“Código Penal ha sido atacado por ONG´s que no representan al pueblo”

El abogado penalista, Fernando González, defendió la implementación del Nuevo Código Penal en Honduras y señaló que Organizaciones No Gubernamentales que lo denominan el “Código de la Impunidad” no representan los intereses de la sociedad hondureña. En el programa Cuarto Poder, Cuarto Poder, González manifestó que la entrada en vigencia de la nueva normativa penal ha sido atacada por organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),...
ABarahona11 mayo, 2020

El abogado penalista, Fernando González, defendió la implementación del Nuevo Código Penal en Honduras y señaló que Organizaciones No Gubernamentales que lo denominan el “Código de la Impunidad” no representan los intereses de la sociedad hondureña.

En el programa Cuarto Poder, Cuarto Poder, González manifestó que la entrada en vigencia de la nueva normativa penal ha sido atacada por organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el único propósito de lacerar el principio de autodeterminación de los pueblos y “llenarse los bolsillos”.

“Se le ha dado una doble connotación política y jurídica; Hay organizaciones y ONG´s que no han leído, ni analizado, esta nueva herramienta, inclusive vienen a lacerar el principio de autodeterminación de los pueblos. Hay que ver en realidad quienes quieren esta Vacatio”.

“¿ASJ y CNA a quién representa? ASJ no representa la sociedad hondureña, el CNA representan ONG´s que se llenan de billete para llevar la contraria de la autodeterminación de los pueblos. Vienen a opinar de un código que nos llena de garantías, es un código en pro de la libertad y no fustigarlo como el Código de la Impunidad”, manifestó.

También, González afirmó que el nuevo Código Penal está apegado al derecho humano, avala garantías constituciones y proporciona la pena de acuerdo al delito cometido.

“Es un código proporcional no como el de 1983. No es lo mismo que se le agarre a una persona con una libra de mariguana y a otra con toneladas y que paguen la misma pena”, explicó.

Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez, sostuvo que esta nueva normativa cercena la libertad de prensa y se espera que con la ampliación de la Vacatio Legis se pueda reformar los artículos de la injuria y calumnia.

“Tal como está planteado, los delitos contra el honor definitivamente vulneran, violentan y criminalizan la función periodística por lo que el Colegio de Periodistas de Honduras, plantea que esos artículos 229 al 234 sean sustraídos del Código Penal y trasladados al ámbito civil”, expresó.

Ante esto, Fernando González reaccionó a favor que estos delitos se despenalicen, pero solo en el ámbito periodístico y eso se logrará en los próximos días.

Con respecto a este periodo de entrada en vigencia del Código Penal, González dijo que se debe aprovechar para presentar propuestas de reformas a los artículos de todos aquellas personas u organizaciones que están en contra de la implementación y no dejarlos para “última hora”.

“No es el Código que se tiene que reformar, este nuevo código está apegado al derecho humano. La naturaleza del hondureño es dejar todo para último rato, personas que solicitaron la segunda vacatio y no se presentaron, que lo hagan en esta oportunidad, pero no se trata solo que vengan los abogados de ASJ que no han ganado ni un caso legal y quieren cambiar todo”, enfatizó.

Cabe señalar que el Congreso Nacional aprobó un tercer periodo de “Vacatio Legis” de 45 días para que todo aquel o aquella persona u organización que está en contra de la implementación de este marco legal pueda exigir y promover cambios al mismo.

Aunque el abogado penalista Fernando González asegura que este nuevo Código Penal es una herramienta “benevolente, humanista y pacifista”, otros reaccionan en contra al considerarlo como un instrumento que beneficia a los corruptos y castiga al pueblo solo con el ejemplo claro que ahora todo aquel que proteste en las calles está expuesto a ser castigado con cinco a diez años de prisión, sin hablar de la reducción de penas para aquellos que ejercen violencia contra la mujer o se dedican al narcotráfico.

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