueron autorizados por el Congreso Nacional de Honduras.
Las cifras independientes vienen a dejar en entredicho la postura oficial en cuanto al dinero obtenido para la contención del patógeno, en el sentido que se gestionó hasta 77 mil 319 millones de lempiras, de los cuales 62 mil 222 millones -80.47 por ciento- proceden de endeudamiento, mientras que los restantes 14 mil 852 millones fueron aportados por los contribuyentes y cuyos resultados no son convincentes.
En cambio, la Secretaría de Finanzas, detalló por su parte que del total de los fondos aprobados por el Legislativo, apenas se obtuvieron alrededor de mil 887 millones de dólares (45 mil 459 millones 717 mil lempiras al cambio actual), no obstante, solo se ha recibido hasta el momento 788 millones lo que equivale a 19 mil 542 millones de lempiras.
Hasta el pasado 29 de diciembre, el sitio de transparencia respecto al covid-19, se precisa que hubo una ejecución presupuestaria de alrededor de seis mil 021 millones de lempiras.
Del total derrochado por el gobierno para atender la crisis sanitaria, Inversión Estratégica de Honduras (Investh) gastó el 35.25 por ciento de los fondos con dos mil 115 millones 121 mil 207 lempiras con tres centavos; la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) 154 millones 486 mil 138 con 20 centavos y la Secretaría de Salud 527 millones 526 mil 433 con 77 centavos.
También se detalla que la Secretaría de Trabajo ejecutó 696 millones 332 mil 362 con 40 centavos; el programa Código Verde 358 millones 776 mil 840 lempiras con 80 centavos; la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de los programas Honduras Solidaria y transferencias municipales movilizó 978 millones 744 mil, mientras que Banasupro utilizó alrededor de 659 millones 526 mil 140 con 030 centavos.
El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), por su parte gastó 170 millones; el Hospital Escuela 69 millones 740 mil nueve lempiras con diez centavos; la Secretaría de Relaciones Exteriores ocho millones 400 mil; Senprende 264 millones 951 mil 165 con 80 centavos y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 15 millones 989 mil 576 con 80 centavos.
En este apartado, se evidencia que el gobierno prefirió apostar por ramos, si bien de importancia, en vez de fortalecer el sistema sanitario nacional, en proporción del presupuesto asignado y ejecutado.
TOCAR BASE CON LA CORRUPCIÓN. Cinco meses después de la declaración de pandemia, el miércoles 15 de julio, se filtraba el audio de la entonces secretaria de finanzas Rocío Tábora, conociéndose así que el propio gobernante otorgaba a Marco Bográn, en ese entonces titular de Investh, realizar las compras pertinentes a la atención de la pandemia del coronavirus.
“Querido Marco, acabo de hablar con el presidente, yo le propuse que todo lo que son insumos y temas vinculados a salud todo, todo, todo lo compremos a través de Investh y me dijo que sí…”, detalla parte del audio.
Estimaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dan cuenta que en Honduras, durante el último quinquenio, el costo de la corrupción fue de unos 146 mil millones de lempiras. En 2014 se dilapidaron 37 mil millones, mientras que en 2015 ascendió a 45 mil millones y en 2018 superó los 64 mil millones.
La emergencia sanitaria, en consecuencia, sirvió como estrategia para que muchos funcionarios del Estado despilfarraran los fondos públicos siendo Investh, Copeco y la Secretaría de Salud las principales instancias estatales con denuncias por actos de corrupción y las que obtuvieron una nota negativa del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
INVESTH, LA PUNTA DEL ICEBERG… En marzo de 2020, Investh adquirió siete hospitales móviles con valor de un mil 159 millones 346 mil 755 dólares con 50 centavos, cabe recordar que, según denuncia hecha por el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, estos fueron sobrevalorados en 12 millones de dólares cada uno.
Para abril se adquirió alrededor de 250 mil pruebas PCR a un costo unitario de 185 lempiras con 98 centavos lo que representó un valor total de 46 millones 493 mil 855 con 98 centavos de lempira, además el cargo por el flete superó un millón 428 mil 425 con 16 centavos.
