A falta de 61 días para las elecciones primarias de marzo, diputados se aprestan a aprobar la nueva Ley Electoral sin llegar a consensos en la conformación de las mesas receptoras de votos, deuda política y la asignación de poder dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De los 320 artículos que contempla la nueva ley, los parlamentarios se encuentran enfrascados en la aprobación de 76 que en su mayoría establece la integración de las mesas receptoras y la cuota de la deuda política para los partidos denominados minoritarios y la potestad de voto en los concejales suplentes del CNE.
“La Ley Electoral es un tema que se trató todo el año anterior procurando que estuviese lista al inicio del nuevo proceso y no se concluyó como se había anunciado; ahora estamos en tiempos que necesitamos resolver no porque no se puedan realizar las elecciones sino bajo qué ley se regirá el proceso”, explicó el diputado de la Democracia Cristiana Felícito Ávila.
Dijo que los tres partidos denominados grandes son los que tienen al país sin la nueva norma y con incertidumbre de cara al proceso eleccionario del 14 de marzo próximo debido a que desde varios años atrás vienen retrasando su aprobación.
Por su parte, el legislador pinuista David Reyes lamentó que la referida legislación no esté aprobada, a pesar que se viene hablando de la misma desde las elecciones de 2013.
“Pasó todo este tiempo faltan menos de tres meses para el proceso y estamos corriendo para esta nueva ley y aún no sabemos si habrá acuerdos”, añadió.
Al igual que Ávila, Reyes responsabiliza al Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre) de no llegar a consensos porque “quieren tener el control de las mesas electorales rompiendo las leyes dejando a nueve partidos fuera la ley”.
Según Reyes, la nueva Ley Electoral “tiene dedicatoria” en beneficio del tripartidismo y asevera que “todavía, a estas horas, hay algunas diferencias y estas decisiones se tocan en el palacio del Olimpo donde se ponen de acuerdo los dueños de los partidos políticos”.
Las dudas se mantienen sobre la función y conformación de las mesas electorales donde los partidos minoritarios exigen tener representación cuando en años pasados se ha denunciado la venta de credenciales y sin obtener un tan solo voto ni siquiera el de sus representantes.
Asimismo, no se ha logrado llegar a acuerdos sobre la deuda política, mientras los minoritarios exigen un 15 por ciento del partido que más votos obtenga en la elección, otros demandan que solo reciban el valor por cada voto obtenido.
Finalmente, la cuota de poder ante el máximo órgano electoral sigue en disputa, pues ahora el debate radica en otorgarle voz y voto a los suplentes que sean electos, por lo que es rechazado ya que se afirma que los minoritarios responden a los intereses del partido en el poder.
Desde su perspectiva, el exfiscal general y excongresista Edmundo Orellana, apuntó que los partidos tienen como objetivo pervertir el proceso electoral ya que «existe poca precisión y muchas lagunas en relación a las disposiciones que deben regir el financiamiento en las elecciones internas y primarias y los precandidatos que participen en ellas».
