El analista y abogado Josué Murillo declaró hoy que en el caso del joven universitario Kevin Solórzano se evidencia que la justicia no ha sido efectiva y pronta.
Consideró que el problema radica en la parte estructural del sistema judicial hondureño.
Hay muchos otros casos que están durmiendo el sueño de los justos, lo cual ha sido una constante en los últimos 20 años en el país, exteriorizó el profesional del derecho.
Y es que los cuestionamientos al aparato de impartición de justicia surgen a raíz del recurso de casación interpuesto por la defensa de Solórzano para desestimar la condena interpuesta de 33 años contra el sindicado en el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure, ocurrido en noviembre de 2014 en la periferia oriental de Tegucigalpa.
Se prevé que mañana miércoles el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decida si concede la libertad a Solórzano o se mantiene firme la pena.
Independientemente cual sea la resolución, la misma será inapelable, es decir que ya no habrá espacio para interponer recursos por las partes en pugna.
Bajo las pruebas presentadas en el caso en Solorzano quedan una serie de interrogantes, por lo que dejan en tela de juicio cuáles son los parámetros que determinan la inocencia o culpabilidad del universitario.
Al respecto, Murillo precisó que la cooperación internacional en conjunto con la sociedad civil y los medios de comunicación masivos, han aunado esfuerzos para que se den las reformas necesarias para volver más eficiente las leyes y se logre implementar la justicia en Honduras.
Consideró que el caso del universitario -quien permanece recluido en el penal de Támara-, debería llevar a la reflexión a los órganos contralores de justicia en el país porque no establecieron los medios de pruebas contundentes par determinar la culpabilidad del imputado.
«Reconocer la valentía de un gobierno de transición en temas urgentes como la justicia y la ley es necesaria. Es que se garantice un mecanismo para la selección de quienes van a ocupar las altas magistraturas del Estado, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, del Ministerio Público y que estos sean elegidos sobre la base en la meritocracia, en la capacidad y en la integridad», expresó Murillo.
Por su parte, el experto en DDHH y analista Joaquín Mejía, dijo que debe primar el principio de presunción de inocencia, pues esta figura debe acompañar al ciudadano hasta que se le dicte sentencia y al no haber pruebas determinantes que establezcan la culpabilidad, se debe emitir una sentencia absolutoria.
Al respecto, dijo que cualquier duda debería ser explicada por la Sala Penal del Poder Judicial, ya que a través de una sentencia indicó que se vulneró el principio de presunción de inocencia que está consagrado en el artículo 89 de la Constitución.
Mejía planteó las siguientes interrogantes: «¿Quién va reparar el daño moral y material de esta injusticia manteniendo a Kevin Solórzano en prisión desde 2014? ¿Quién va a reparar a la familia del abogado Eguigure por la falta de una investigación imparcial y efectiva para determinar la identidad de los verdaderos responsables del asesinato de su familiar?.
Expuso que el caso de Solórzano es una evidencia más del fracaso de las tímidas reformas implementadas en el aparato judicial.
