El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha sido una de las pocas entidades que han estado al frente de la denuncia de actos de corrupción en medio de la pandemia en especial por las compras realizadas por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H); De los ocho informes “Corrupción en tiempos de Covid19” seis han sido sobre esta institución.
El pasado lunes 27 de abril el CNA presentó la segunda parte del informe “Corrupción en tiempos de COVID-19” donde destapó la corrupción de parte de Invet-H denunciando con nombre y apellido aquellas empresas que sobrevaloraron los precios de insumos médicos aprovechándose de la necesidad de estos.
El informe reveló irregularidades en la compra de las tan polémicas mascarillas N-95 y las descartables; por ejemplo, el 8 de abril, por medio de la orden de compra n.º 018-2020 se aprobó la adquisición a la Distribuidora Comercial Hondureña, S.A. (DICOHONSA), de 250,000 mascarillas N95, a un valor unitario de L 140, siendo el valor total de la compra L 35,000,000.00 donde la señora Alejandra María Rápalo Ocón, socia de DICOHONSA, está relacionada con la Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), Transformando Nuestra Nación, misma que ha celebrado convenios con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) en los años 2016 y 2017.
Esta ONGD recibió del Fondo Departamental recursos gestionados por el antes diputado, Augusto Domingo Cruz Asensio, por la cantidad de L 600,000.00 para el programa denominado: Informados Combatimos el Zancudo, desarrollado en el Distrito Central, de lo que no existe evidencia sólida sobre su ejecución.
El mismo 8 de abril de 2020, por medio de la orden de compra n.º 019-2020, Invet-H se autorizó y gestionó la adquisición con el Grupo GYT S.A. de C.V. de 474,000 mascarillas N-95, a un valor unitario de L 107.25, ascendiendo el valor total de la compra a L 50,836,500.00.
Cuando la sociedad se constituyó, la diputada del Partido Nacional Waleska Marlene Zelaya Portillo formaba parte del Consejo de Administración de dicha empresa en calidad de tesorera, posteriormente se separó de dicho cargo en enero del 2018 cuando inició su periodo como diputada, cabe resaltar que, en la actualidad, el señor Juan José Lagos Romero, esposo de la diputada Zelaya, es socio y presidente de Grupo GYT”.
Además, el 9 de abril de 2020, por medio de la orden de compra n.º 017-2020, Invet-H autorizó la compra a Access Telecom de diez artículos correspondientes a equipos de protección por un valor total de tres $ 3,547,500.00 Sociedad mercantil extranjera radicada en Miami, Florida; cuya propiedad corresponde al señor Abraham Albert Benhamu.
Solo en estas tres compras, se gastó L 126,133,143.37 en las compras de mascarillas N-95 y descartables por lo que el CNA dejó en evidencia el alto costo al que Invet-H adquirió este tipo de mascarillas, generando un perjuicio de más de 57.5 millones de lempiras en contra del Estado.
El lunes 15 de junio, el CNA presentaba a la palestra pública el cuarto informe “Corrupción en tiempos de Covid-19” nombrado “Compra de ventiladores mecánicos que llegarán para navidad” donde detalla que Invest-H adquirió 740 ventiladores mecánicos respiratorios a un costo de 23,154,445.88 dólares.
La entrega de la mayoría de estos equipos se realizó en la segunda quincena del mes de junio lo que sumó 430 ventiladores, pero el resto, o sea 310 ventiladores serán entregados para finales de julio y diciembre, es decir, aproximadamente el 42 por ciento del equipo será entregado de manera fraccionada hasta completarse en seis meses desde la primera entrega.
Se verificó que Invest-H rechazó diferentes propuestas de distintas sociedades mercantiles que ofrecían ventiladores mecánicos de mayor calidad y a un mejor tiempo de entrega aparte que identificaron que una de las empresas beneficiadas en los contratos está relacionada con otra sociedad mercantil que está vinculada al millonario desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Una semana después el 22 de junio, se presentó el quinto informe nombrado “Compra de hospitales móviles de aislamiento por parte de Invest-H ¿Necesidad o improvisación?” en la cual constata las inconsistencias en el proceso de adquisición de los siete hospitales móviles.
En el informe, revelan que hubo una falta de planificación y administración de fondos, en la cual se erogaron alrededor de 47 millones de dólares para adquirir estos hospitales. Invest-H aceptó condiciones sumamente ventajosas para la empresa proveedora, mismas que dejaron en evidencia una falta de capacidad para negociar términos y condiciones que fueran desfavorables para los intereses del Estado de Honduras.
Además revelan que lograron identificar dos transferencias a un banco en Estados unidos a través del Sistema de Administración Financiera (Siafi) de la Secretaría de Finanzas bajo el concepto de anticipo por un monto total de mil ciento setenta y cuatro millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y cuatro lempiras con treinta y tres centavos(L 1,174,517,764.33), mismos que corresponden al pago del 100 por ciento del valor de las adquisiciones.
