La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), del Ministerio Público, informó que dentro de poco presentará nuevos requerimientos fiscales por diversos delitos de corrupcíón y enriquecimiento ante funcionarios, exfuncionarios y personas particulares entre otros.
Uferco explicó a través de un comunicado que «ha avanzado durante este periodo de pandemia en la construcción de sólidos casos penales en contra de altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios, socios, testaferros y terceros involucrados en desvíos millonarios de fondos públicos».
Detallaron que su trabajo se centra en finalizar la individualización de la autoría de los investigados y aquellos aspectos relacionados al modus operandi, asociaciones delictivas y colusión entre sector público y privado; de cara a presentar los correspondientes requerimientos fiscales y a solicitar el libramiento de órdenes de captura.
Destacaron que «aún en la cuarentena, en UFERCO se trabaja en los informes de auditoría forense-financiera y en la identificación, levantamiento y embalaje de los indicios que servirán como medios de prueba en juicio, con la finalidad de demostrar la sustracción y el drenaje de recursos del erario nacional, que de acuerdo a las diferentes líneas de investigación suman miles de millones de lempiras».
Explicaron que una vez listos los requerimientos se interpondrán ante los Tribunales del Circuito Anticorrupción o en la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) «esto según la condición de los imputados, siendo algunos de los tipos penales: malversación de caudales públicos, fraude, lavado de activos, abuso de autoridad, falsificación y uso de documentos públicos falsos, entre otros».
La Uferco nació luego de que se fue del país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunida (Maccih), cuando se conocía como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunida de y la Corrupción (Ufecic), y funcionaba como su brazo judicial, pero con la salida de la misión fue transformada.
El Ministerio Público también reiteró su compromiso de seguir combatiendo de frente la corrupción y denunciaron «que desde algunos sectores de poder se pretenda obstaculizar este trabajo y se quiera inmovilizar a la institución frente a su mandato constitucional e ineludible de representar los intereses generales de la sociedad».