Delma Ordoñez, presidenta de la Asociación de Privados de Libertad en Honduras, denunció las condiciones de precariedad en las que se encuentran los reos en los diferentes centros penitenciarios del país y exige al gobierno una respuesta para evitar una catástrofe.
En el programa Cuarto Poder, Ordoñez exteriorizó las condiciones de insalubridad en las cárceles del país y la falta de respuestas para evitar que el Covid-19 pueda extenderse en los centros de detención.
“No hay visitas desde hace dos meses, como familiares lo aceptamos porque si alguien entra y contagia a la población penitenciaria sería un caos, el problema es que en centros penales no hay comunicación con nuestros familiares, la mayoría se encuentran en condiciones lamentables y las autoridades de han hecho nada”.
Se estima que la población penitenciaria de Honduras es de 21,700 reclusos de los cuales 2,400 presentan padecimientos crónicos y más de 600 tienen problemas mentales.
También, Delma Ordoñez, expresó que la reforma a los artículos 183 y 184 del Código Procesal Penal, reformados por el Congreso Nacional, con la finalidad de favorecer a privados de libertad que se encuentren vulnerables ante el Covid-19 puedan ser puestos en libertad o revisar las medidas cautelares impuestas al reo no se están cumpliendo por parte de los entes de justicia.
“Estamos luchando por cada uno de los privados de libertad y por las familias de ellos. Hace tres semanas se aprobó el articulo 183 y 183 donde los privados de libertad vulnerables al Covid-19 se proceda a la liberación determinada por un juez, pero hasta el momento no se ha cumplido nada, seguimos esperando respuestas”.
Para la defensora de derechos humanos, Itsmania Platero, la Comisión Interventora de Centros Penales debe brindar un informe de la situación actual a la vez aseguró que los beneficiados con la reforma aprobada por el Congreso solo han sido los acusados por corrupción dejando un lado a los enfermos.
“La comisión interventora se debe pronunciar y brindar informes de la situación actual de los centros penitenciarios. Tenemos ambientalistas, personas que han participado en protestas, indígenas que están privados de libertad de manera injusta, pero vemos personas condenadas por corrupción, narcotráfico y otros delitos graves que han recibido la libertad mientras los enfermos en los presidios siguen sin una respuesta”, reiteró, Platero.
Según la Comisionada presidenta del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CONAPREV), Glenda Ayala, igualmente denunció que en la visita realizada a los centros penitenciarios constató la problemática a la que se enfrentan los reclusos.
“Hasta el día de hoy no hemos tenido un informe de lo que sucedió en el centro penitenciario de Ilama tengo informes que no tienen medicamentos, hay privados de libertad con problemas graves de salud y no están siendo llevados a hospitales, el INP no han tomado en serio esta pandemia”.
“No hay agua, en el centro penal de Támara, hay cárceles donde los privados no pueden comunicarse con sus familiares, hay 66 niños menores de seis años para darle atención por parte de las madres privadas de libertad que los niños requieren, pero se ha confirmado que han aumentado enfermedades respiratorias, no tienen acceso a la información de lo que pasa en el exterior”, enlistó, Ayala.
Otra de las denuncias interpuestas por los familiares de los privados de libertad es que no se les permite el acceso a alimentos o entrega de medicamentos por lo que esperan una respuesta por parte del Gobierno, a través de la Comisión Interventora de Centros Penales, para mejorar las condiciones en las que se encuentran los carcelarios.
