Los hondureños pagaron desde 2001 mediante sus impuestos unas pesadas e ineficientes elecciones primarias que, en conjunto con las generales, les terminaron costando alrededor de seis mil 225 millones 988 mil 717 lempiras con 26 centavos, según datos que recabó El Pulso.
En un ejercicio de periodismo de datos, se destaca que las primarias e internas (de donde salen los candidatos que irán a las generales y la escogencia de las autoridades partidarias) desde hace dos décadas se fue elevando de los 124 millones hasta los mil 760 millones.
En concreto, hubo un incremento del mil 419.35 por ciento. Esta cantidad debería ser financiada por los partidos en virtud de la cantidad de dinero que suelen recibir por concepto de deuda política.
Todos las formaciones políticas llegaron a recibir entre 2013 y 2017 un total de 328 millones 594 mil 701 lempiras de fondos aportados por los contribuyentes para financiar la denominada deuda política que a la postre se convirtió en un lucrativo negocio para quienes dirigen las fuerzas mayoritarias y los denominados partidos de maletín que no llegan a obtener las suficientes marcas para colocar a sus cuadros en cargos públicos.
Los hondureños pagaron en 2006 alrededor de 50 millones de lempiras; en 2009 hubo una aprobación de 46 millones, por lo que el monto se situó en 96 millones 574 mil 494 con 15 centavos; en 2013 alcanzó los 130 millones 988 mil 812 con 11 centavos y en 2017 los partidos se incrementaron situación que ensanchó el pago de deuda a 297 millones 763 mil 890 lempiras.
TRIPARTIDISMO, NEGOCIO REDONDO PARA POCOS. Los entes partidarios que sí recibieron jugosas sumas de dinero fueron el Nacional con 100 millones 851 mil 383 lempiras, Libertad y Refundación (Libre) alcanzó como segunda fuerza 75 millones 762 mil 965 y el Partido Liberal 58 millones 454 mil 429 lempiras.
Estas cantidades no son devueltas en la implementación de elecciones para la escogencia de autoridades partidarias y elección de cargos públicos (planilla presidencial, diputaciones y corporaciones municipales) lo que permite que sus dirigentes se conviertan en una clase privilegiada, al trasluz del financiamiento que realizan los contribuyentes mediante pesados impuestos.
En su momento, el reconocido constitucionalista Juan Carlos Barrientos sugirió que los partidos deberían financiar parte de los comicios primarios, en virtud que el país atraviesa una grave crisis económica y sanitaria producto del covid-19.
Hay que añadirle que al Tribunal de Justicia Electoral se le dio una partida de 90.3 millones y 824.3 millones para el Registro Nacional de las Personas (RNP), lo que representa una erogación superior a los dos mil 146 millones de lempiras.
En cambio, el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que el Estado se encuentra en la obligación de financiar la contienda electoral primaria e interna como el primer paso para elegir a las autoridades que dirigirán el destino del país.
Para el también miembro de la Comisión Técnica Electoral del Congreso Nacional, dar el financiamiento para la realización de las elecciones primarias e internas “es lógico y justo porque de ahí sale el presidente, los diputados y todas las corporaciones municipales”.
Este año se realizará el octavo proceso electoral primario y onceavo general; “las primarias representaron un gran avance y uno de los pocos méritos que tiene el proceso electoral de Honduras porque ningún país en América Latina la tiene como nosotros”, arguyó Aguilar.
Caso contrario expone Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras (NIMD, en inglés), quien afirma a El Pulso que el costo de la política en el país es exageradamente alto frente a la utilidad y entre más partidos más gastos representa para los hondureños.
“¿Valdría la pena pagarles sus elecciones internas y primarias si ya les financiamos con la deuda política?, básicamente les estamos pagando dos veces por participar y para que participen. la ayuda financiera debería traducirse en partidos más trasparentes sin embargo no lo hemos logrado por que ya lo hemos probado, aunque no judicializado, que los partidos usan dinero del narcotráfico, de la corrupción y del lavado de activos”, reprochó.
