Esta semana inició el juicio oral y público contra Jeremías Martínez, un reconocido defensor del ambiente de la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón, a quien se le acusa por los delitos de usurpación y daños en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares.
El líder campesino, de 66 años, lleva más de 22 meses en prisión preventiva luego de las protestas en 2018 en rechazo al proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras para evitar la devastación de los ríos Guapinol y San Pedro.
La fiscalía de Tocoa encausó 32 órdenes de capturas contra miembros de la comunidad que establecieron el campamento Por la vida y el agua en Guapinol tomándose una carretera pública para manifestarse contra el proyecto.
Unos 88 días después de establecer el campamento, al menos mil 500 policías ejecutaron el violento desalojo contra los defensores del ambiente.
“La institucionalidad del Estado está en contra de las comunidades, en contra del pueblo y a favor de la empresa Los Pinares”, expresó el habitante de la comunidad Juan López.
En septiembre de 2020, un tribunal de sentencias ordenó que Martínez estuviera bajo arresto domiciliario porque el tiempo de prisión preventiva que establece la ley se había cumplido; sin embargo, permanece en una cárcel común junto a diez defensores más porque enfrenta un segundo proceso penal por los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.
Cabe señalar que en febrero de 2019 unas 12 personas más de las requeridas por la fiscalía se apersonaron de forma voluntaria y el juez Víctor Méndez dictó un sobreseimiento a favor de los encausados y el 29 de noviembre de ese mismo año una corte de apelaciones penal lo ratificó.
No obstante, teniendo en cuenta ese antecedente el Ministerio Público continúa con la persecución penal contra los 12 privados de libertad y cinco más con auto de formal procesamiento.
“Esperamos que este tribunal, en este juicio, demuestre que ha cometido un error y deje en libertad al compañero Jeremías. Este sistema de corrupción que opera dando permisos de operación a estas empresas estamos creyendo que nos dejará en libertad”, dijo Reynaldo Domínguez, uno de los defensores del ambiente con auto de formal procesamiento.
Para el apoderado legal Carlos Jiménez no existen medios probatorios que puedan culpar a los imputados además de ser un caso manipulado por el Ministerio Público.
“Tenemos pruebas documentales que demuestras fehacientemente que en este caso ha habido manipulación por parte de los operadores de justicia; se han falsificado documentos públicos para procesar y acusar a estas personas”, reiteró.
Las protestas de los defensores del ambiente junto al menos 14 comunidades afectadas exigen un alto a la destrucción de sus recursos naturales por lo que se han organizado bajo el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y aseguran, de ser necesario, dar la vida por la defensa del agua y los recursos.
El Estado otorgó una concesión minera en el parque nacional Carlos Escaleras declarado área protegida en el año 2012, antes Montaña Botaderos, a favor de la empresa Los Pinares lo que ha generado contaminación en los ríos Guapinol y San Pedro, también seis personas muertas en el transcurso del conflicto.
“El agua nos grita que la defendamos sabiendo que hay una lucha justa, lamentablemente hay una persecución contra los compañeros. Aquí estamos dispuestos a lo que el juez, a los que los juzgados digan. Somos personas luchadoras por un bien que vale la pena como es el agua y los bosques. No dejo de tener temor por la malicia de ensañarse contra nosotros por la defensa de nuestros territorios”, expresó Domínguez.
