En audiencia de revisión de medidas, la jueza penal de Tocoa, Zoé Guifarro, denegó la solicitud de cambio de medidas de prisión preventiva que se presentó en favor de los ocho defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol.
En tanto, la defensa catalogó el fallo judicial como un pacto de criminalización contra el movimiento que reivindica los recursos naturales de la zona.
El apoderado legal de los afectados, Edy Tábora, calificó el dictamen como un «pacto de criminalización» del Poder Judicial en contubernio con el Ministerio Público y la empresa Inversiones Los Pinares
“La jueza Zoé Guifarro ratifica el pacto de criminalización que hay entre el poder judicial, el Ministerio Público y la empresa Los Pinares que está manteniendo privados de libertad a los compañeros. El planteamiento del Ministerio Público en la audiencia es que los defensores de Guapinol deben continuar presos ¡porque sí!, son verdugos de la defensa de la vida, verdugos de las luchas sociales. Cada día se vuelve más urgente construir un Estado constitucional de derecho”, reaccionó.
Por su parte, el defensor Efraín Ramírez tachó la medida, en el sentido que “es una decisión política ilegal donde afirma que no cabía otra decisión jurídica más que la libertad”.
Agregó que nunca había encontrado en una condición tan sesgada al Poder Judicial, ya se ha parcializado a favor del Ministerio Público y la acción privada. “Es impresionante como una resolución ausente de sustento legal pueda determinar la permanencia de los compañeros ya que no atendió a lo que la defensa alegamos”, amplió.
Los defensores privados de libertad son Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz, quien lleva dos años preso tras ser capturado en diciembre de 2018.
A los defensores se les supone responsable de tres delitos por incendio agravado y privación injusta de la libertad, mientras que a uno de ellos se le acusa de usurpación y daños esto tras las protestas contra Los Pinares por la explotación minera en la comunidad y en defensa de los ríos San Pedro y Guapinol.
Los habitantes, asimismo, se oponen a la contaminación de los ríos, por lo que esta reacción ha generado que se militarice la zona y procesos penales contra los defensores del ambiente.
Cabe recordar que el Estado otorgó una concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, antes Montaña Botaderos, a favor de la cuestionada empresa. También dejó como resultado seis personas muertas y 32 ambientalistas acusados penalmente, ocho de estos seguirán en prisión por la resolución de Guifarro.
El defensor del ambiente, Reynaldo Domínguez, quien estuvo preso por la causa penal en su contra, expresó que está dispuesto a continuar la lucha legítima por la defensa del agua y dejó claro que prefiere ir a la cárcel por defender el vital recurso que por corrupción.
“El agua nos grita que la defendamos sabiendo que hay una lucha justa. Lamentablemente hay una persecución contra los compañeros. Aquí estamos dispuestos a lo que el juez, a los que los juzgados digan. Somos personas luchadoras por un bien que vale la pena como es el agua y los bosques. No dejo de tener temor por la malicia de ensañarse contra nosotros por la defensa de nuestros territorios”, testificó.
Los abogados anunciaron que presentarán un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones para lograr revertir el fallo de mantener en la cárcel a los ocho defensores del ambiente quienes se enfrenta a una justicia hondureña que en los últimos meses ha resuelto en favor de personas vinculadas en actos de corrupción.
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