Según León, hay 128 diputados que ganan 128 mil lempiras al mes lo que equivale a 788 millones 480 mil lempiras en salarios durante los cuatro años que son electos pero la gran interrogante es si esto se traduce a un rédito a la ciudadanía, sin contar las municipalidades y la presidencia.
MINORITARIOS RECIBIERON MUCHO DINERO POR POCOS VOTOS. Para Aguilar, la deuda política es un negocio de los partidos minoritarios que sin duda alguna salen beneficiados porque obtienen un promedio de tres mil a seis mil votos y por esos pocos votos se les pagaron más de nueve millones.
La nueva Ley Electoral, pendiente de aprobar por el Legislativo, detalla que ahora solamente se le pagará a cada entidad política por voto obtenido porque eso se ha vuelto un negocio hecho que rechazan y catalogan antidemocrático.
Con la nueva normativa los partidos minoritarios hubieran recibido, tomando en base los resultados de las elecciones de 2017, la deuda política sería de mil millones 544 mil con 856 lempiras y en vez de haber recibido más de nueve millones, el Frente Amplio solo recibiría 185 mil lempiras por los tres mil 151 votos recibidos.
Unificación Democrática, por su parte, habría reportado un ingreso de 273 mil 347 por cuatro mil 633 votos; la Democracia Cristiana 348 mil 100 por cinco mil 900 votos; el Partido Anticorrupción 352 mil 997 por los cinco mil 983 votos y la Alianza Patriótica 384 mil 503 por los seis mil 517 votos.
“Ley manipulada al capricho de tres actores nada más; existen artículos violatorios de los derechos humanos, que son excluyentes; que conllevan únicamente a beneficiar a tres actores políticos y, sobre todo, en las elecciones internas. Ahora esos mil 500 millones de lempiras serán 500 para cada partido tradicional (Liberal, Nacional y Libre) y eso es injusto para un pueblo que está sufriendo sobre todo por esta pandemia”, reaccionó Romeo Vásquez Velásquez, presidente de la Alianza Patriótica.
Es importante señalar que existen actualmente inscritos para las elecciones generales 14 partidos políticos, más dos pendientes de ser aprobados por el CNE. Para no desaparecer y conservan su personalidad jurídica, la nueva ley contempla que deberán obtener un mínimo de votos del padrón electoral del dos por ciento o lograr una diputación en el Legislativo.
TENER PARTIDO Y NO PAGAR IMPUESTOS… ¡ES TODO UN NEGOCIO! La ley hondureña exonera en materia de importación y pago de impuestos a los partidos y la deuda que se les paga por participar en las elecciones no es liquidable ni está en los parámetros de rendición de cuentas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los comisionados cuentan con una limitante en ese aspecto, en el sentido que apenas se limitan a exigir la colocación de los estados financieros en los portales de transparencia, pues esas organizaciones son sujetos obligados a rendir cuentas por recibir dinero público.
En pocas palabras, cada lempira que reciben los partidos no tienen que rendirle cuentas a la sociedad en qué se invirtió o se gastó, no obstante, para Aguilar la deuda “es un agradecimiento por tratar de fortalecer la democracia en el país”.
Sobre la deuda política, León arguyó que “la deuda política no es utilizada para el fortalecimiento de cada institución y alega que no existen procesos de capacitación; no se paga la deuda política a favor de la mujer; no hay instalaciones decentes ni la del Partido Nacional es una sede decente pero hay grandes niveles de dinero que se reparten allí y no es rentable para la democracia”.
POLÍTICA LIMPIA, MUCHO PRESUPUESTO CON POCOS RESULTADOS. Con la creación de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos y Candidatos (UFTF), más conocida como Unidad de Política Limpia, que nace por iniciativa de la extinta MACCIH, se aprobó un presupuesto inicial de cinco millones.
Posteriormente, se realizó una modificación presupuestaria de 159 por ciento, la ejecución encarnó la cantidad de 20 millones 840 mil 621 lempiras.
También se creó el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y se aprobó un presupuesto para 2020 de unos 35 millones destacando que se desconoce la existencia del Plan Operativo Anual, por lo tanto, no se sabe el gasto total.
