La Justicia ecuatoriana ordenó la detención inmediata del expresidente Rafael Correa y de otros 17 implicados en el Caso Sobornos 2012-2016, según muestran documentos judiciales.
Correa reside en Bélgica y las autoridades de Ecuador ordenaron su captura al hacer firme la condena de ocho años de cárcel en su contra, además de su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, así como el retiro de su pensión vitalicia de 4.200 dólares mensuales.
La decisión del tribunal también incluye Jorge Glas Espinel, quien ostentó la vicepresidencia de Ecuador entre los años 2013 y 2018.
El tribunal concluyó “declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado” para Correa y Glas.
El listado de 18 sentenciados de la Función Judicial excluye a Pamela Martínez, exasesora de Correa, y a Laura Terán, pues ambas colaboraron con la justicia en las pesquisas realizadas.
En tanto, dio instrucciones para proceder al traslado a la cárcel del exsecretario jurídico de Correa, Alexis Mera, desde su residencia al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, en Cotopaxi, medida que ya se ejecutó este mismo jueves.
Correa gobernó el país de 2007 a 2017 por la agrupación partidista Alianza País, y para la presente campaña electoral solicitó la candidatura a la vicepresidencia, pero le fue denegada.
El exmandatario ha negado las acusaciones constantemente y ha dicho que se trata de una retaliación política. Así ratificó el jueves en un tuit, en el que calificó el proceso como el «caso bochornos».
El #CasoBochornos es una gran charada, imposible en un Estado de Derecho.
NUNCA han existido “sobornos”.
La agresión contra Alexis Mera duele e indigna, demuestra la forma despiadada con la que el régimen ha brutalizado la política.
¡Resistiremos y venceremos! https://t.co/5vYLTMeSYx— Rafael Correa (@MashiRafael) September 24, 2020
El Caso Soborno tiene su origen en un documento recibido por correo electrónico por Martínez, la exasesora de Correa, y en un documento adjunto titulado ‘Receta de Arroz verde 502’ en el que se da cuenta de los nexos y pagos recibidos de varias empresas multinacionales, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
Se ordenó además que de conjunto los sancionados deben devolver la suma de 14,7 millones de dólares como “reparación integral” al país, con el monto desglosado en dos grupos: culpables y cómplices.
Otras medidas, accesorias pero simbólicas, incluyen las de ofrecer disculpas y la colocación de una tarja en recuerdo a las funciones públicas que deben seguir los servidores del gobierno.
La disposición obliga a “la expresión de disculpas públicas por parte de los sentenciados, lo cual se hará en la Plaza de la Independencia en la ciudad de Quito”, señala el documento.
También dictaminó “la colocación de una placa, en el Palacio de Carondelet, cuyo texto dirá: «Los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética»”.
Fuente VOA
