Mountain Chalet es el antecedente histórico de construir un complejo residencial en el Parque Nacional La Tigra. Según una investigación realizada en el 2009 por el periódico El Libertador, con Mountain Chalet se utilizó el mismo patrón en el otorgamiento de licencias al proyecto Condado Santa María promovido por la inmobiliaria Santa María S.A. de C.V. y Compañía Inmobiliaria de Centroamérica S.A. de C.V. (COINCASA).
En comparación con el proyecto Condado Santa María, Mountain Chalet fue una iniciativa modesta, solo eran 24 chalet de lujo en La Tigra, se proyectaba que cada uno costaría entre tres y cuatro millones de lempiras. Un lugar que es valorado por su ubicación, pero que por la misma es territorio de conservación.
Según la investigación de El Libertador de 2009 la Corte Suprema de Justicia que era presidida por Vilma Cecilia Morales fue la responsable de avalar “un crimen ambiental en el Parque Nacional La Tigra. Esto, al emitir un inexplicable fallo a favor del proyecto habitacional The Mountain Chalet, propiedad de la compañía Jamar Comercial Industrial.”
La concesión del permiso se dio en circunstancias irregulares porque como se detalló en El Libertador “a pesar que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), revocó la licencia ambiental porque el proyecto se desarrollaría en La Tigra, zona ubicada en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía a 20 kilómetros al noreste de la capital y declarada Parque Nacional mediante decreto 976-80.”
A pesar de la revocación de la licencia ambiental, la Sala de lo Laboral tomo la decisión de avalar la construcción, lo que en ese tiempo significaba como ahora la destrucción de una parte del parque Nacional La Tigra para construir viviendas de montaña de lujo y ponía en riesgo el flujo de agua potable que desde esa reserva llega hasta las partes bajas de Tegucigalpa, además según el ingeniero y exdiputado (2002 – 2006) Jorge Aguilar Paredes, quien fue parte de la Comisión de Asuntos Forestales, el Parque Nacional La Tigra genera el 25 por ciento de agua potable para el Distrito Central y para unas 60 comunidades de la zona que colinda con el parque: Valle de Ángeles, Santa Lucía y San Juancito.
Desde 2004 Belford Jarquín Blandón, un nicaragüense naturalizado hondureño junto a Mirna Elsa Martínez de Jarquín gestionaron la licencia ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) bajo la dirección de Patricia Panting.
Entre los documentos que presentaron los solicitantes estaba un diagnóstico realizado por el prestador de servicios ambientales RI-004-2002 de la Serna, Mario Javier Martínez sobrino de la dueña del proyecto, quien afirmó que en los alrededores no había fauna ni flora en peligro “sólo unos cuantos árboles de pino, quebrachos y roble, que han sido talados por lo moradores para uso de leña”.
Los solicitantes, detalla la investigación de El Libertador “presentaron una constancia extendida por el alcalde de Santa Lucía, José Olayo Martínez Durón, con fecha 22 de junio de 2004 y folio número 68, donde certifica que la zona, “es considerada de desarrollo urbanístico de alto crecimiento en la construcción de viviendas”.
El área del proyecto de los 24 chalets abarcaba el Parque Nacional La Tigra el que es protegido mediante el decreto Ley No. 976 del 14 de Julio de 1980.
Después de esto el 1 de julio de 2004 la solicitud llegó a Serna y cuatro meses después “extendió el dictamen técnico número 710/2004 a favor del proyecto.”
“El 14 de julio de 2005, la Procuraduría General de la República (PGR), emitió un dictamen bajo el expediente CD-08072005-125, para la nulidad del trámite.”
El atractivo para la construcción de complejos habitacionales de elevado precio para las mayoría de la población ha puesto como blanco el área del Parque Nacional La Tigra. En el 2019 comenzó una fuerte lucha entre los pobladores de más de 10 comunidades del sector en defensa otra vez de La Tigra. En esta ocasión, la posible escasez de agua fue la alarma que despertó las protestas de los pobladores.
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Honduras en 2019 se ha enfrentado a los efectos del cambio o crisis climática y uno de ellos fue un verano largo, una canícula que se extendió, un invierno sin lluvias lo que ocasionó racionamientos de agua, cuestionamientos a las autoridades por la falta de previsión de construir represas y que el recurso agua se cuidara, defendiera y peleara.
Para Bismark Echeverría y Fabricio Rivera periodistas de El Libertador y quienes son parte del equipo que investigó el proyecto Condado Santa María “pareciera que las formas de darse las cosas son muy parecidas” en referencia a los dos proyectos.
Con el tema Mountain Chalet, Fabricio Rivera explica que ese proyecto estaba dentro de la zona de amortiguamiento del parque La Tigra. Atribuye a los grupos de poder intentar apoderarse de reservas ecológicas influenciados por la impunidad en el país.
También contó en relación a Condado Santa María que tuvieron una reunión con representantes de Inmobiliaria Santa María lo que les ayudó a comprender más la problemática del proyecto, como ser que el proyecto se realizaría «en la fracción de terreno conocida como Hacienda El Sitio, no tocará la zona de amortiguamiento del parque Nacional La Tigra» aseguró el abogado Roberto Galeano.
El proyecto Mountain Chalet se disolvió en la burocracia del sistema judicial hondureño, pero 10 años después otro proyecto amenaza la fragilidad ecológica de un parque nacional que se esconde de los proyectos habitacionales.
