Más de 20 comunidades representadas en defensores del ambiente desarrollaron en Tegucigalpa en el marco del Encuentro Nacional de Comunidades en Defensa del Agua y el Medio Ambiente. Como parte de este encuentro se dio una conferencia de prensa para pedir por la libertad de los presos políticos y discutir los hallazgos de un informe elaborado por la Alianza Centroamericana Contra la Minería (Acafremin).
Juan López, explica que la conferencia de prensa de este miércoles de debe a dos temas elementales que se discutieron en el marco del Encuentro Nacional de los Pueblos por el Agua realizado el martes, ambos eventos tienen la intención de visibilizar el problema hídrico a nivel nacional.
López expone que las concesiones de territorio pone en riesgo el agua y la paz de las comunidades, otro tema es el de la criminalización, persecución, judicialización y encarcelamiento de defensores ambientales.
En La Ceiba y en Olanchito están presos ocho defensores de Tocoa por la lucha en defensa del agua, dice López y agrega que el tema nacional es el agua, para lo que llaman a los diferentes movimientos sociales para crear una plataforma que permita canalizar “estas exigencias de garantía frente al Estado para la preservación de las fuentes de agua”.
Los detenidos, dice López son acusados de múltiples delitos incluso hasta de asociación ilícita el que está sobreseido, pero igual quedan presos porque son acusados de incendio agravado, robo, todas las acusaciones del Ministerio Público (MP) son sin argumentos porque no se han presentado pruebas que sean justificables para el encarcelamiento.
López considera que ser un defensor ambiental enfrentado contra una estructura de poder económico, militar, policíal y con características de una dictadura, es correr el riesgo de ser perseguido, judicializado y encarcelado, pero que a pesar de esto, López cree que la unidad de varios sectores es posible revertir la lógica del poder y cambiar el rumbo del país.
Por otro lado el abogado, Edy Tabora, quien lleva la defensa de varias comunidades afectadas por los daños al ambiente, expresó que «la situación es muy parecida» en casi todas las poblaciones, porque todo comienza con una concesión sobre temas de energía, minería o agroforestal, lo que tiene que ver con el extractivismo.
«Aprueban los contratos, no hacen consultas a las diferentes comunidades, luego resulta que las comunidades no tienen ninguna información, y lo que hacen, en el marco de la desinformación que hay, es realizar mecanismos de resistencia popular a través de campamentos, de resistencia de calle o solicitudes de información», explicó Tábora.
Durante la conferencia de prensa se leyó un comunicado en el que se explicó parte de los hallazgos de un informe elaborado por la Alianza Centroamericana Contra la Minería (Acafremin), mismos que también se compartieron en el encuentro del martes.
En sintesis el informe culpa al gobierno por las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos de las comunidades de Tocoa, Colón, afectadas por las concesiones mineras ASP I y ASP II, propiedad de la empresa Invesiones Los Pinares.
