En América Latina, los casos de violencia doméstica ha aumentado en un 30% al mismo tiempo las limitaciones del acceso a servicios de salud y de justicia se han acentuado.
Aun en una situación de emergencia sanitaria que ha provocado el covid-19, según convenciones internacionales, uno de los derechos de la mujer es vivir libremente de la violencia explica Alejandro Rodriguez, fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.
«El Estado aún en un tiempo de calamidad no puede dejar de proporcionar recursos idóneos y efectivos capaces de proteger a mujeres frente a la violencia aun en tiempos normales».
El Sistema Nacional de Emergencia 911 reportó más de 1.300 llamadas en el 2019, siendo un recopilación de denuncias procedentes del área urbana.
Naam Ávila, abogada fundadora de la Organización «Yo soy agente de Cambio Garífuna», manifiesta que la mujer sufre de distintos tipos de violencia además de la violencia doméstica sobre todo en lugares remotos en el interior del país.
«En regiones rurales no existe un parámetro jurídico en la cual las mujeres se puedan amparar de forma directa cuando se ven afectadas en estos entornos» detalla Ávila.
Por otro lado, la atención médica de otras enfermedades que les afecta a las mujeres como el cáncer de matríz y cáncer de mama se han relegado a segundo plano debido a la pandemia. Dicha suspensión de estos servicios también aumentan las probabilidades de muerte.
Además en algunas culturas tradiciones medicinales se mantienen no obstante, Ávila agrega que existe un «desconocimiento y rechazo frente a las medidas ancestrales adoptadas en pueblos originarios» siendo violencia cultural.
La marcha de millones de mujeres en la calle de América Latina en marzo en contra de la violencia, el machismo y los feminicidios dejó una huella pero el covid-19 vino a opacar ese esfuerzo que tuvo fuerza en su momento.
En más de 90 países se ha generado estados de excepción, obligando a las personas a permanecer en casa para resguardar su salud. Estas restricciones afectan las sociedades, sobre todo en aquellas familias que conviven con sus potenciales agresores las 24 horas del día.
Rodríguez menciona que es importante priorizar las medidas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y niños, brindar servicios como de justicia, asesoría legal y salud sexual que deben ser esenciales.
«Antes del covid-19 existía una situación de violencia, se debe ser acucioso, se debe combinar estrategias de prevención, respuestas y soluciones individuales», aportó la jueza Verónica León.
