El nuevo Código Penal entrará en vigencia el 10 de mayor en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19, no obstante, sectores rechazan esta ley debido a que reduce las penas para algunos delitos.
Una iniciativa ciudadana fue introducida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el año pasado presentada ante la Secretaría del Congreso Nacional para que no entrara en vigencia.
Acompañada de 12,527 firmas y sellos, el CNA se pronunció en un comunicado de que dicho trámite no ha sido tomado en cuenta.
Rafael Jerez, dirigente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó que solo queda un mes para extender la vacatio legis.
«A raíz de que muchos diputados del Congreso Nacional especificamente muchos de los que rodean ese entorno, esa cúpula que toma decisiones han sido acusados en reiterados ocasiones por la comisiones anticorrupción, especialmente por el CNA, quizás allí hay una falta de voluntad política de abordar las propuestas que provengan de este bloque de sociedad civil que ha demandado el aplazamiento de la entrada a la vigencia y revisión del contenido del Código»
Según el CNA, ha transcurrido más de 110 días después de haber entregado la las firmas del cual no ha recibido respuesta, manifestando que no hay voluntad política.
Jerez, explicó que la situación del covid-19 podría beneficiar a aquellos funcionarios que han aprobado el código ya que no hay mecanismos de presión no serán fuertes por parte de organizaciones que están centrados en la veeduría del manejo de recursos para frenar la pandemia.
«El covid-19 es un aliado del CN o para aquellos diputados que quieren no reformar el códigos, al no haber tanta presión de organizaciones de sociedad civiles porque la presión está concentrado en exigir la transparencia y rendición de cuentas en la inversión de los fondos que se utilizan para mitigar el coronavirus. No se están destinando esos esfuerzos para exigir no solo que se amplíe la vacatio legis, también para que se revise el contenido».
Reducción de penas
Organizaciones de sociedad civil han criticado de la reducción de penas en el nuevo Código Penal sobre todo en delitos de narcotráfico, así como otros relacionados a la corrupción, lavado de activos y hasta de violencia doméstica.
«La reducción de penas no es el único problema, hace unos días la Corte Suprema de Justicia se pronuncio decretando la preliberación de Teodoro Bonilla que fue acusado de corrupción hace unos años. En la resolución de la corte determinan que tiene que regresar todo el expediente al TSC para que puede efectuar investigaciones previas. La regresión no va a comenzar necesariamente con la entrada en vigencia del Código Penal sino también con las reformas de la ley orgánica».
