En el foco público se encuentran agentes policiales de la occidental ciudad de La Esperanza, luego que se registrara el fin de semana la muerte de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, que ocurrió dentro de una de las celdas de la fuerza pública.
Según se conoció, la joven departía con otro médico y un par de personas más y posteriormente salió del lugar con rumbo a su casa, pero fue detenida en un retén por circular en horas de la noche, durante hora del toque de queda.
Horas después que se registrara la detención de Martínez, fue trasladada sin vida al hospital de área Enrique Aguilar Cerrato a fin ser asistida. Según los reportes médicos, la dama llegó al centro hospitalario sin signos vitales.
La hermana de la fallecida, Nancy Martínez, dijo estar segura que la víctima no fue sujeta de ningún escándalo en la vía pública.
Aseguró que su pariente fue ultrajada sexualmente y asesinada por los oficiales de la Policía que participaron en el arresto. Declaró a periodistas que los funcionarios del orden le dieron varias versiones del hecho lo que le hace sospechar que serían los autores del deceso de la estudiante universitaria.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y la sociedad claman por justicia ante el hecho.
Hace unas tres semanas, se conoció la denuncia de dos mujeres que indicaron que fueron agredidas por agentes más el robo de unos 10 mil lempiras.
En el relato, las jóvenes cuentan que iban en un vehículo que fue requerido por los supuestos agresores a punta de fusil. Al momento de detenerse, se les pidió que serían requisadas por lo que ambas se opusieron y pidieron que fueran registradas por mujeres, a lo que accedieron.
Sin embargo, revelaron que tras la inspección, los agentes varones impidieron su transito queriendo ponerles las esposas y llevarlas en la calidad de detenidas.
Ellas opusieron resistencia al argumentar que las habían requisado las agentes y las dejaron ir, a lo que los policías respondieron empujándolas y tirándolas al suelo, dándoles patadas y tirándoles gases lacrimógenos.
Uno de los agresores, detalló una de las perjudicadas, se paró encima de ella mientras los otros dos agentes la golpeaban.
Posteriormente, las trasladaron a la celda y ahí les lanzaron gases lacrimógenos y trataron de abusar sexualmente de ellas, según los detalles que ofrecieron las víctimas del hecho.
Las damas interpusieron la denuncia correspondiente, por tal motivo los involucrados se contactaron con ellas para devolverles el dinero y que no continuaran con la denuncia, pero ellas procedieron con la misma y ahora están siendo amenazada.
“Horrorizadas nos encontramos desde las organizaciones feministas por el asesinato de Keyla”, expresó la directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Suyapa Martínez.
Como entes encargados de velar por la justicia en estos casos, solicitaron a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se trasladen para realizar una investigación efectiva del caso y así constatar cómo se dieron los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes.
Cabe recordar que este lunes se llevaron a cabo una serie de protestas a las afueras de la posta policial ubicada en la Esperanza, pero fue dispersada por el uso de bombas lacrimógenas.
En lo que va del 2021 se contabilizan 25 femicidios en Honduras. Durante 2020 se registraron más de 300 asesinatos a mujeres. El promedio anual en Honduras es de 300 a 400 femicidios y desde e 2009 hasta ahora se establece una cifra de más de seis mil crímenes contra las mujeres, según los datos que maneja el CEM-H.
Nueve de cada 10 casos no han sido resueltos, según cifras oficiales, pero de acuerdo al CEM-H, la impunidad está en un 95 por ciento, lo que es preocupante y alarmante; a esto se suma que con el actual Código Penal se hizo la reducción de las penas por estos delitos, por lo que de 30 a 40 años pasó a 20 y 25 años de prisión.
Estos altos índices de muertes violentas hacia las mujeres pese a los intentos de frenarlos con la creación reciente de la comisión interinstitucional de femicidios que esta conformada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, la Secretaria de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Instituto Nacional de la Mujer y la representación de tres organismos feministas como el CEM-H, Visitación Padilla y Calidad de Vida.
De hecho, dijeron las dirigentes feministas, se pidió a la comisión Interinstitucional de femicidios que sean los agentes de la ATIC que estén pendientes para que esclarezcan tales casos, porque sino serían “hechor y consentidor” si son los mismos policías que efectúan la investigación.
“Hay mucho por hacer en prevención, es necesario seguir depurando la Policía. Es muy lenta la investigación en Honduras, no en todos los casos se hacen autopsias, hay alta contaminación de la escena del crimen, realmente hay mucha carga por fiscal; esto no permite que se haga un investigación efectiva en el país, las unidades de investigación femicida tienen que moverse a otras zonas del país, para ser una investigación desde la perspectiva del femicidio”, declaró Martínez.
La feminista sostuvo que lucharán para que se esclarezca este caso.
