Rsf reprueba a Honduras en libertad de expresión; bajó 20 posiciones en siete años

La organización Reporteros sin Fronteras (Rsf) volvió a reprobar a Honduras en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 al colocarla en la posición 148, por lo que bajó dos escalones respecto a 2019. El documento publicado este jueves por la oenegé dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión señala que tras el segundo mandato de Juan Orlando Hernández “su gobierno ha aumentado su control de la información e incrementado sus maniobras...
BFlores10 diciembre, 2020

La organización Reporteros sin Fronteras (Rsf) volvió a reprobar a Honduras en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 al colocarla en la posición 148, por lo que bajó dos escalones respecto a 2019.

El documento publicado este jueves por la oenegé dedicada a la vigilancia de la libertad de expresión señala que tras el segundo mandato de Juan Orlando Hernández “su gobierno ha aumentado su control de la información e incrementado sus maniobras para hacer callar a los periodistas que considera demasiado críticos”.

“En Honduras -explica Rsf-, la mayoría de las veces las agresiones y los actos de violencia contra periodistas son cometidos por la policía y el ejército. La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace una década, desde el golpe de Estado registrado en 2009”.

Añade que “el grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente”.

“Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, por lo que a veces se ven obligados a exiliarse. Es común que se emprendan procesos judiciales abusivos contra periodistas, sobre todo por difamación; entre otras sanciones, se le prohíbe ejercer el periodismo”, apunta en Rsf en su informe anual.

Junto a Honduras, aparece Venezuela en el sitial 147 con una nota de 45.66 y Rusia en el 149 con 48.92. En América Latina, el país centroamericano ocupa la penúltima posición, siendo superado por Cuba con 63.81; en el caso de Nicaragua, donde la prensa ha sido fuertemente atacada por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, se ubica en el puesto 117 con 35.81, Guatemala le antecede con 116, El Salvador aparece en la casilla 174 y Panamá se coloca en lugar 76.

En cambio, Costa Rica aparece en el séptimo lugar con 10.53, siendo una de las naciones donde el gobierno, la fuerza pública, empresa privada y otros actores tienen un profundo respeto por la libertad de expresión y de prensa, por lo que se traduce en más democracia y pluralidad.

Llama la atención y resulta alarmante cómo el respeto por la emisión del pensamiento se vino degradando tras el golpe de Estado de 2009 cuando hubo una epidemia de asesinatos de comunicadores que se opusieron a la asonada y a la fecha no hay personas condenadas por tales hechos.

Apenas se sabe que un tribunal dictó cadena perpetua a quienes dieron muerte al director de los informativos de Radio HRN Alfredo Villatoro, ocurrido en mayo de 2012.

Gobierno, políticos y cuerpos de seguridad agreden a la prensa 

En la evaluación global sobre Honduras, Rsf señala que pasó de la posición 127 en 2013 a la 146 que fue documentada el año anterior.

Este termómetro refleja que los obreros de la comunicación se ven expuestos a agresiones desde el mismo Estado, empresa privada, líderes políticos, sociales y la delincuencia organizada.

Solo en 2017 se observó un incremento en ataques desproporcionados contra periodistas por dirigentes de los partidos mayoritarios y activistas gubernamentales, así como de la oposición.

En el contexto de la crisis poselectoral, hubo trifulcas promovidas por reconocidos personajes de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre) contra quienes cuestionaban determinadas conductas dentro de sus organizaciones políticas y pactos que sellaron para colocar a sus cuadros en la función pública.

Se documentaron cargas irracionales por los cuerpos de seguridad contra corresponsales de prensa internacional e informadores de ciertos medios que han tenido una línea editorial beligerante contra Hernández.

A lo largo de estos años, hubo un repunte de querellas contra periodistas promovidas por agentes estatales y aquellos sospechosos de cometer actos de corrupción que terminaron con la inhabilitación y encarcelamiento.

Esta escalada hizo que algunos de los afectados optaran por moderar su discurso o autocensurarse, a modo de no ser sujetos de persecución desde los organismos operadores de justicia.

Honduras cae 19 posiciones en respeto a la prensa 

Durante los últimos siete años, hubo un descenso de 20 posiciones con relación al respeto a la libre emisión del pensamiento y libertad de prensa.

Solo en 2020, se documentaron tres muertes, entre ellas, el excorresponsal de Radio Globo, Luis Almendares, asesinado en septiembre anterior a manos de desconocidos en la central ciudad de Comayagua, cuando transmitía a través de la red social Facebook.

En julio de este año murieron German Vallecillo hijo y su camarógrafo tras sufrir un atentado en La Ceiba, a 400 kilómetros al norte de la capital.

También se debe agregar el deceso del director de Globo, David Romero, ocurrido el 18 de julio, producto de complicaciones derivadas del covid-19.

Compañeros de trabajo y su cónyuge responsabilizan a la administración de Juan Orlando Hernández de estar detrás de su deceso, pues alegan que hubo trabas judiciales para que el ahora occiso pudiera salir de la prisión donde servía una condena de 10 años por injurias contra la esposa del exfiscal adjunto del Ministerio Público Rigoberto Cuéllar.

En tanto, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) se pronunció un día después de la entrada en vigencia de la controvertida legislación que “nos decepciona que Honduras haya desperdiciado la oportunidad de sumarse al creciente consenso regional en el sentido de que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en las causas por injuria y calumnia, y de poner fin a la criminalización del periodismo”.

“La versión del Código Penal que entró en vigor… no contiene el delito de difamación, pero sí incluye los delitos de injuria y calumnia, que se siguen sancionando con multas o con una pena de hasta un año de privación de libertad”, señalaron representantes del CPJ.

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