Nuevo Código Penal «no criminaliza protestas» ni «retrocede lucha contra la corrupción»

La discusión y socialización del Nuevo Código Penal se ha trasladado a las redes sociales a pocos días de su entrada en vigencia, no obstante, algunos sectores consideran que se han rebajado las penas mientras que otros han manifestado que se trata de una campaña de desprestigio. «La ley penal no puede ser legitimada socialmente, si reside en la legitimación todos quisieran penas a perpetuidad o que no existieran delitos, se vería el código como...
ABarahona15 junio, 2020

La discusión y socialización del Nuevo Código Penal se ha trasladado a las redes sociales a pocos días de su entrada en vigencia, no obstante, algunos sectores consideran que se han rebajado las penas mientras que otros han manifestado que se trata de una campaña de desprestigio.

«La ley penal no puede ser legitimada socialmente, si reside en la legitimación todos quisieran penas a perpetuidad o que no existieran delitos, se vería el código como un instrumento de venganza», expresó el abogado penalista, Hermes Ramirez quien fue asesor de la nueva normativa.

En un debate organizado por Espaciohnd, abogados penalistas y especialistas en derechos humanos discutieron las ventajas del nuevo Código Penal así como algunas de las inquietudes que ha generado algunos artículos.

Para Hermes, el problema de Honduras no se encuentra en las leyes si no en el irrespeto de las mismas, «la sociedad ha irrespetado las normas morales, éticas y religiosas, si se irrespeten esas normas cómo va a esperar que la sociedad respete las normas jurídicas».

Se ha expresado preocupación por ciertas disposiciones que contiene la legislación debido a que abre a varias interpretaciones como es el caso de la criminalización hacia las protestas.

Ramón Barrios, abogado penalista y docente, sostiene que se ha redactado en tal sentido que pueda la interpretación quede al arbitrio.

«Si tengo objeciones y críticas con respecto al principio de taxatividad. El legislador que hace el código penal tiene que describir las conductas de manera tan sencilla que cualquier ciudadano lo puede entender».

Además menciona que aunque el nuevo código penal «no es del todo malo», el código penal no tiene la aceptación de toda la sociedad y su problema, para Barrios, reside en su origen.

«El código penal carece de legitimidad, es aceptación de los ciudadanos que todos le debemos dar y esa falta de legitimidad tiene su génesis en la falta de participación y socialización», agregó Barrios.

Nuevo Código Penal «no criminaliza protestas» ni «perdona los delitos contra la corrupción»

Por otro lado, Mejía señaló que el nuevo Código Penal puede ser utilizado como un instrumento de control social punitiva para criminalizar a los ciudadanos y reducir la crítica pública.

El abogado Hermes desmintió que se trataba de criminalizar los ejercicios democráticos.

«A nivel de contexto latinoamericano esos tipos penales decretó que la organización, la mara Salvatrucha, tenía ese rango de consideración. Cuando lo limita al tema de protesta, no habla de organizaciones sindicales, habla de organizaciones que tienen que ver contra el orden. Tenemos estructuras criminales que acechan barrios y colonias, a eso va inclinados y no va inclinado a ejercicios democráticos», abordó Ramírez.

La nueva legislación también contempla nuevos delitos y es más moderno, coinciden expertos. En otros análisis han explicado que algunos delitos contra la administración público se han rebajado las penas, pero Hermes dice que es «falso que se ha retrocedido en la lucha contra la corrupción en este nuevo código penal».

«En el año 2017 la gente marchaba para que se pudiese llegar a los responsables del delito de cuello blanco, ahora con la figura de colaboración eficaz que no estaba en la anterior legislación. En cuanto a la reparación del daño patrimonial, la personas deben de devolver tres o cuatro veces de lo defraudado o malversado», dice el abogado Ramírez.

Otro de los defectos ha sido que las personas que lo aprobaron hicieron reformas, algunas penas que fueron endurecidas posteriormente las rebajaron sin una explicación.  «Con la aprobación de las leyes han creado un manto de impunidad de legisladores que están involucrados se van a ver beneficiados, el problema es ético, si voté por esto y estoy siendo imputado hay un conflicto de intereses», dijo Barrios.

Mientras que el abogado penalista Joaquín Mejía,  especialista en derechos humanos, enfatiza que para analizar el nuevo código penal hay que analizar el contexto del país.

Organizaciones internacionales han indicado que Honduras es uno de los países más corruptos, débil en cuanto a su institucionalidad democrática y tiene una alta tasa de impunidad.

«Según el índice de Estados Frágiles, Honduras es un país que se acerca a un Estado fallido por la erosión de legitimidad, falta de independencia judicial y cuyo Estado no puede brindar servicios básicos», dice Joaquin Mejía.

Mejía menciona que las Naciones Unidas han dicho que en Honduras «existe una impunidad y corrupción generalizada que se alimenta de una justicia selectiva, no hay respuesta efectiva y favorece los intereses de politicos, empresarial».

 

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