El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, rindió declaraciones ante el Ministerio Público en relación al violento desalojo de lavadores de vehículos en los bordos del río Blanco que dejó un joven muerto y varios heridos.
La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, informó que se está realizando una investigación de oficio de los hechos con un enfoque de derechos humanos en cuanto a la actuación de la fuerza pública y la muerta violenta del joven José Rafael Flores Hernández.
“Me presenté al Ministerio Público a realizar mi declaración como corresponde conforme a ley y solicitar que se investigue el lamentable hecho de rio Blanco del día de ayer. Declaré lo mismo que hoy compartí en conferencia de prensa”, escribió de manera lacónica en Twitter el jefe de gobierno local.
El edil nacionalista sostuvo durante la conferencia que «en ningún momento se ha tenido la instrucción de usar armas de fuego» y asegura que la única información que tienen en mano es que el disparo «no se originó en el lugar, sino que en el otro lado del bordo».
«No podemos presentar a nadie, porque no tenemos ninguna información, queremos que el Ministerio Público se encargue de definir mediante una investigación técnica, científica y fehaciente», indicó.
Calidonio aseguró que hubo una actuación «en el marco de la ley» y que el desalojo corresponde a una serie de denuncias al tratarse de un tema que está afectando al medioambiente. Tras inspecciones, autoridades dijeron hallar un botadero clandestino, criaderos animales a orillas de los ríos y bajo los puentes, explicó el alcalde sampedrano.
«Hay varias formas en que operan en el lugar que es altamente probable que sean ilícitas y ligadas con crimen organizado», continuó Calidonio.
Indemnización
Instituciones y organizaciones de derechos humanos exigieron que se realicen investigaciones por los hechos ocurridos el lunes cuyo desenlace provocó la muerte de Flores Hernández.
«Pueden haber consecuencias para el Estado en instancias internacionales donde se le tendría que pagar indemnizaciones muy grandes. Esas indemnizaciones que el Estado pueda pagar a las víctimas deben ser cobradas a los funcionarios que dieron lugar a esos hechos», enfatizó el comisionado regional de derechos humanos, Wilfredo Castellanos.
«Yo sé que la vida de mi hijo no la voy a revivir, no la voy a reponer pero si pido justicia espiritual y terrenal», clamó la madre de Flores Hernández.
