Mesa de Derechos Humanos ve con preocupación acciones del Gobierno ante la COVID-19

La Mesa de los Derechos Humanos en Honduras, a través de una conferencia de prensa virtual, expuso su informe denominado “Estado crítico de la nación en tiempos de COVID-19 donde expresó la preocupación por la “ineficacia y la falta de legitimidad” en las medidas tomadas por Juan Orlando Hernández para enfrentar la actual crisis sanitaria y humanitaria. El informe resalta que los matices en los niveles de desigualdad social, pobreza, pobreza extrema, violencia, corrupción e...
ABarahona14 abril, 2020

La Mesa de los Derechos Humanos en Honduras, a través de una conferencia de prensa virtual, expuso su informe denominado “Estado crítico de la nación en tiempos de COVID-19 donde expresó la preocupación por la “ineficacia y la falta de legitimidad” en las medidas tomadas por Juan Orlando Hernández para enfrentar la actual crisis sanitaria y humanitaria.

El informe resalta que los matices en los niveles de desigualdad social, pobreza, pobreza extrema, violencia, corrupción e impunidad como política de Estado en contraste con las medidas adoptadas por el gobierno, reflejan el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de Derechos Humanos.

Además, el informe señala el colapso del sistema sanitario del país y que ante el embate de la pandemia actual solo refleja que el mismo no ha sido una prioridad en la agenda del gobernante, como “si lo ha sido el aumento al presupuesto en materia de Seguridad y Defensa”. Señala, parte del comunicado.

Lo que más ha generado preocupación en la Mesa de Derechos Humanos es que las medidas, hasta ahora tomadas por el gobierno, tienen “un efecto reactivo, militarista individualista” y utiliza “una estrategia de internalización de la culpa, señalando a quien en un estado de necesidad desatiende el llamado al toque de queda para atender las necesidades de las que el Estado se ha desligado”.

A la vez, señalan que la respuesta del Gobierno ante la pandemia a expuesto a la niñez, adolescencia, juventud y las mujeres en un contexto agravado de violencia y desatención de sus necesidades de protección especial.

Por otro lado, las medidas refuerzan la discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, personas con VIH, trabajadoras sexuales, personas LGTBI, así como el desinterés de las personas privadas de libertad quienes se enfrentan a un contexto generalizado de violencia y a niveles elevados de exposición ante un contagio producto del hacinamiento en que se encuentran sometidos.

Por otra parte, la Mesa de Derechos Humanos observa con preocupación que las proyecciones de impacto de la pandemia hechas por expertos profesionales independientes no coinciden con los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), en las diferentes “Cadenas Nacionales”.

Ante estas situaciones, se propone crear un Comité Interinstitucional para la atención de la Pandemia de COVID-19 bajo la Dirección del Colegio Médico de Honduras y profesionales de la salud expertos en el tema.

Asimismo, activar los Comités de Emergencia Municipal y los Comités de Emergencia Local y otros mecanismos de articulación y participación ciudadana que sirvan como grupos de monitoreo de las medidas y de enlace de la comunidad con las autoridades sanitarias.

También, incluir en todos los niveles de auditoría social y rendición de cuentas al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y al Foro Social para la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), dando a conocer de manera inmediata la estrategia de intervención en la crisis, particularmente el plan de inversión y beneficios, el plan de distribución de la ayuda humanitaria y equipo de protección personal.

Finalmente, crear bases de datos con información desagregada para identificar el impacto de la pandemia de forma diferenciada atendiendo las características y exposiciones de las poblaciones colocadas en situación de vulnerabilidad.

Para las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que conforman la Mesa de Derechos Humanos, la falta de legitimidad del Gobierno produce altos niveles de desconfianza, incertidumbre y descontento social lo que supone un enorme desafío para que el mismo pueda, como pretende, enfrentar la crisis.

Los mecanismos de rendición de cuentas no son claros, ni detalladas, además muestran serias debilidades técnicas y “permea opacidad” lo que abre las oportunidades para perpetuar las prácticas de corrupción estructural, aseguran los expertos.

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