Situación política, económica y derechos humanos en Honduras ante COVID-19

ABarahona15 abril, 2020

En un foro virtual desarrollado por el colectivo Quemando Micrófonos donde participaron diferentes expertos en materia política, económica y de derechos humanos donde analizaron la realidad del país enfrentando la pandemia de la COVID-19 o coronavirus.

En el tema político, Josseline Matute, politóloga, detalló que el nivel de desconfianza generado por el gobierno que dirige Juan Orlando Hernández podría provocar una desestabilidad social mayor a la actual.

“El manejo de la crisis es sumamente importante para contener o profundizar el nivel de desconfianza y ansiedad social que han sido permanentes. Veremos la posibilidad de lograr acuerdos durante y después de la crisis o un escenario en que realmente se reduzca la capacidad de gobernar y en este último escenario veríamos protestas, disturbios por temas no atendidos, problemas estructurales de país que se suman en las carencias que el pueblo está sufriendo”. Explicó, Matute.

También explicó que es importante la respuesta rápida que tenga la institucionalidad del Estado para afrontar la crisis sin precedentes consecuencia de la pandemia que azota al mundo.

“Estamos ante una crisis sin precedentes los gobiernos de todo el mundo enfrenta retos importantes, pero la respuesta de la institucionalidad debe ser reactiva porque ‘llegar’ o atender el problema demasiado tarde tendría un costo muy alto para el país; Por lo cual se debe involucrar a todos los sectores”.

El descontento de la sociedad debe ser escuchado por parte del Gobierno actual y sobretodo despolitizar la ayuda a las personas más vulnerables podría evitar estallidos sociales.

“Despolitizar las ayudas en Honduras sería un factor importante para evitar la convulsión social; Ha existido una fuerte influencia del clientelismo político de las redes que se han constituido. No se ha construido un Estado de bienestar social”. Dijo, Matute.

“En el tema electoral cancelar elecciones sería un grave retroceso en la democracia en un momento en que todos nos estamos pronunciando. Debemos asegurarnos que las personas que aspiran a gobernar se sometan a la competencia política y al escrutinio público. Deberíamos seguir insistiendo en que se adopten las medidas necesarias para que cumplan con un proceso de transparencia de inclusión y equidad”. Finalizó, la politóloga.

Rodulio Perdomo, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), expuso la situación en el tema económico.

“En el tema económico es infinito, pero el débil motor de repartición de riqueza en Honduras se ha detenido sustancialmente y al detenerse provoca un problema de falta de dinero en los bolsillos de los pobres y a gran parte de la clase media un severo problema de liquidez”, explicó, Perdomo.

Perdomo señaló que en la mayoría de hogares esa situación creará una crisis de balanza de pago nunca antes vistas lo que provoca recibir poco dinero por remesas y divisas por exportaciones y tener que pasarnos a ser una gerencia de importaciones muy esenciales para enfrentar la emergencia.

“Al dejar de recibir dinero la gran masa de asalariados se cae, por lo tanto, un escenario es que tendremos grandes estallidos sociales y económicos de la gente pidiendo alimentos para poder sobrevivir. Lo que el gobierno ha hecho es repartir unos 470 lempiras por familia y eso es apenas un paliativo”, expresó.

“Habíamos llegado al extremo de importar todo lo que se produce aquí como maíz, arroz, frijoles, cebolla, la propia leche y hoy día que está parado el comercio internacional nos damos cuenta que nuestra capacidad de enfrentar con facilidad problemas de hambre está limitado al hecho de que tenemos dos grandes almacenes de cereales en el país en Tegucigalpa y San Pedro Sula”.

Por su parte, Ana Pineda, abogada experta en Derechos Humanos señaló que el Gobierno debe darle prioridad a la clase más vulnerable expuesta ante la pandemia.

“En derechos humanos tomando en cuenta que la pandemia generada por la COVID-19 pone en apuro la plena vigencia de los derechos humanos de las personas colocadas en vulnerabilidad. Habrá un impacto negativo en la condición de vida de las personas; Esta crisis sanitaria va a pasar por una crisis de empleo, acceso a salud, adquirir alimentos para una vida digna, consecuentemente va a venir una crisis humanitaria”, Aseguró, Pineda.

“Por eso consideramos que los recursos que hoy se están poniendo a disposición para contención para la pandemia deben ser recursos colocados en las personas con mayor vulnerabilidad principalmente de quienes viven en pobreza y pobreza extrema que 67 por ciento de pobres”.

Pineda reiteró que la Corte Suprema de Justicia debe garantizar el derecho a la salud y a la vida contemplado en la Constitución de la República.

“El Colegio Médico interpuso el primer amparo, hay nueve recursos en los que se pide que la CSJ a través de la Sala Constitucional cumpla con el mandato de tutelar derecho fundamental en este caso el derecho a la salud y a la vida que se ven amenazados por la pandemia, pero particularmente del personal sanitario. La propia Sala ya había creado importantes precedentes de jurisprudencia por lo que debe de resolverse lo más antes posibles para que se dote de insumos y equipos”. Detalló.

Para los expertos el escenario no es nada alentador y la presión social puede ser la salida para liberar a Honduras de una clase política corrupta que no se interesa por el bienestar del pueblo ya que no basta solo con la realización de elecciones.

Honduras ha tocado fondo, se debe pensar en las acciones. No hay duda que es importante generar una fuerte presión en la clase política que gobierna, hay que llegar a tomar medidas para liberar a Honduras de una clase política corrupta que la gobierna, hay que pensar si basta el escenario electoral o por el contrario hay que tomar otro tipo de medidas más radicales para reorientar el Estado de Derecho” manifestó, Ana Pineda.

Dentro de las conclusiones generadas por los expertos es que los hondureños deben replantearse como sociedad y exigir a los políticos responder a las necesidades de la población.

«Honduras es una sociedad democrática autoritaria que para subsistir necesita la militarización. Los frágiles equilibrios sociales en el país se logran por el poder de las armas; El cambio de las estructuras pasa primero por tener la voluntad política del gobernante que puede decirles incluso a los militares retornar a los cuarteles y volver a un modelo democrático. La población está pidiendo un verdadero cambio y este cambio no vendrá por parte del partido en el poder”. Concluyó, Rodulio Perdomo.

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