La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Guatemala), desarrolló el foro denominado “Las deportaciones de migrantes centroamericanos en tiempos de COVID-19” donde plantearon la problemática que atraviesan las personas que son retornadas a Honduras.
Guillermo Castillo analista de temas migratorios de Guatemala expuso el riesgo al que se enfrenta todo aquel migrante varado en las fronteras de México con los Estados Unidos quienes se arriesgan a ser deportados o asesinados.
“El COVID-19 muestra el daño colateral del migrante; Estados Unidos considera al migrante como una amenaza a la salud pública y seguridad nacional ahora entrar a esa nación por la frontera norte es deportado inmediatamente y en el caso que entra por punto ciego corre el riesgo que grupos radicales usen la segunda enmienda que es el uso de armas, que es defensa propia, y pueda morir aparte que se enfrentan a secuestros, violaciones, tratas y demás”, dijo, Castillo.
Por su parte, Manuel Flores, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y experto en temas de migración detalló el calvario que viven las personas deportadas que de encontrarse encerrados en centros de detención regresan a sus países a ser encerrados en centros de aislamiento donde posteriormente son regresados a sus comunidades quienes por temor a la enfermedad no les permite el acceso.
“Los deportados llegan a centros de aislamiento temporal y luego de estar encerrados en Estados Unidos regresan al país a ser encerrados, y esto se agrava cuando la estigmatización por parte de las comunidades que se están cerrando, convirtiéndose en una especie de reductos de protección al COVID-19, no les permite el acceso a sus comunidades generando discriminación”.
Para, Marjorie Echenique, experta en atención a niños y migrantes retornados en Honduras, la Covid-19 genera un “doble estigmatismo” en los migrantes, lo que provoca el cierre de oportunidades para migrantes retornados al considerarlos portadores de la enfermedad, “núcleos familiares completos sin ninguna oportunidad, en confinamiento, sin comida, sin trabajo, sin redes de apoyo y eso los coloca en mayor vulneración”.
Existen alrededor de 32,000 detenidos en Centros de Detención de los Estados Unidos y 1,105 menores bajo cuidado. 17,500 personas que han aplicado al asilo, 6500 llevan más de seis meses en las fronteras con Estados Unidos.
El 20 por ciento del producto interno bruto de Honduras proviene de las remesas, el número de deportados entre el 2001 y 2012 llegaron aproximadamente a 229,000 migrantes vía aérea. Las cifras recientes desde el 2015 al 2020, al menos 327,913 personas han llegado al país deportados. en 2020 hasta abril se han confirmado 20,122 personas.
En el año 2020, hasta el primero de mayo, habían sido retornados 2197 niños, niñas y adolescentes en Honduras, esto según datos del Instituto Nacional de Migración.
Manuel Flores expresó que en las comunidades de Honduras “existe el estigma de deportación como derrota”, contrario a otras personas que logran llegar al país de destino por lo que esto conlleva a que los deportados sean vistos desde el Estado como “un problema político” y no son sujetos de una política estatal de protección, “la oferta ofrecida por el Estado no genera que las personas deseen quedarse en el país”.
Marjorie Echenique expuso que esta descriminación y xenofobia que genera la COVID-19 en las personas retornadas al país podría ser un detonante de violencia por lo que se debe de reorientar la forma de tratar el fenómeno de la migración
“Esta xenofobia contra los deportados implicará reorientar el trato hacia los deportados como un nuevo reto que podría desbordar niveles de violencia, este contexto de pandemia cambiará el fenómeno de la migración”.
Entre el año 2018 al 2020, en Honduras se registró un incremento en deportaciones cuatro veces mayor de lo registrado en años anteriores por lo que los expertos señalan que el Estado debe de generar políticas que promuevan el desarrollo sostenible de las personas que han retornado garantizándole su acceso al ámbito laboral.