Y aunque la historia es larga, esto apenas es el comienzo, cuatro días después, se presentó el sexto informe “Un favoritismo estratégico” donde dejan en evidencia que el ex director de Invest-H, Marco Bográn, contrató a una empresa constructora de la cual su tío es socio y presidente, violentando lo que establece la Ley de Contratación del Estado.
El séptimo informe denominado “La trampa mortal de la bioseguridad estatal”, fue presentado el lunes seis de julio donde revela que Invest-H y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) compraron mascarillas KN95 que no están certificadas para proteger a los seres humanos del contagio por el Covid-19.
Invest-H adquirió, entre otros, un lote de 469,000 mascarillas KN95 con el nombre comercial Marrywow, donde no se cuenta con los detalles del proceso de compra y del proveedor. Este lote de mascarillas ingresó en cajas de cartón que contienen 20 cajas más pequeñas y que a su vez albergan 50 mascarillas color blanco.
En el empaque secundario se pudo leer la frase: “for non–medical use only”, que traducido al español dice exclusivamente para uso no-médico, sin describir el nombre del fabricante, pero sí unas inscripciones en chino y entre sus recomendaciones en idioma inglés puede leerse la frase traducida al español “La máscara puede aplicarse para fundición, uso en laboratorios químicos, pintar, fumigación, limpieza solvente, impresiones offset y galvanizado, electrónica, procesos alimentarios, automotrices y navales, pintado en aceite, esterilización y otros ambientes de trabajo pesado pero no para el área de la salud.
El 20 de julio se reveló el octavo informe denominado “El jugoso negocio de intermediación” donde Invest-H pagó a la empresa Elmed Medical Systems de Axel López una comisión de más de diez millones de dólares, un valor más alto que el costo de los hospitales móviles.
De acuerdo con la investigación del CNA, las facturas del proveedor/fabricante establecían que el costo de los hospitales móviles es de dos millones quinientos mil dólares por unidad, no obstante, Marco Bográn, pagó a la empresa de Axel López una comisión de intermediación.
Invest-H hizo la compra de los siete hospitales móviles, pagando por la transacción para las adquisiciones un total de más de 47 millones de dólares mientras que el costo real por parte del proveedor Vertisa que es la empresa que fabrica los hospitales es de casi 15 millones de dólares, por lo que la diferencia resultante entre ambos montos representa un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras por concepto de ganancia por intermediación cobrada por el señor Axel López asciende a un total de más de 32 millones de dólares.
Con la llegada de los primeros dos hospitales móviles al país el CNA fue parte de la inspección a los contenedores, una vez finalizado, el viernes 24 de julio, el CNA denunció que el barco que atracó en Puerto Cortés no trajo hospitales móviles, sino “salas de triaje” pagadas a más de 397 millones de lempiras pues se conoció que muchos de los equipos venían con instrucciones en turco, usados y dañados, aparte que no vino con respiradores mecánicos para la Unidad de Cuidados Intensivos.
Por otra parte, CNA denunció que el contrato entre Invest-H y el proveedor señala que un equipo especializado de Turquía debe instalar los hospitales, que resultaron ser “salas de triaje”, pero no llegaron al país, incumpliendo lo estipulado.
Finalmente, el día de ayer, entregaron a la ciudadanía un análisis sobre el contrato “llave en mano” debido a que Invest-H, a través de un comunicado, hace referencia a dicho acuerdo expresando que “los hospitales de aislamiento móviles en inspección son un producto que el proveedor debe entregar bajo el concepto llave en mano por lo cual deberá integrarlo con equipo totalmente nuevo, condición que es verificable al momento de la recepción”.
El CNA destaca que en ninguna de la documentación soporte referente a la adquisición y pago de los dos hospitales se identifica la existencia de un contrato suscrito entre el ex director de Invest-H y el representante legal de Elmed Medical Systems, situación que pone en duda lo manifestado en el comunicado emitido por Invest-H, ya que no se constata sustento legal para determinar que esta adquisición se encuentra regulada bajo los términos establecidos de la figura de llave en mano.
También detalla que lo contemplado en el artículo 64 de la Ley de Contratación del Estado se logra consignar que el contratista debe proporcionar, mediante un único contrato, todos o algunos de los siguientes elementos como ser los diseños técnicos, servicios de ingeniería, financiamiento, construcción, el terreno necesario, suministro e instalaciones de plantas o equipos u otros similares incorporadas a la obra sin embargo este no existe.
En conclusión el CNA determinó que “Invest-H en todo momento ha sido la que ha gestionado prestamente todo los elementos antes descritos, por lo que no existe fundamento suficiente para acreditar que hay pseudo contrato bajo la modalidad de llave en mano, pudiéndose interpretar que utilizan esta figura como una salida para librarse de responsabilidad ante el eminente fracaso que representa esta adquisición, desde la negociación hasta la puesta en marcha de estos hospitales, notándose una clara actitud que connota un favoritismo con el proveedor y no de los intereses generales del Estado de Honduras”.
Cabe señalar que el CNA no tiene la facultad de presentar requerimientos fiscales por lo que muchas de sus investigaciones y denuncias quedan en manos de corruptos que se blindan y al final solo queda en informes mientras la impunidad sigue reinando en el país.