COVID-19 ELEVÓ COSTO ELECTORAL. Según estimaciones del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh), tomando como referencia las elecciones pasadas, en las primarias votaron dos millones 541 mil 456 personas, sí a esos sujetos se les diera un kit básico de bioseguridad, como ser guantes y mascarilla, el Estado derogaría 58.45 millones.
Si se toma en consideración las elecciones generales del 2017, en las que votaron tres millones 284 mil 704 personas el gasto en bioseguridad ascendería a 75.5 millones, sin contar el gel antibacterial de manos.
Desde 2013 se viene hablando de una nueva Ley electoral que prácticamente se encuentra estancada en el Congreso porque el pastel no se repartió a los pequeños.
Unas de las reformas de mayor trascendencia es la aprobación de una segunda vuelta electoral debido a que en los últimos dos procesos el presidente fue electo con apenas el 30 por ciento de la población apta para ejercer el sufragio, adicional a la reforma de reglamentar la reelección que permitiría a expresidentes reelegirse las veces que desearan.
“La relección y segunda vuelta no va en la nueva Ley Electoral porque eso requiere un rango constitucional; eso ya no es posible este año porque se necesita reformar la Constitución”, detalló Aguilar.
Para el experto electoral, la segunda vuelta es indispensable para evitar las crisis políticas debido a que no hay un partido político que pueda lograr el 50 por ciento o más de los votos porque se acabó el bipartidismo, solo Honduras, México y Paraguay no tienen segunda vuelta.
León explicó por su lado que la nueva reforma electoral está diseñada para las elecciones generales de 2021 y no para tener un proceso confiable y trasparente que perdure en el tiempo.
“Parece que estamos acostumbrados a crear leyes para tapar baches”, señaló.
El Banco Mundial (BM) señala que el 68.5 por ciento de hondureños vive en pobreza y cuatro de cada diez viven en la pobreza extrema; para las próximas elecciones por cada voto que reciban los partidos políticos se les otorgará un valor 43.75 lempiras, el doble con lo que sobreviven 22.6 por ciento de la población al día.
DE LA OPCIÓN B A «GANAR CON FRAUDE» HA COSTADO MUCHO DINERO. Cabe señalar que en 1985 durante el mandato de Roberto Suazo Córdova dio paso a una crisis política entre el Partido Nacional y Liberal.
Al no llegar a acuerdos, se firmó un acta, en la que todos los candidatos de ambos partidos se comprometieron a participar en las generales y a escoger como ganador a quien obtuviera la mayoría de votos dentro del partido que a su vez obtuviera la mayoría de marcas.
Mediante la Opción B que participaron en las elecciones generales de 1985 cuatro candidatos por el Partido Liberal, tres por el Partido Nacional, uno del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD) y uno de la Democracia Cristiana (DC), fue electo José Azcona del Hoyo.
Durante el gobierno de Azcona y como consecuencia de la crisis anterior, se aprobó el 5 de junio de 1985 la Ley Especial Relativa a las Elecciones Internas Directas y Generales de Autoridades Supremas y Municipales, mediante la cual quedaron establecidas las elecciones primarias.
El Partido Liberal fue el primero en celebrar elecciones primarias en 1988, mientras que el PNH escogió a un único candidato
Para las elecciones de 2001 cuando fue electo el candidato del Partido Nacional, Ricardo Maduro, el costo ascendió a 124 millones de lempiras, mientras que en la contienda electoral de 2009 que finalizó con el derrocamiento de Manuel Zelaya costó a los hondureños un aproximado de 600 millones.
El exgobernante, quien tiempo después reconoció que todo presidente llega al poder a través del fraude y la corrupción. “El fraude es parte del sistema y con ese gané yo”, afirmó.
Las elecciones de 2013 donde resultó electo Porfirio Lobo Sosa representó un costo de 863.9 millones; en 2017, elecciones plagadas de denuncias por fraude electoral, el gasto incrementó en un 510 por ciento más lo que constituyó un costo de mil 249 millones de lempiras.
