El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) desarrolló el foro virtual “Ante el PCM 030-2020, ¿Cuál es la propuesta de los campesinos y campesinas organizadas de Honduras? Donde expertos analizaron los efectos de este decreto de emergencia en el sector agrícola en medio de la pandemia del Covid-19.
En marzo del presente año, el gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó el decreto PCM 030-2020 bajo la declaratoria de emergencia del sector agro declarando Prioridad Nacional al sector agrícola.
Al menos 8,325 millones se han destinado para el agro a través de programas que ya estaban vigentes y otros que se crearon en medio de la pandemia.
Para Yasmín López, del Consejo de Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), los PCM que ha aprobado el gobierno vulnera y representa un retroceso a los derechos de los y las campesinas, “lo que se quiere es seguir fomentando y fortaleciendo la agroindustria, pero no habla del acceso de la tierra y los medios de vida a los campesinos o campesinas” expresó.
“Si bien es cierto la empresa privada produce, produce para exportar… Son decretos que no favorecen a los campesinos, la producción que finalmente sacamos los campesinos se realiza en condiciones adversas”, manifestó.
López señala que se han presentado varias propuestas al gobierno así también al Congreso Nacional, pero estas no han sido escuchadas y terminan engavetadas.
“Nosotros hemos colocado muchísimas propuestas, una de ellas fue la Propuesta de Reforma Agraria, después presentamos la Ley de Reforma Agraria con Equidad de Género para la soberanía alimentaria y desarrollo rural y se engavetó”.
También explicó que antes de la pandemia se trabajó en un decreto de emergencia, sin embargo, este no fue escuchado.
“Colocamos la creación de un Consejo Nacional de la producción agrícola, pecuaria y forestal pensando en desarrollar varios sectores. Lo que pretendíamos con el decreto de emergencia era que se puedan acceder a la tierra, financiamiento técnico y salir de la pobreza”.
“Hay plata para darle a los militares, hay plata para darle a todo mundo, sin embargo, no hay plata para las propuestas que ya están. Al programa para las mujeres del campo no le asignaron ningún tan solo lempira”, criticó.
Dentro de la propuesta estaba crear un fondo especial de mil millones de lempiras que permitiera y que esté estuviera asignado en el Presupuesto de la República para la reactivación del agro “si llegaran a hacer eso con el movimiento campesino tendrían mayores ganancias ya que la producción campesina es la que salva los problemas en tiempos de crisis” sostuvo.
Según López las acciones del Gobierno solo han promovido la pobreza y la migración masiva de las personas dependientes del sector agrícola siendo la mujer campesina la más vulnerable y afectada.
“Por no haber acceso a ingresos para trabajar en el campo, los hombres y las mujeres del campo están migrando o están sumergidos en la pobreza. 88 por ciento de mujeres del campo no acceden a la tierra una de las propuestas es que la mujer pueda acceder a la tierra”.
Por su parte, Lucia Vijil del Cespad, detalló los problemas que genera la aprobación del PCM 030-2020 al excluir de manera directa a los campesinos y campesinas beneficiando a la empresa privada u organizaciones internacionales.
“La aprobación del PCM es preocupante porque promueve el desconocimiento total del sujeto social en proceso para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria que son el campesino y la campesina como también la institucionalidad agraria como Banadesa y trasladarlo a la empresa privada y organismos internacionales, genera desplazamiento y criminalización de comunidades campesinas, un riesgo alto de apropiación de las tierras de los pueblos indígenas”.
“Desde febrero de 2020 se trabajó y presentó una propuesta al Congreso Nacional, pasada la pandemia el Gobierno lo que decide es aprobar un instrumento totalmente excluyente parta resolver el tema agrario y eso indigna que sectores ya le dan el trabajo hecho y el Estado lo desplaza y desconoce”, señaló.
Finalmente explicó que “el problema es que ni siquiera los menciona en este decreto; El riesgo del PCM es que desconoce al campesino y campesina que son necesarios para asegurar la seguridad alimentaria en Honduras”.
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