A pesar que el gobierno de Juan Orlando Hernández se comprometió al alivio de deuda para los afectados por la pandemia del coronavirus, la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Ethel Deras, decidió no prorrogar el periodo de alivio de deudas para los afectados por el covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota.
Se suponía que tal medida tenía como propósito coadyuvar a la rehabilitación y reactivación de la economía nacional, sin embargo, con la medida tomada por Deras y los demás comisionados, se frustra una de las promesas del mandatario en el sentido que se buscaba un alivio respecto al pago de préstamos al sistema financiero nacional.
En teoría, la reestructuración de deudas facilitaría a los beneficiarios en dos plazos: el primero de ellos de junio a diciembre de 2020 y el segundo de diciembre a marzo anterior, producto que la movilización de personas era restringida.
Una de las promesas de las autoridades fue dinamizar la economía a fin de reactivar las empresas y recuperar los empleos, pero con la negativa de proseguir con el alivio de deudas se teme que algunas actividades se paralicen.
“Es una lástima, debe tomarse en consideración la situación del país en materia económica y dar un periodo adicional para lograr mejores condiciones de restructuración de las políticas crediticias”, dijo el gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera.
En cambio, Deras y sus comisionados justificaron que la reactivación económica de Honduras, requiere soluciones de problemas estructurales y por esta razón dijeron no a las medidas.
Argumentaron que las instituciones bancarias deben poner en una balanza cuál es la realidad económica y financiera de muchos de sus clientes ya que en muchos casos ha cambiado y los esfuerzos de reestructuración de sus deudas no han sido concretizados.
Los créditos con mayores porcentajes pendientes de reorganización corresponden a los personales por consumo que ascienden a un 55 por ciento, por uso de tarjetas de crédito el 91 por ciento y en financiamiento a vivienda en un 76 por ciento.
La explicación que apunta la CNBS es que se adjudican estos porcentajes altos porque las personas naturales son más propensas a que factores externos hagan tambalear su compromiso bancario y no puedan tener la capacidad de pagar en tiempo y forma lo adeudado.
Esto se refleja en las acciones de los hondureños que tienen préstamos que no han podido ser cancelados por el coronavirus y fenómenos naturales de Eta e Iota; el ratio de incumplimiento (RI) pasó de 5.47 por ciento en febrero de 2020 al 5.75 por ciento en febrero de 2021.
En el caso de la viviendas, pasó de un 2.01 por ciento a un 2.61 por ciento en el mismo período de tiempo.
La CNBS reiteró que bajo el estudio y opinión de los órganos técnicos de este ente, no ampliará en un tercer momento la reestructuración de las obligaciones crediticias de los deudores afectados por tales fenómenos.
Por lo tanto, trasladaron a la banca nacional la responsabilidad de reestructurar deudas si ellos lo estiman conveniente y que hayan sido emitidos por ese organismo.
