El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sancionó por incumplimiento en la divulgación de información en los portales de emergencia covid-19 a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, al extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Gabriel Rubí y al exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn.
El comisionado Vladimir Mendoza detalló que presentaron la resolución para librar sanciones administrativas contra estos personajes, pues no divulgaron información actualizada en los portales de transparencia respecto a la emergencia covid-19.
«Solo es al titular no a las instituciones. Esta sanción tiene que ser pagada por el titular (y exfuncionario), no tiene que ser pagado por la institución pues daría lugar a una responsabilidad civil o penal que lo determinaría el Tribunal Superior de Cuentas», indicó Mendoza.
Estas sanciones administrativas que rondarán entre medio salario y tres salarios mínimos, se realizan conforme al primer Informe de Verificación de la Información de Oficio en Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas Durante la Emergencia COVID-19.
Explicó que han sido más de 233 instituciones que no han publicado los informes sobre el manejo de la pandemia del SARS-CoV-2.
«Estas sanciones vienen como consecuencia del primer informe sobre los portales de transparencia. El pleno de comisionados finalizó en cuanto a resolver estas resoluciones emitidas por el pleno que establecen que entre medio salario mínimo y tres salarios mínimos sobre el primer informe. El segundo informe fue presentado en el julio y sobre ese todas aquellas instituciones que no cumplieron y son reincidentes por no transparentar todas las compras o actividades entonces la multa va aumentando», agregó.
El pleno de comisionados aprobó la creación del portal especializado llamado emergencia covid-19 mediante Acta SE-004-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, «en la cual todas las instituciones obligadas que ejecuten fondos para atender la pandemia, ya sea con fondos propios como las municipalidades o por transferencias que el Estado les realice, deberán publicarlas en la plataforma».
En el contexto de la emergencia, Copeco ejecutó hasta 576 millones de lempiras y no siguió los lineamientos en los apartados de remuneración de empleados, licitaciones, compras y contrataciones. Además que «existen incongruencias entre lo publicado en los apartados de presupuesto mensual y liquidación presupuestaria. En el apartado de deuda y morosidad no publica información para el periodo verificado».
En el caso de Investh, «en programa y proyecto no publica los avances de las infraestructuras para los hospitales móviles».
