La bancada del social demócrata, Pinu advirtió sobre la pretensión de una facción del Legislativo que tendría nexos con la delincuencia organizada ya que busca en las próximas sesiones reformar algunos artículos de la Ley de Privación de Dominio, con el objeto de blindar a altos funcionarios del gobierno que se vean envueltos en ilícitos.
Según el partido opositor, se pretende reformar el artículo 3, a fin que no se confisquen los bienes familiares a aquellos sospechosos de la comisión de ilegalidades, por lo que no pasarían al control de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En consecuencia, el sujeto podrá seguir gozando de sus bienes, con la salvedad que no podrán ser vendidos o transferidos a terceros por mandato judicial.
Con la puesta en marcha de este proyecto de ley, se busca derogar el artículo 7, que en su último párrafo tipifica que “en el caso de que poseedor del bien o ganancia esté sometido a proceso penal el fallo no alterará la medida»; el Pinu consideró que se busca es darle impunidad a los sospechosos de delitos por delincuencia organizada.
Acerca de la eliminación del artículo 4, respecto a la caución para los terceros por buena fe, se aplica que pueden alegar el desconocimiento de la actividad a la que se dedica la persona a la que le prestó su nombre e impediría que el juez pueda implementar las salvaguardas que faculta la ley.
Asimismo, calificaron como un absurdo que se le delegue a un juez el peritaje de un bien sujeto a aseguramiento, cuando él mismo debería ser practicado por otras autoridades.
Los legisladores del Pinu, aseguraron que no permitirán que se les dé impunidad a los testaferros.
En cuanto al artículo 10 de la Ley de Privación de Dominio sobre las medidas de apelación y amparo, se pretende que las causas sean declaradas como cosa juzgada, con el propósito que no se presenten recursos para revertir los fallos, lo que beneficiaría a quienes son perseguidos por delincuencia organizada.