Sin embargo, Investh no adquirió los kits necesarios para la aplicación de las pruebas por lo que estas se echaron a perder.
También se adquirieron 450 ventiladores mecánicos- 150 a la empresa Dimex Médica SA de CV y el resto a Sistemas e Imágenes Médicas S de R L (Simedic)- a un precio unitario de 760 mil 626 con 57 centavos, sumando un total de 342 millones 281 mil 956 lempiras con 50 centavos más 290 ventiladores mecánicos a un costo de 231 millones 197 mil 391 con 60 centavos.
Cabe señalar que el hijo del especialista biomédico de Investh se desempeñó como empleado de Dimex, empresa que modificó el plazo de entrega originalmente ofrecido pasando a una entrega escalonada durante siete meses, desde junio hasta diciembre de 2020.
Sumado al costo de los hospitales móviles que, según la jefa de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, Suyapa Sosa, son “chatarras móviles”, Investh realizó contratos leoninos con empresas que se encargarían de la mejora en los planteles donde están instalados los recintos médicos beneficiando en varios de estos al tío de Bográn y a una compañía relacionada con el intermediario guatemalteco Axel López, gerente de la cuestionada Elmed Medical Systems.
La empresa Maquinaria y Proyectos SA de CV (Mypsa), recibió diez millones de lempiras al igual que la sociedad mercantil denominada Servicios de Mantenimiento y Construcción SA de CV (Sermaco) bajo el contrato CD-DCPV-114-2020; a Sermaco también se le asignó el contrato CD-DCPV-124-2020 por un monto de ocho millones para la construcción de plantel y apoyo en la instalación de hospital de aislamiento móvil de 51 camas en Danlí y el contrato CD-DCPV-126-2020, por un monto de cinco millones para la construcción de plantel en Santa Rosa de Copán.
Un último contrato fue otorgado a la empresa Constructora Serrano Colindres y Asociados S de R L (Cosco), para la construcción del plantel e instalación del recinto de La Ceiba. Este contrato asciende a un valor de ocho millones de lempiras.
Además, Cosco tiene a cargo la puesta en operación del móvil de Juticalpa y su valor asciende a los ocho millones.
Posteriormente se adjudicó una compra de 290 ventiladores mecánicos más a un costo de 231 millones 197 mil 391 lempiras con 60 centavos y más 200 a la empresa Grupo Técnico S de R L y 90 a Dimex.
Una vez nombrada la Comisión Interventora de Investh, se determinó desestimar la compra de 124 ventiladores para una devolución a favor del Estado de unos tres millones de dólares y lo mismo pasó con Dimex Médica y el Grupo Técnico, según informes.
En este periodo analizado por periodistas de El Pulso, solo se entregaron 393 ventiladores mecánicos a diversos hospitales públicos los cuales, en su mayoría, no están siendo utilizados o se encuentran en bodegas porque no se han logrado instalar o no cuentan con un stock de repuestos o hacen falta algunas piezas clave para ser puestas en operación.
Otra de las compras cobijadas de corrupción fue la adquisición de 474 mil mascarillas KN95 a la empresa GyT, vinculada a la diputada nacionalista Waleska Zelaya a un costo de 107 lempiras con 25 centavos, por un valor total de 50 millones 836 mil 500 lempiras.
EL RUBÍ DE LA IMPUNIDAD. La administración de Gabriel Rubí al frente de Copeco estuvo plagada de denuncias de corrupción, entre estas, la adquisición de un hospital de carpa puesto en la norteña localidad de Villanueva, a un costo de 223 mil 353 dólares con 16 centavos lo que representa 5.5 millones de lempiras.
Se constató por parte de entes de investigación del país que no hubo un informe técnico ni médico sobre la compra de las carpas que conforman el recinto, de igual forma no existe un contrato de compra solo la factura que pagó Copeco.
Al cierre de este informe, la Fiscalía de Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), no ha emitido requerimiento fiscal contra Rubí, quien aspira a reelegirse por el llamado movimiento sin cabeza que lidera el edil capitalinio Nasry Asfura.
