El esperado dictamen de una Comisión Especial del Congreso Nacional conformada para investigar el polémico caso del Proyecto Bosques de Santa María concluyó que este es viable y se han cumplido con todos los permisos por parte de los constructores, aunque este documento no es vinculante.
“Que, a juicio de esta Comisión, los urbanizadores han cumplido con el proceso administrativo para la obtención de las licencias y permisos para realizar las actividades que se han desarrollado hasta este momento (corte de árboles, movimientos de tierra y construcción de obras de mitigación), quedando pendiente únicamente, para finalizar el proceso, la solicitud de la licencia de urbanización que debe de ser autorizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central”, reza el dictamen en el numeral seis de las conclusiones/recomendaciones.
Con respecto a esto, la diputada por el Partido Innovación y Unidad (PINU) le restó importancia y dudó de su veracidad además destacó que “este informe no es vinculante, ni siquiera tiene que ser aprobado por el pleno (del Congreso), porque para que nosotros aprobemos algo, tenemos que estar seguros y cuando dice que no está en la zona de amortiguamiento cuando sí está en la zona de amortiguamiento porque los mismos desarrolladores nos lo han dicho”.
La diputada del Partido Nacional (PN), Sara Medina leyó el dictamen del que se resalta que “como consecuencia de la conclusión anterior el vecindario central S3 de Residencial Bosques de Santa María es el único que está siendo desarrollado, fuera de los límites de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento del Parque Nacional la Tigra”.
El proyecto originalmente consideraba la construcción de un Sector 1 (S1), que corresponde a las 96.21 hectáreas del terreno que penetran dentro de los límites de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra, pero según el informe los promotores del proyecto tomaron la determinación que para evitar futuros conflictos con los pobladores de la zona protegida, no desarrollarán la zona y esta se convertirá en un área de conservación destinada a la protección del medio ambiente.
Gutiérrez indicó que al final, no es el Congreso quien debe de determinar la viabilidad del proyecto “quien debe de tener la última palabra en este tema es la Fiscalía del Ambiente, que debe de dar un informe y de tomar recomendaciones que pueden ser requerimientos fiscales o paralizar la obra u otro tipo de obras de mitigación”.
Los diputados que integraron la comisión sostuvieron reuniones con todas las partes involucradas y analizaron toda la información suministrada por las instituciones y personas entrevistadas, para realizar un análisis de los hechos y situaciones encontradas para presentar el informe al pleno del Congreso Nacional.
El proyecto inició durante la primera mitad del mes de abril de 2019, después que la empresa promotora del proyecto obtuvo la licencia ambiental, la contrata de aprovechamiento de aguas nacionales y otros permisos requeridos para la ejecución de ciertas obras (corte de árboles, movimiento de tierra y construcción de obras de mitigación), pero el año anterior, ante el estado de emergencia por el agua en la capital, pobladores de las comunidades y ambientalistas denunciaron que este afectaría el caudal de agua en la capital.
“Nuestra postura no va a cambiar y eso tiene que tenerlo bien claro el pueblo hondureño, dentro de la zona núcleo, dentro de la zona de amortiguamiento de La Tigra no debe de construirse ningún proyecto habitacional”, dijo Jorge Cálix de Libre.
