Condado Santa María la amenaza de La Tigra que se ha detenido por el Covid-19

ABarahona25 septiembre, 2020

Condado Santa María se define, según su sitito web, como el primer proyecto de urbanismo integral en Honduras. El proyecto incluye tres vecindarios denominados “Bosques, Pinares y Prados de Santa María” para albergar 2,300 viviendas, un colegio bilingüe de primer nivel, un centro comercial, un club de tenis, un club de equitación, una iglesia y un lago para realizar actividades acuáticas.

Este proyecto habitacional ha generado el rechazo de pobladores que viven en la zona del Parque Nacional La Tigra y también de los capitalinos ya que el proyecto afectaría la zona de amortiguamiento del parque y en un futuro los resultados podrían ser devastadores en la zona núcleo.

La Tigra se ha vuelvo importante para el abastecimiento de agua potable en la capital ya que produce el 30 por ciento del agua que se consumen en más de 100 colonias y según Manuel Amador, Presidente de Juntas de Agua, sería “una masacre ecológica” la construcción de Condados Santa María ya que deforestarían esa área y el agua se consumiría liquidando esa cuenca para seguir abasteciéndose.

En marzo, del año 2019, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) “secuestró” documentación de la Secretaría de MiAmbiente por posibles anomalías en la ejecución de este proyecto, pero el entonces ministro, José Antonio Galdámez, salió en defensa señalando que la licencia ambiental que él otorgó no está contraviniendo la ley y que dicho proyecto no genera un impacto ecológico.

El 17 de septiembre, el alcalde de la capital, Nasry Asfura, acordó con los pobladores de la comunidad del Hatillo, Cantarranas, entro otros; detener los trabajos de construcción del proyecto por el periodo de dos meses y realizar cabildos abiertos para llegar a consensos.

Una vez vencido el plazo, el seis de noviembre de ese mismo año, el Congreso Nacional, con el voto de 112 diputados que asistieron a la sesión, aprobó el nombramiento de una comisión especial que investigara los contratos y permisos ambientales otorgados para la ejecución del proyecto.

Con esto el alcalde capitalino no cumplió con los cabildos que realizaría con los pobladores justificando que el caso ahora estaba “en manos del Ministerio Público”, pero manteniendo el cumplimiento de detener las actividades de construcción del proyecto.

Esta comisión creada por el Congreso es presidida por el diputado nacionalista, Oswaldo Ramos Soto, quien mantuvo reuniones con alcaldes de los municipios que conforman parte de La Tigra, pero hasta la fecha no se conoce resultado alguno cuando en la sesión se acordó un plazo de 30 días hábiles para brindar informes de las investigaciones.

La reactivación de la problemática se da en los primeros días de este año debido a la crisis de agua potable que atravesó la capital y en el corredor seco del país donde el racionamiento de agua se agudizó por lo que el alcalde, según denuncia de la Comisión Pro Defensa de La Tigra, para apalear la crisis realizó la licitación para la construcción de un reservorio de agua en La Tigra.

Ante estas acciones la Comisión Pro Defensa, la Asociación de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento (ASHOJAAS), la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el edil por los delitos de abuso de autoridad. Además, exigieron la cancelación inmediata del permiso de construcción y licencia ambiental del proyecto Condado Santa María S.A. de C.V. del grupo Midence Soto-Pierrefeu.

No obstante, todo lo antes mencionado no ha tenido respuesta alguna quedando en espera a causa de la pandemia del Covid-19 que detuvo todo el proyecto, relativamente todo “está en calma pero despierto” y más temprano que tarde se reactivará la crisis por la defensa de La Tigra.

Para miembros de la Comisión Pro Defensa si es necesario darán su vida para defender los pocos recursos naturales que le quedan a la capital de la República.

“Estamos dispuestos a defender el agua hasta con nuestra propia vida” expresó, Jaime Vásquez quien también indicó que como organizaciones están a la espera de la respuesta del Ministerio Público y la Comisión del Congreso Nacional quienes son los llamados a definir el futuro de esta situación.

 

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