Cespad cuestiona fallos del Poder Judicial por la Caja chica de la dama y Pandora

ABarahona27 enero, 2021

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) presentó el informe de veeduría judicial en las sentencias de la Corte Supera de Justicia (CSJ) ante los casos presentados por la extinta MACCIH, en la que resalta que no se emitieron decisiones debidamente fundamentadas, completas y coherentes que terminaron beneficiando a los encausados.

Los documentos presentados por el organismo no gubernamental, en colaboración con la Coalición Anticorrupción (Cac) y el apoyo de Abogados sin Fronteras Canadá (Asfc), expresan que la CSJ utilizó en la Caja chica de la dama argumentos no razonados debidamente y en la causa Pandora se quebrantó el derecho de igualdad al otorgar un trato desigual a los imputados.

Estas organizaciones de sociedad civil exponen que los diferentes recursos presentados por la también fenecida Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) ante el Poder Judicial, “no allanaron el camino hacia la rectificación y acceso a la justicia” por lo tanto las resoluciones “carecieron de la debida motivación judicial y se infringió la garantía del debido proceso, al no respetar estándares básicos nacionales e internacionales”.

Cabe señalar que la Caja Chica de la Dama es el segundo caso que presentó en febrero de 2018, cuando se involucró a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo de sustraer 16 millones de lempiras y pasarlos a su cuenta personal; los delitos atribuidos en su contra son malversación de caudales públicos, fraude y lado de activo.

Pandora es el cuarto caso que presentó en junio de 2018 cuando se acusó a 38 personas, entre ellas, funcionarios, exfuncionarios y actuales diputados del Congreso Nacional por suponerlos responsables del desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas y enriquecerse personalmente; los implicados fueron señalados de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.

LAS CONCLUSIONES ¿JUSTICIA O IMPUNIDAD? En el caso de Bonilla, el informe señala que “la Sala de lo Penal omitió responder a las cuestiones jurídicas básicas en los recursos de casación y se apartó del verdadero litigio expuesto por el Ministerio Público, con lo que se violaron los principios del debido proceso, de legalidad procesal, de congruencia y de una debida argumentación de las decisiones judiciales”.

Además, se indica que la Sala Penal careció de imparcialidad para subsanar el error del tribunal de sentencia sobre la aplicación de las convenciones internacionales contra la corrupción, relativo a la definición de funcionario público que podía aplicarse al cargo de la primera dama.

Sobre Pandora, “la Corte de Apelaciones realizó argumentos contradictorios e imprecisos. Omitió referirse a la prueba presentada por los sujetos procesales y omitió indicar el valor probatorio que le da a cada una”.

“La Sala de la Corte de Apelaciones insistió en repetir que el Ministerio Público no acreditó que las personas señaladas tuvieran conocimiento del origen de los fondos, indicando que es un requisito sine qua non para la configuración del delito de lavado de activos”, detalla el informe.

Cabe señalar que actualmente ambos casos se encuentran en la impunidad -según denuncias- y están siendo manejados por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que sustituyó a la UFECIC.

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