Otra de las compras que salpicaron a funcionarios del Estado fue la adquisición de gel antibacterial a un costo de 4.2 millones de lempiras a la empresa Vida Inversiones SA de CV (Vinsa) por medio de Miguel Flores, esposo de la actual comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Pyubani Williams.
Copeco favoreció a Vinsa bajo el contrato 011-2020 para suministrar 105 mil envases de cuatro onzas de gel antibacterial y cinco mil 913 envases de un galón. Cabe señalar que la empresa no había sido integrada al proyecto de fabricación de gel de manos para el gobierno de Honduras anunciado por el propio Juan Orlando Hernández a inicios de la emergencia.
Del 15 de marzo, desde que se declaró la pandemia, a finales de mayo de 2020, Copeco adquirió un millón 263 mil 50 mascarillas entre KN95 y N95 a un costo de 67 millones 500 mil lempiras a las empresas Inversiones y Equipos S de R L, Comercializadora y Consultora de Productos de Exportación e Importación, Marquise SA, Alexander Logistic Trading S de R L, Almacenes Xtra y City Comercial.
Por su parte, el CNA denunció que las mascarillas fueron sobrevaloradas en un 40 y hasta un 50 por ciento sobre el costo real y en su mayoría.
Copeco también compró 400 termómetros infrarrojos a la empresa del esposo de la diputada Zelaya por un monto de 597 mil 320 lempiras.
En la compra de medicamentos que conforman el tratamiento Maíz (Microdacyn, Azitromicina, Ivermectina y Cinc) el organismo de protección civil benefició a las empresas Mediteksa Pharma y la Corporación Industrial Farmacéutica SA de CV, sin embargo, se evidenció una sobrevaloración de 970 mil 002 lempiras.
Al igual que Investh, Copeco compró 130 ventiladores mecánicos a la empresa International Medical Equipmentt LLC, con sede en Nueva York, a un costo de 47.5 millones de lempiras, no obstante, a estos les faltaba circuitos, válvulas y accesorios y no eran los necesarios para atender pacientes portadores de la letal enfermedad.
La Secretaría de Salud adquirió 800 mil mascarillas descartables por un monto unitario de siete lempiras con 50 centavos lo que representó un valor de seis millones de lempiras y dos millones 094 mil guantes descartables a un costo total de seis millones 177 mil 300 lempiras, pero se evidenció por parte del CNA una sobrevaloración de tres millones 653 mil 960 lempiras.
GUATEMALTECO MINTIÓ Y USURPÓ NOMBRES PARA VENDER CHATARRA. El equipo de El Pulso halló que Elmed Medical Systems del guatemalteco Áxel López falsificó los registros de SDI Global LLC quienes sí fabrican hospitales de aislamiento y a quienes se les había cotizado los mismos pero nunca se realizó la compra.
Los datos que falsificó López son los registros de SDI Global en la Regulaciones del tráfico internacional de armas (International Traffic in Arms Regulations ITAR, por sus siglas en inglés) en EE.UU. y el Código de Entidad Comercial y Gubernamental de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (North Atlantic Treaty Organization, NCage, por sus siglas en inglés).
Se pudo comprobar que SDI Global tiene dos registros oficiales ante el ITAR, el primero es K-6972, que lo acredita como un bróker, o agente registrado y el otro M40733 que lo autoriza como exportador, mismos que aparecen en sus publicaciones comerciales, junto al registro NCAGE TH663, como se puede ver en la imagen.
En las órdenes de compra que envió López como director de Elmed aparecen los mismos números, El Pulso tiene los documentos que acreditan a SDI Global como el propietario de tales registros por lo que el uso por parte de López es una falsificación.
Siguiendo el modelo de corrupción, en ningún momento López, a través de Elmed Medical Systems, fungió como proveedora, si no que su rol se limitó a servir como un intermediario en la negociación entre el Estado y el verdadero proveedor que fue Vertisa -una empresa proveedora de equipo de recolección de desechos hospitalarios-, reveló el CNA.
El valor total pagado por Investh ascendió a quince millones novecientos mil dólares y el costo real de mercado según la factura de Vertisa es por un monto de cinco millones de dólares.
