El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, trasladó el lunes la sede del gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su antecesor, Rafael Correa, y al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de un intento de golpe de Estado tras anunciarse la semana pasada un alza a los precios de los combustibles.
Moreno habló por la cadena nacional de radio y televisión, y explicó que el traslado de la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil se cumplió de acuerdo con las atribuciones constitucionales.
“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido”, y señaló que no es coincidencia que Correa y otros altos funcionarios de ese gobierno (2007-2017) se hayan reunido en Venezuela en las últimas semanas.
“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización (…) ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando (…) e instrumentalizando algunos sectores indígenas”, dijo el presidente ecuatoriano.
El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.
Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n— Lenín Moreno (@Lenin) October 8, 2019
Añadió que no dará marcha atrás en su decisión de subir los combustibles porque “lo correcto no tiene matices”.
Desde Venezuela, el presidente interino, Juan Guaidó, alabó en un mensaje de Twitter las acciones de Moreno, denunció a los aliados de Maduro y expresó su solidaridad con Ecuador.
El anuncio de Moreno tuvo lugar después de una jornada plagada de bloqueos en carreteras y ciudades de algunas provincias, en medio de choques entre manifestantes y la policía. Las primeras protestas la semana pasada fueron de los transportistas, pero los indígenas se sumaron el fin de semana.
El lunes se registraron incidentes de violencia: algunos manifestantes esquivaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente, mientras que en otros lugares atacaron sin motivo propiedad y vehículos particulares.
Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, sin que aún se cuantifiquen las pérdidas. En el norte del país, en la zona de Cayambe, unas 31 granjas de producción de flores de exportación fueron atacadas, y manifestantes indígenas causaron destrozos y agredieron a los empleados.
En la capital los supermercados lucían con algunos estantes vacíos o con pocos alimentos.
Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la elevación sustancial del precio de los combustibles, que pasaron de 1,85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2,39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1,03 el galón, a 2,30 dólares.
Las protestas han recordado a algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril de 2005 tras varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.
En aquel momento, ciertos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.
“No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización, (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente”, dijo a la AP el analista político Santiago Basabe.
Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.
