Como “un ataque para inhabilitarlo” califican aseguramiento de bienes contra Asfura

Apoderados legales y afines al alcalde capitalino Nasry Asfura calificaron el aseguramiento de bienes en su contra por el Ministerio Público como un “ataque” con el aparente objetivo de inhabilitarlo como candidato presidencial por el Partido Nacional. El pasado martes 23 de marzo, la fiscalía del país, a través de la operación denominada Omega III, procedió a asegurarle a Asfura tres condominios en un edificio de la ciudad, las sociedades mercantiles Cementos SA y Decoesa,...
ABarahona24 marzo, 2021

Apoderados legales y afines al alcalde capitalino Nasry Asfura calificaron el aseguramiento de bienes en su contra por el Ministerio Público como un “ataque” con el aparente objetivo de inhabilitarlo como candidato presidencial por el Partido Nacional.

El pasado martes 23 de marzo, la fiscalía del país, a través de la operación denominada Omega III, procedió a asegurarle a Asfura tres condominios en un edificio de la ciudad, las sociedades mercantiles Cementos SA y Decoesa, así como siete propiedades más.

Su apoderado legal, Dagoberto Aspra, catalogó la acción como “un arma” para dañar la imagen del cliente quien obtuvo una aplastante victoria en los comicios primarios del pasado domingo 14 de marzo contra el titular del Legislativo, Mauricio Oliva.

“Nosotros hemos tenido conocimiento de la acción de aseguramiento de bienes; ellos coincidentemente la presentaron una semana antes de las elecciones internas. Creo que la intención de ellos era afectar la imagen del alcalde pero no les funcionó”, dijo.

Añadió que el Ministerio Público presentó la solicitud de aseguramiento de bienes en dos ocasiones siendo rechazada y “ya por descarte, la tercera vez, se los aceptaron porque iban (con el método) ensayo-error, arreglando las solicitudes”.

Por su parte, Reynado Ekónomo, actual diputado y precandidato a repetir en el cargo bajo la corriente de Asfura, aseguró que el lado oscuro está apostando por sacar de la contienda política al edil a quien señaló como un “fenómeno electoral”.

“Una vez más el lado oscuro, no sé de dónde, no sé si de afuera de adentro, está queriendo lograr su objetivo queriendo detener al fenómeno electoral en este momento. Jamás un candidato a la presidencia ha sacado los votos que sacó Papi a la orden y hoy viendo esa fuerza electoral sucede esto que nadie se los cree”, externó.

El parlamentario recalcó que no lograrán detener a Asfura, al argüir que están con la “frente en alto” y “tienen el respaldo de Dios y del pueblo hondureño”.

«No sé si el objetivo es inhabilitarlo -prosiguió Ekónomo-, tratar de desprestigiarlo pero no lo van a lograr. El pueblo hondureño sabe distinguir entre las personas que han actuado de manera correcta y los que se han aprovechado de este país. Papi a la orden está con la frente en alto, así como en Partido Nacional y todo el nacionalismo”.

Rechazó la acusación contra su candidato y reaccionó molesto, ya que afirma que “Asfura es un hombre transparente y de trabajo”.

UFERCO NO TOMA EN CUENTA SI SON CANDIDATOS O PRECANDIDATOS. Ante las declaraciones de la defensa de Asfura, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, respondió y aclaró que ellos no toman en cuenta si el acusado es precandidato o candidato a cargo de elección popular.

“Nosotros no tomamos en cuenta si el imputado es precandidato a candidato, nosotros investigamos hechos y si salen involucrados los llevamos al juez”, expresó.

Además, reprochó que la jueza que recibió la solicitud de incautación de bienes contra Asfura “le tiembla la mano” debido que solo decretó asegurarlos.

“Aquí no se tiene voluntad de afrontar la corrupción porque hay algunos jueces que les tiembla la mano cuando se trata de personas involucradas en actos de corrupción”, concluyó.

La Uferco acusa a Asfura de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero en perjuicio de la administración pública por suponerlo responsable del desvío de más de 28 millones de lempiras de las arcas municipales.

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