Corrupción y desaciertos resaltan tras cumplirse un año de la pandemia del covid-19

Tras cumplirse un año que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia por covid-19 y que las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaran los primeros casos del virus en Honduras, los desaciertos y denuncias por actos de corrupción son la carta de presentación del gobierno. Hasta hoy, Honduras registra 175 mil 442 casos de coronavirus y cuatro mil 301 personas víctimas de la enfermedad. Las críticas de los expertos en materia de...
ABarahona11 marzo, 2021

Tras cumplirse un año que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara pandemia por covid-19 y que las autoridades de la Secretaría de Salud confirmaran los primeros casos del virus en Honduras, los desaciertos y denuncias por actos de corrupción son la carta de presentación del gobierno.

Hasta hoy, Honduras registra 175 mil 442 casos de coronavirus y cuatro mil 301 personas víctimas de la enfermedad.

Las críticas de los expertos en materia de salud, desde un inicio de la crisis sanitaria, han sido que el gobierno ha demostrado ser incapaz de procesar al día más de tres mil pruebas PCR por lo que nunca se tuvo un conocimiento real de los casos.

Además, se llegó a acumular por parte del Laboratorio Nacional de Virología más de seis mil pruebas, entregando diagnósticos tan atrasados que los pacientes ya se habían recuperado de la enfermedad o habían fallecido.

La titular de salud, Alba Consuelo Flores, prometió para mayo de 2020 que se instalarían laboratorios para procesar las PCR en Copán, La Ceiba y otras ciudades, pero no se ha cumplido pese a contar con las instalaciones.

Otra promesa que no se cumplió fue cuando el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, prometió la construcción de 90 centros de salud y apenas hay dos de siete hospitales móviles adquiridos por la administración de Marco Bográn al frente de Inversión Estratégica de Honduras (Investh) están funcionando a medias.

En referencia a lo anterior, el 18 de marzo de 2020, Bográn realizó la compra de los recintos sanitarios a un costo superior a los mil 120 millones de lempiras, pero a siete días de cumplirse un año de su compra “de buena fe” solo dos están habilitados funcionando a medias y sin la unidad de cuidados intensivos e intermedios que se prometió tendrían.

Una investigación realizada por el equipo periodístico de El Pulso confirmó que el gobierno de Hernández dilapidó mil 598 millones 519 mil 937 lempiras con 46 centavos, es decir. un 27 por ciento de los seis mil 021 millones 559 mil 155 que fueron autorizados por el Congreso Nacional de Honduras.

En abril de ese mismo año se adquirió alrededor de 250 mil pruebas PCR a un costo unitario de 185 lempiras con 98 centavos lo que representó un valor total de 46 millones 493 mil 855 con 98 centavos de lempira, además el cargo por el flete superó un millón 428 mil 425 con 16 centavos.

Investh no adquirió los kits necesarios para la aplicación de las pruebas y estas se echaron a perder.

También el gobierno solo entregó 393 ventiladores mecánicos a diversos hospitales públicos los cuales, en su mayoría, no están siendo utilizados o se encuentran en bodegas porque no se han logrado instalar o no son los indicados para atender pacientes portadores de la enfermedad.

“Tenemos hospitales colapsados, pacientes que esperan por un cupo en la Cuidados Intensivos y un personal de salud que sigue muriendo, a estas alturas, en donde la mayoría de los países ya los tienen inmunizados, pero en Honduras las autoridades continúan tomando decisiones no apegadas al bien común y al respeto a la vida”, dijo la presidenta de los médicos Suyapa Figueroa.

Cabe señalar también que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado alrededor de 13 informes denominados Corrupción en tiempos de covid-19 en los cuales ha revelado compras sobrevaloradas de mascarillas, medicamentos, contratos leoninos con empresas vinculadas en corrupción, así como funcionarios.

Todavía el Ministerio Público mantiene 27 líneas de investigación en medio de la pandemia sin llevar a cabo los requerimientos fiscales contra los involucrados manteniendo en la impunidad los actos de corrupción en tiempos de coronavirus.

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