Por Edgardo Mancía
El día de ayer en Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció en rueda de prensa en conjunto con varias organizaciones de sociedad civil y empresa privada, al poder Legislativo por la aprobación del Decreto Legislativo 130-2017 del Código Penal.
«Hemos concluido de manera responsable en la presentación de una denuncia formal ante la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público», señaló la directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Según el comunicado del CNA, realizaron un análisis exhaustivo de las actas y videos cuando se aprobó el Decreto Legislativo 130-2017.
El comunicado explica que el 17 de mayo del 2016 a través del Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se presentó un dictamen que contenía el proyecto del Código Penal, dónde se dio inicio la discusión de los primeros siete artículos.
Según la denuncia, la discusión de dicho dictamen se desarrolló de una manera recurrente, ya que contravino lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en donde se prescribe que para la aprobación de toda decisión dentro del Congreso Nacional, se deberá realizar con la mayoría simple de los diputados presentes.
«Por lo que en el caso que nos ocupa, en la primera discusión del nuevo Código Penal, se determinó la dispensa de debates sobre este instrumento con únicamente 42 votos a favor, 1 abstención, 36 votos en contra y 49 no votaron; siendo un total de 128 diputados autorizados. Dando esta acción los primeros vicios que restringieron y tergiversaron la voluntad de las mayorías en el Congreso Nacional», acotó Castellanos en el comunicado.
Además fueron varios artículos que presentan violaciones al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los cuales se encuentran:
1,2,5,7,10,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52 y 53.
También el CNA señaló lo aprobado el pasado 2 de agosto del 2017, en donde los diputados que asistieron a la sesión aprobaron con solamente 70 votos a favor de 128 diputados autorizados, las penas para los delitos contra la Administración Pública, específicamente el de Malversación de Caudales Públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 a 9 años.
El CNA compartió que identificaron más irregularidades durante el proceso de discusión, aprobación y publicación del Decreto Legislativo 130-2017: «Es por lo anterior que dichas acciones fraudalentas se subsumen en los tipos penales de Abuso de Autoridad y Falsificación de Documentos Públicos, consignados en los artículos 349 y 284 del Código Penal de manera respectiva, siendo identificados como supuestos responsables de las acciones típicamente antijurídicas, culpables y punibles a los señores Mauricio Oliva, Mario Peréz, Tomás Zambrano, Román Villeda y el ex diputado Agapito Rodríguez», finalizó el comunicado.
