El Departamento de Estado de EE.UU. presentó el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR) en el que alaba las acciones del gobierno de Honduras en la lucha contra el narcotráfico, aunque reconoció que la corrupción y la falta de recursos siguen siendo una adversidad.
En su primer informe bajo la administración de Joe Biden, el gobierno de Juan Orlando Hernández salió beneficiado luego de las diversas vinculaciones con el narcotráfico y las decenas de solicitudes que exigen su renuncia al cargo como presidente.
“El Gobierno de Honduras no alienta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni participa en el blanqueo del producto de la venta de drogas ilícitas. Sin embargo, la corrupción sigue estando muy extendida en el ámbito público”, cita parte del informe.
El informe ensalza la “voluntad política” del gobierno de Hernández para combatir el narcotráfico en coordinación con las agencias estadounidenses.
Se resalta que, durante los primeros nueve meses de 2020, las incautaciones de cocaína superaron las de 2019, aunque reconocen que aún quedan desafíos importantes para prohibir las drogas ilícitas que transitan por el territorio nacional vía terrestre, aérea y marítima.
Gracias a Dios es el departamento mayormente vulnerable al tráfico de drogas debido a su lejanía, infraestructura limitada y mínima presencia gubernamental. Por lo tanto, las organizaciones criminales aprovechan estas fragilidades, que dificultan las labores para contrarrestar el crimen, detalla el extenso documento.
“Las autoridades hondureñas son cada vez más activas en la erradicación. En 2020, el gobierno hondureño enfatizó la ubicación y erradicación de estos campos en la parte noreste del país”, dice el Departamento de Estado en su informe.
También señalan que, en octubre de 2020, la Policía Nacional de Honduras erradicó aproximadamente 40 hectáreas de plantaciones de coca y fuerzas de seguridad ubicaron y destruyeron 11 laboratorios para procesar la cocaína.
“Durante los primeros nueve meses de 2020, las autoridades hondureñas afirmaron haber incautado aproximadamente 2,8 toneladas métricas de cocaína, superando las 2,2 incautadas durante el año calendario 2019. El Ministerio de Defensa informó de la destrucción de 34 pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transbordo de estupefacientes durante los primeros diez meses de 2020”, puntualiza.
LA IMPERANTE CORRUPCIÓN Y LA FALTA DE RECURSOS PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO. “La corrupción, combinada con bajas tasas de recaudación de impuestos, priva a las agencias de aplicación de la ley, tribunales, y fiscales de los recursos necesarios para detener el flujo de drogas y llevar a los traficantes ante la justicia”, cuestiona el informe.
Pese a que el nuevo Código Penal reduce las penas en delitos de tráfico de drogas y contrario al informe de la fiscalía federal de Nueva York que exponen que el gobierno hondureño ha retrasado diversas solicitudes de extradición, el documento respalda la cooperación con las extradiciones y con “justicia penal”.
“Mediante la cooperación con EE.UU. y otros socios internacionales, el gobierno hondureño ha establecido una infraestructura básica de justicia penal para investigar, interceptar y enjuiciar a los narcotraficantes. Honduras tiene un tratado de extradición con EE.UU. y coopera activamente en las extradiciones”, indica el documento.
Además, el Departamento de Estado cuestiona que los fondos del conocido tasón de seguridad “son insuficientes para satisfacer las importantes necesidades de personal, equipo y tecnología, especialmente en áreas remotas del país. Los ya limitados recursos se vieron afectados aún más por la pandemia del covid-19”.
Asimismo, justifica la negligencia del gobierno debido a que se compraron costosos buques pero estos no están activos en operaciones antidrogas debido a falta de combustible. “El gobierno hondureño no tiene la capacidad de rastrear todos los vuelos sospechosos de tráfico de drogas sin apoyo externo”, señalan.
En el tema de corrupción, el documento asegura que “las autoridades hondureñas identifican y llevan ante la justicia a policías, militares y otros funcionarios gubernamentales involucrados en el tráfico de drogas y delitos conexos”.
En cambio, cuestionan que, en enero de 2020, el gobierno desarticuló el mandato de la Misión de Apoyo a la Lucha Contra Corrupción e impunidad en Honduras (MACCIH) creando una nueva unidad anticorrupción, pero los recursos limitados continúan siendo un desafío y “Uferco aún no ha presentado ningún caso a los tribunales”.
Concluyen que el gobierno hondureño creará un Centro de Operaciones Conjuntas Interagenciales para coordinar operaciones de interdicción e intercambio de información entre el ejército, la policía e investigadores y fiscales.
“EE.UU. continúa ayudando a desarrollar la capacidad de las instituciones hondureñas para combatir las drogas tráfico, corrupción y otros asuntos criminales. Mientras las autoridades hondureñas demostraron capacidad mejorada para realizar interdicciones en 2020, combustible insuficiente, brechas de comando y control, falta de confianza entre las instituciones militares y de aplicación de la ley, y comunicaciones limitadas las capacidades obstaculizan el progreso adicional. De manera similar, los activos limitados de la aviación obstaculizan capacidades para localizar y rastrear el tráfico aéreo y marítimo en su territorio”, cierra el contrariado informe.
