“Los poderes del Estado han ido en contra de la lucha anticorrupción” Luis Javier Santos

ABarahona22 junio, 2020

El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, expuso, en el foro virtual desarrollado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MAPJ), las consecuencias de la corrupción con la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la sustitución de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Para Santos la lucha contra la corrupción en Honduras ha perdido prioridad con el Covid-19, pero no deja de tener relevancia porque incluso dentro de la pandemia se han dado actos de corrupción.

Santos retrocedió en el tiempo y señaló que desde el 2008 emprendió una lucha contra la corrupción que hasta la actualidad sigue sin tener resultados pues las redes de corrupción han imperado desde los propios poderes del Estado.

“En el 2008 iniciamos una huelga de hambre porque precisamente los actos de corrupción que se estaban dando, cuatro o cinco años atrás, se estaban engavetando, teníamos un listado de más de 100 casos, al ser coordinador de la Lucha Contra la Corrupción sabíamos de eso y nos molestó; trabajábamos, exponíamos nuestra integridad, trabajando esos casos y eran engavetados”.

“Nos reunimos con los tres presidentes de los poderes del Estado, ese año, y nos ofrecieron aumentarnos el salario, restituirnos a nuestros cargos, pero no destituir al Fiscal General. Después nos reunimos con personas que ni siquiera sabíamos que tenían tanto poder en el país, pero no aceptamos, nuestra posición fue que procedieran con las investigaciones porque eran denuncias contra ministros incluso funcionarios del Ministerio Público y no pasó nada” detalló.

Santos explicó que esa corrupción que se viene sufriendo desde hace varias décadas llevó a la instalación de la MACCIH pero que esta inició una etapa que no culminó en la lucha contra la corrupción, “es un proyecto que solo inició y ni siquiera se consolidó” dijo.

“El proyecto de la MACCIH era mucho más amplio, ni siquiera la UFECIC se llegó a completar ya que se componía de otras secciones que ni siquiera se crearon; Se llevaron a personas que la sociedad por décadas deseaba se procediera contra ellos, como el caso pandora, 282 millones, más de 100 millones para un partido político y el resto para campaña política”.

“La MACCIH salió porque estaba incomodando las redes para continuar saqueado las instituciones. Cuando sale la MACCIH se crea una nueva unidad totalmente debilitada ya que se van 28 personas que nos ayudaban. Todo ese esfuerzo que se hizo con la MACCIH, los poderes del Estado y las instituciones parece que fueran los defensores de los imputados, quedando en nada”.

Santos aseveró que el 99 de casos que han presentado están archivados por lo que esos casos van a permanecer ahí sin saber cuánto tiempo y después de cinco años va a ser difícil estructurar bien la defensa del caso y será fácil para los imputados desvirtuar las pruebas.

“El primer caso Red de diputados fue archivado en medio de la audiencia inicial con la reforma a la ley del presupuesto y el caso está paralizado desde diciembre de 2018 y aún la corte no se pronuncia y remite el caso al juez que debe conocerlo, ahora con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal van a salir beneficiados” afirmó.

Para Santos, el problema en el país no son las reformas que se han implementado, sino quienes las han aprobado; “Son personas que tiene auto de formal procesamiento por la Corte Suprema cómo es posible que personas que están imputadas por actos de corrupción y participan en la aprobación de estas leyes que al final le favorecen, eso es inaudito, lo más terrible” cuestionó.

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