En un llano informe presentado por los capítulos de Transparencia Internacional del Triángulo Norte de Centroamérica, denominado Compras de Emergencia Covid-19, detalla los presupuestos asignados por los gobiernos, sus fuentes de financiamiento y la nula transparencia en la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos.
El documento señala que Honduras fue el país con mayor presupuesto asignado para la pandemia con tres mil 700 millones de dólares, seguido de El Salvador con tres mil y Guatemala con dos mil 603 millones.
Los tres países recurrieron al endeudamiento con entes multilaterales, banca nacional, colocación de bonos soberanos y donaciones.
“Ha existido falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos destinados a la atención de la pandemia y las irregularidades han sido conocidas gracias a denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación”, destaca parte del informe.
Sobre Honduras, se informó que Investh llegó a ejecutar un 35 por ciento del total de los montos; la Secretaría de Gobernación usó un 16 por ciento; la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) 16 por ciento y la Secretaría de Salud un nueve por ciento.
Sobre El Salvador no se dispone con información suficiente para desglosar el destino de los fondos ni los montos asignados a cada institución pública.
La fiscalía salvadoreña investiga al menos 30 instituciones, entre ellas, el Ministerio de Salud y Agricultura por compras irregulares de medicamentos, insumos y alimentos.
Respecto a Guatemala, el mayor caso emblemático en compras irregulares se dio en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde se aprovechó el último día del Estado de Calamidad para intentar realizar una compra de 11 millones de galletas fortificadas sin cumplir los requisitos de contratación del Estado lo que representó 1.8 millones de dólares; la misma fue suspendida y no se adjudicó tras las denuncias de sociedad civil.
La Contraloría General de Cuentas, junto al Ministerio Público, y la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, ente creado como maquillaje por la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad de Guatemala (CICIG), no han realizado investigaciones ante los dudosos procesos de compra, señala el informe.
“La corrupción mata y con esta pandemia y esta crisis sanitaria se ha evidenciado más… Los famosos decretos de emergencia han habilitado que en los tres países se hayan adquirido compromisos bastante considerables con organismos internacionales y lo que nos preocupa es los pocos mecanismos de control que hay”, dijo por su parte el titular de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
Por su parte, el director de Acción Ciudadana de El Salvador, Manfredo Mallorquín, señaló que la pandemia del covid19 “vino a reforzar la pandemia de la corrupción por eso es necesario que nuestras sociedades sigan abriendo nuestros ojos”.
De acuerdo a lo expuesto en el informe los millonarios préstamos internacionales adquiridos por los gobiernos del Triángulo Norte “no tuvieron condiciones de transparencia o rendición de cuentas a los organismos multilaterales, por lo que es indispensable continuar con el monitoreo y fiscalización de dichos fondos”.
