Según el Índice Global de la Impunidad (IGI), realizado por Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Honduras se ubica en el primer lugar de América Latina como el país peor calificado en niveles de impunidad y a nivel global en la segunda posición solo superado por Tailandia.
El IGI concluye que Honduras es el segundo país con mayor impunidad ubicándose en el puesto 68, además de ser el país de América Latina y el Caribe con mayor impunidad, seguido de Paraguay que se ubica en el puesto 64, le siguen México en el puesto 60 y Guatemala en el 69.
De los países evaluados del área centroamericana Honduras ocupa el primer lugar en impunidad, seguido de Guatemala en el puesto 59, Panamá en el puesto 42 y Costa Rica en el puesto 37.
Los mejores evaluados fueron Eslovenia en el puesto uno, seguido de Croacia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Noruega, Hungría, Rumanía, Países Bajos y Serbia en el puesto diez.
Costa Rica es el mejor evaluado del continente americano seguido por los Estados Unidos en el puesto 38. Cabe señalar que el IGI es presentado como un importante esfuerzo académico internacional «para medir comparativamente los niveles de impunidad en el mundo», en una lista de casi 70 países.
El continente americano es una de las regiones con mayores índices de impunidad en el mundo puesto que Honduras, Paraguay, Guyana y México se encuentran entre los diez países con sistemas de justicia y seguridad más endebles y donde menos crímenes se resuelven.
El informe dejó fuera de la lista a países como Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, Haití y Venezuela que son considerados países con altos índices de impunidad debido a que “se detectó este año irregularidades e inconsistencias en la información oficial”, cita el informe.
Para el ex fiscal de la República, Edmundo Orellana, la impunidad en la que está sumergida el país obedece a la incapacidad de institucionalidad estatal que está controlada por redes de corrupción integrada por varios sectores.
“Estamos muy mal, si estamos a ese nivel es porque no funciona la institucionalidad creada justamente para luchar y disminuir la impunidad. Esto se debe al hecho de que los controles preventivos no funcionan, no funciona la policía, el ejército y por eso se cometen delitos y quedan impunes”.
“En materia de corrupción no funciona el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), las auditorías internas, no funciona los mecanismos preventivos del sistema bancario de acuerdo a la ley de lavado de activos, tampoco funciona el Ministerio Público como tal en los niveles de eficiencia que se necesita”.
“También el problema está planteado en el Poder Judicial porque se llevan los juicios y sabemos que el poder judicial no goza de la confianza de la ciudadanía porque no opera adecuadamente. El Poder Judicial prácticamente está enredado en la famosa red de corrupción que la tiene atrapada los políticos, empresarios, algunos religiosos e incluso ONG´S”, argumentó Orellana.
