El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), realizó un análisis sobre la aprobación de los decretos ejecutivos PCM 030-2020 y su reforma bajo el PCM 041-2020 y los factores negativos que puede producir en el sector campesino.
El PCM ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), revisar y entregar en un plazo no mayor de quince días, un registro de las tierras fiscales, nacionales y ejidales, para ponerlas a disposición de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y entregarlas a los campesinos.
Para Wendy Cruz, de la Vía Campesina, estos decretos generarán mayor militarización en el sector agrícola del país y las tierras serán otorgadas a la agroindustria y no a los campesinos.
“Con los PCM 030 y 041 es algo grave, porque la mayor concentración de la tierra será mayor para las agroindustrias y no los pequeños y medianos campesinos generando mayor criminalización; Habrá mayor militarización ya que va dirigido a robarse las pocas tierras nacionales, ejidales, esas tierras que se las están pasando a la gran agroindustria”.
También, Wendy Cruz expuso la precaria situación que enfrentan las mujeres del campo frente a la pandemia del Covid-19 que embate al país.
“La situación de las mujeres rurales no era nada buena antes del marco del Covid-19, ahora estamos muy preocupadas porque hay una calamidad doméstica, ha habido un incremento de la violencia, los altos niveles de pobreza, el Covid ha desnudado esa falsa estructura que querían esconder”.
“Las políticas de Estado han sido incapaces de atender este sector, las mujeres rurales no tienen acceso a los recursos productivos, y eso las coloca en mayor grado de vulnerabilidad en esta crisis. Como sociedad se debe repensar el papel que juegan las mujeres rurales en la producción de alimentos”, manifestó, Cruz.
Del mismo modo detalló que las mujeres del campo han creado “ollas comunitarias” que es llevar alimentos a compañeras que se encuentran en estado de precariedad. “Han tenido que sembrar huertos familiares porque el Estado ha sido incapaz de darle alimento a esos sectores lejanos, han militarizado nuestros territorios y eso nos coloca en mayor vulnerabilidad”, puntualizó.
Por su parte, Miguel Macías, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), vaticinó un futuro de retroceso para el sector agrícola con la implementación de estos PCM.
“Esta pandemia lo que viene a demostrar las fragilidades en las que se encuentra el país, en este caso en materia agraria. Hay una gran cantidad de recursos asignados que, si bien, se implementaran de manera adecuada se podría constituir a Honduras con un solo empuje en términos productivos”.
“Otro factor es una población con altos índices de desnutrición para hacerle frente al futuro, un proceso de deterioro de los recursos naturales y retorno a los años previos al proceso de Reforma Agraria, hay un riesgo que ya está presente y es el recalentamiento social por un aumento a las necesidades básicas insatisfechas en la sociedad”, explicó Macías.
Para Miguel Macías, la crisis del Covid-19 podría generar un aumento en los fallecimientos a causa del hambre debido al problema de orden estructural “la producción de alimentos ha tenido una tendencia a la baja, y lo que se espera es un aumento en el número de muertes no porque falte el alimento, sino los recursos para adquirirlos”.
Finalmente, Gustavo Irías, director de Cespad, fustigó que estos PCM solo beneficiarán al sector agroindustrial y no a los campesinos.
“Este proceso que se quiere impulsar del gobierno de entregar las tierras nacionales, ejidales y fiscales al sector agroindustrial solo agudizan las causas de la crisis alimentaria que atraviesan las comunidades agrarias, pueblos indígenas y afrodescendientes”.
“La falta de acceso a la tierra para producir, los obstáculos por parte del Estado para legalizar los predios en posesión de grupos campesinos, indígenas, así como el bloqueo al acceso del crédito y el financiamiento son los escenarios a los que se enfrentan nuestros campesinos y campesinas”.