Se evidenció que la comisión por intermediación ganada por la empresa de López suma un total de diez millones novecientos mil dólares lo que representa el 69 por ciento del monto total desembolsado por Investh lo que equivale a una sobrevaloración de 820 millones 504 mil 939 lempiras con diez centavos en la compra de los siete hospitales móviles.
“Desde el sector privado consideramos recursos gastados muy mal utilizados, no tuvieron que haberse desarrollado esas compras de la manera como se hizo. Ha sido la peor compra que ha hecho el Estado de Honduras con muy malas prácticas administrativas”, cuestionó el gerente legal del Cohep, Gustavo Solórzano.
En compras de equipo médico realizas por Investh, Copeco y Salud se estima que la sobrevaloración supera los 373 millones 671 mil 298 lempiras con 40 centavos mientras que en equipo de protección personal 61 millones 20 mil 274 con 55 centavos.
La sobrevaloración en medicamento supera los dos millones 808 mil 702 lempiras y en mejoras en infraestructura 232 mil 767 lempiras.
En pruebas para detectar el virus se estima una pérdida de 342 millones 281 mil 956 con 50 centavos.
Indicadores del Fosdeh detallan que la sobrevaloración en las adquisiciones de Investh y Copeco representan el 57 por ciento del presupuesto ejecutado hasta septiembre, con ese dinero, según la Fosdeh, se pudo haber pagado el salario de todo el personal médico del país por cuatro meses, invertir 35 millones en cada hospital público y la compra de 6 millones 740 mil 747 kits de pruebas para detectar el covid-19.
“Ningún país del mundo tenía un manual o un instructivo que le indicara cómo reaccionar ante la pandemia ni en los primeros días, ni en los siguientes 30 días y ni siquiera en los 60 días. Todo lo hemos hecho con la transparencia debida, de buena fe y con responsabilidad ciudadana…”, dijo en su momento Bográn para justificar las cuestionadas compras que realizó bajo el mando de Investh.
LÍNEAS SIN CONCLUIR. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate a la Corrupción (Fetccop) inició con líneas de investigación por los numerosos actos de corrupción denunciados en medio de la pandemia.
Hasta el momento existen 16 líneas investigativas a lo interno del ente acusador que vinculan a funcionarios, diputados y empresas que se aprovecharon de la crisis sanitaria para hacer negocios con el Estado provocando un perjuicio económico.
La principal línea de investigación es contra Marco Bográn por la compra de los hospitales móviles quienes también han sido llamados a brindar declaraciones son la exsecretaria de finanzas, Rocío Tábora, los miembros del Consejo Consultivo de ese órgano como Martha Doblado y la titular de Salud, Alba Consuelo Flores.
Las demás líneas de investigación se centran en el vencimiento de las 250 mil exámenes PCR, compras sobrevaloradas de pruebas rápidas, insumos y equipos de bioseguridad, ventiladores mecánicos y la contratación de consultorías en beneficio de familiares de Bográn.
Por la venta de 247 mil mascarillas a precios sobrevalorados son investigados la parlamentaria nacionalista Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos.
De Copeco descienden cuatro líneas de investigación involucrando de manera directa al extitular Rubí, por la compra de insumos y equipos sobrevalorados y por mal uso de un lote de ventiladores mecánicos donados por Corea del Sur.
Dos líneas más surgen en la instalación y posterior abandono del hospital móvil de Villanueva; donaciones del programa Honduras Solidaria a la alcaldía de El Progreso.
Desde el 23 de junio se conoció que el Ministerio Público estaba en marcha con las líneas de investigación pero hasta la fecha solo Bográn y quien entonces fungía como administrador de Investh, Alex Moraes, han sido llevados ante los tribunales de justicia acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios por los casos del despilfarro en viáticos a empleados de ese ente para pasar cuarentena luego de haber visitado el departamento de Cortés y la adjudicación de cinco contratos a favor de la empresa Consultores en Ingeniería SA de CV (Cinsa) del tío de Bográn, Napoleón Bográn Idiáquez. Actualmente ambos se defienden en libertad.
